Sábado, 30 Mayo, 2020 - 11:18

Peleados irremisiblemente con el derecho
Por Luis Rodríguez Martínez (*)

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Qué decadencia en que estamos inmersos; ni en la peor pesadilla imaginamos vivir los acontecimientos que se sucedieron desde el comienzo del mandato de AF.
 
El estilo de ejercicio del poder quedó en evidencia con el primer acto de gobierno, el envío de un proyecto de ley por el cual el congreso le delegó las más importantes prerrogativas contempladas en los artículos 75 y 76 de la constitución nacional (CN).
 
Cierto es que existen precedentes de leyes de emergencia por las cuales el congreso abdicó de sus facultades constitucionales en favor del poder ejecutivo, pero ninguna tan extensa, comprensiva de todas las competencias de la administración pública nacional.
 
Virtualmente, el congreso de la nación entró en receso, no puede inmiscuirse ni sesionar sobre ningún asunto de importancia para el país, pues cedió al PE la potestad de disponer discrecionalmente lo que le plazca en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (Ley de Emergencia N° 27.541, art. 1°).  
 
Si la monarquía absoluta es un modelo de estado anacrónico, que sólo es objeto de estudio histórico, en Argentina experimentamos un deja vú de ese sistema totalitario, pues en la práctica el país funciona con un único y omnipotente poder, el ejecutivo. El presidente es un monarca absoluto que puede disponer el confinamiento domiciliario coactivo de los ciudadanos; quiénes pueden o no trabajar; circular por el territorio nacional; manejar el dinero del estado sin la anuencia de ningún órgano de control constitucional, dinero que, dicho sea de paso, no es sino de quienes habitamos este país.
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso cesar sus actividades normales habituales, garantizando un servicio reducido, limitado a cuestiones de urgencia, criterio imitado por los superiores tribunales de provincia. Esto se traduce en una privación del servicio de justicia para los ciudadanos, quedando solamente como autoridad estatal un poder ejecutivo omnipotente, con facultades hipertrofiadas.    
 
Con el advenimiento de la pandemia de coronavirus el sesgo autocrático del gobierno se acentuó; el pánico propició que ninguno de los exabruptos jurídicos del régimen sea cuestionado. Todo ello acompañado de la deserción de factores de poder gravitantes en nuestra sociedad: Iglesia Católica, gremio de abogados, sindicatos.  
 
Siendo uno de los postulados de la doctrina de la Iglesia Católica y demás credos religiosos, la asistencia de los enfermos, la compasión frente a la enfermedad, no se advierte militancia en ese sentido. Han acatado mansamente las indicaciones de la autoridad nacional.
 
El colectivo de abogados, al cual pertenezco, mantiene una postura pasiva, lindante con la cobardía. Guarda silencio cómplice frente a la grosera violación del orden jurídico, probablemente, porque objetar las disposiciones impuestas manu militari por el ejecutivo, en un momento de sensibilidad social (por la epidemia, claro está), es políticamente incorrecto. Se exponen a ser calificados de irresponsables por entorpecer la política estatal contra el flagelo.
 
Como señalé en un artículo publicado en este medio el 17 de abril de 2020, todos los decretos dictados por el PE que impliquen restricción o afectación de derechos constitucionales son ilegales. Sólo bajo estado de sitio es admisible la suspensión de las garantías constitucionales, de modo parcial, como establece nuestra constitución en los artículos 23 y 99.
 
Este imperativo fue satisfecho por países más apegados al orden jurídico, como España, donde se le denomina “estado de alarma”, Chile, que tiene regulado en su constitución el “estado de excepción”. Nuestro gobierno nacional y popular no decretó el estado de sitio porque tiene presente la experiencia del presidente De la Rúa, quien tuvo que huir de la casa rosada en helicóptero a las veinticuatro horas de ponerlo en vigencia.
 
Ni siquiera bajo estado de sitio hubiere sido ajustada a derecho la restricción de garantías constitucionales consumada por el ejecutivo, pues dicha institución sólo limita la libertad ambulatoria, facultando al presidente a detener personas y moverlas de un lugar del país a otro (art. 23 CN).
 
La ingeniería jurídica del gobierno de AF, desde la llegada de la epidemia, fue mucho más allá de los límites constitucionales del estado de sitio, pues los sucesivos decretos destrozaron la mayoría de los derechos contemplados en el art. 14 de nuestra Carta Magna: “de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de enseñar y aprender”.
 
No puede justificarse semejante atropello alegando que la ley de emergencia le otorga facultades como las puestas en práctica por la presidencia, porque se trata de una delegación de atribuciones del congreso para dictar normas y tomar medidas ejecutivas sobre nueve materias señaladas taxativamente por su artículo primero.
 
Jamás se puede concebir que una delegación de atribuciones legislativas comprenda la de afectar o suspender derechos constitucionales. Por una cuestión de lógica jurídica y sana interpretación, jamás el delegado, mandatario, comisionado (Poder Ejecutivo), puede gozar de prerrogativas jurídicas más extensas que las del delegante, mandante, comitente (Congreso de la Nación).
 
