Martes, 7 Abril, 2020 - 16:17

Pami deberá reincorporar a dos chaqueños despedidos sin causa en plena pandemia

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A mediados de marzo se conoció un listado de unas 400 personas que serían víctimas de despidos sin causa en el Instituto Nación de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Entre ellos había dos chaqueños que efectivamente se quedaron sin trabajo.
 
Al conflicto lo habían expuesto diferentes dirigentes nacionales del PRO, una fue la presidente del partido Patricia Bullrich, quienes aseguraban que se trataba de despidos “políticos”. “Pedimos que frenen los despidos selectivos a los trabajadores de la salud por su inclinación política”, habían dicho.
 
El 19 de marzo Diario Chaco dio a conocer la situación, en la que estaba envuelto Rodrigo Ojeda Benegas, dirigente que llego a ser presidente de la Juventud PRO y fue funcionario del PAMI durante el gobierno de Maurio Macri. El propio Ojeda Benegas dijo a este medio que en el listado había dos chaqueños, de los cuales uno era él. Hasta esa fecha no había recibido notificación, pero finalmente el despido se hizo realidad y Ojeda Benegas y Gabriel Gelman fueron notificados el 30 de marzo del instrumento legal que marcaba que la Dirección Ejecutiva del INSSJP “resuelve despedirlo sin invocación de causa en los términos del art 245 de la Ley de Contrato de Trabajo”.
 
Ante tal situación, los dos trabajadores acudieron a la justicia federal e interpusieron una acción de amparo contra la resolución del instituto nacional y a la vez se interpuso una medida innovativa para que vuelvan a la situación de empleo registrado.
 
En este contexto, el juez federal subrogante Enrique Bosch hizo lugar a las medidas innovativas presentadas por Ojeda Benegas y Gelman, por lo que ordena al INSSJP suspender los efectos de la resolución de despido y ordena la “inmediata” reincorporación de los trabajadores, bajo las mismas condiciones en las que se hallaban antes del conflicto.
 
Cabe destacar que la vigencia de la decisión se mantendrá mientras el juzgado resuelve la cuestión de fondo, que es el amparo.
 
Para tomar su determinación, Bosch consideró que “esta crisis excepcional conlleva la necesidad de adoptar medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población”.
 
Además, el magistrado indicó que “concibo que la resolución puesta en crisis por la que se despide sin causa al actor, considerando los sólidos fundamentos de la normativa presidencial que prohíbe lo despidos en el sector privado dictada en fecha 31/03/2020, es decir concomitantemente a la notificación del distracto, resultaría -prima facie- contraria al principio de razonabilidad, ya que, de mantenerse los efectos del acto, se ocasionaría perjuicios de difícil reparación ulterior".
 
Por último, el juez manifestó que “en una época tan difícil y angustiante para la sociedad, en plena crisis económica sería el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados -en el cual el Estado tiene una notable injerencia-, quien con su accionar estaría contradiciendo los fines que inspiraron las normas de excepción dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que resultaría inaceptable en este tiempo”.