Este desorden normativo de ninguna manera puede ser justificado (he escuchado opiniones de abogados en TV en este sentido) invocando derechos de la parte dogmática de la constitución nacional (relativa a derechos y garantías constitucionales), verbigracia, el derecho a la vida o la salud.
 
El tema en cuestión es dilucidar si el ejecutivo tuvo prerrogativas para dictar los decretos restrictivos de derechos, cuestión regulada en la parte orgánica, referente a las facultades de los poderes ejecutivo y legislativo. Es tal la incongruencia que, si seguimos las consecuencias de ese criterio interpretativo, la salvaguarda de derechos autorizaría al ejecutivo a transgredir los preceptos constitucionales que regulan sus atribuciones, extralimitación que es inaceptable.
 
Nada se dijo respecto de la posibilidad del gobierno central de dictar decretos con vigencia en todo el territorio de la nación; las decisiones a aplicar en las provincias, en relación al combate de la pandemia, son de resorte provincial, derecho público (facultades) no delegado en el gobierno federal, conforme art. 121 CN.
 
Es entendible que la Nación coordine con las provincias el curso de acción, pero a tales efectos siempre es menester el consentimiento o adhesión de los estados provinciales, a fin de dejar a salvo el mandato del art. 121 CN.
 
El decreto emitido por AF que modifica las condiciones de los contratos de locación en curso de ejecución es asimismo inconstitucional por violar el art. 7 del código civil y comercial de la nación, quebrando un principio esencial de la teoría de los contratos, su “intangibilidad”.
 
Si lo expuesto anteriormente significa un aniquilamiento del estado de derecho, la coronación de la obra del gobierno en su camino hacia el fascismo, fue el dictado del DNU 457/2020 que modifica la ley de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional, habilitando al jefe de gabinete Santiago Cafiero a reasignar partidas presupuestarias sin límites.
 
Solamente resta que Fernández pronuncie el apotegma de Luis XIV, rey de Francia, “El estado soy yo”, para desnudar con crudeza las ambiciones autoritarias de quienes gobiernan. No es novedad el desprecio de los gobiernos justicialistas por el orden jurídico constitucional; es alarmante que un imponderable como la pandemia haya facilitado la implementación de su proyecto político.
 
Al margen del análisis jurídico de la gestión Alberto Fernández, la pandemia trajo consigo miserias humanas individuales y colectivas que no pueden sino entristecernos. Debiéramos reflexionar sobre el límite hasta el que permitiremos como sociedad renunciar a nuestros derechos esenciales, a nuestros valores más preciados. Si el miedo a enfermarnos justifica resignar la libertad, si merece la pena vivir indefinidamente con el agobio del confinamiento.
 
Cómo es posible que provincias y municipios se hayan transformado en feudos inexpugnables, que la segregación sea alentada por las autoridades por el temor a la propagación del virus. Argentina es la fotografía de un ser invertebrado, petrificado por el temor, nada más alejado de valores como la solidaridad, unidad nacional, sentido de pertenencia. 
 
Desde la asunción de Fernández la sociedad percibe señales confusas, no se sabe a ciencia cierta quién efectivamente lleva las riendas del gobierno, aunque los últimos acontecimientos dejan en claro que Cristina Kirchner tiene la última palabra.
 
Es también ostensible el ardid consistente en adoptar medidas antipáticas para el electorado, por arbitrarias o ilegales, y luego el presidente aducir que no está de acuerdo con ellas, cuando es el responsable exclusivo de la administración; ¿es Alberto el presidente o un impostor?
 
Es ingenuo que el periodismo, a seis meses de iniciado el corriente mandato presidencial, tenga un concepto benévolo de Alberto Fernández, distinguiéndolo de su mentora Cristina Kirchner. Ya dijo el presidente que él y su vice son la misma cosa, afirmación que se encargó de comprobar con su gestión. Es impensable que Alberto tenga libertad de maniobra para tomar decisiones sin la venia de Cristina; es producto del pacto que los llevó al triunfo electoral.
 
No dedicaré ningún comentario a políticas llevadas a cabo por los diversos ministerios que reflejan la ideología y plan del partido gobernante, porque el pueblo los bendijo con el sufragio, sobreentendiéndose que las apoya.
 
Lo singular de la presente coyuntura histórica es que se han sobrepasado, en materia de dislates jurídicos y atropellos a la constitución, todos los precedentes históricos.
 
Deben persuadirse que la sociedad no les ha extendido un cheque en blanco, que el límite está dado por la constitución y las leyes, que más temprano que tarde responderán por los desaguisados que perpetren durante su gestión.
 
En momentos en que países golpeados duramente por la pandemia van restableciendo su estilo de vida habitual, ojalá que en la próxima cadena nacional el presidente, con el tono sobrador y petulante que lo caracteriza, no anuncie que el confinamiento continuará hasta navidad, pues sería el peor regalo que podemos recibir.
 
(*) Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña