Miércoles, 2 Octubre, 2013 - 20:35

Modificaron el Código de Procedimiento Penal de la provincia

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La reforma establece la posibilidad excepcional de ampliar los plazos del proceso.

El Cuerpo Legislativo aprobó con 16 votos positivos una iniciativa del diputado Marcelo Castelán por medio de la cual se  incorpora un párrafo al artículo 1° del Código Procesal Penal de la Provincia, estableciendo la posibilidad excepcional de ampliar los plazos del proceso en “circunstancias de evidente complejidad y procesos de difícil investigación objetivamente comprobable”.
 
El Código Penal instaura que el proceso no podrá durar más de dos años, la modificación aprobada incorpora el siguiente texto “en forma excepcional, si concurrieren circunstancias de evidente complejidad y de difícil investigación objetivamente comprobable, la causa podrá extenderse hasta por un año más siempre y cuando se cumpla el trámite legal establecido en el artículo 282 inciso 3 de este cuerpo normativo”.
 
Puntualmente el texto del artículo 282 modificado establece que  “Si su duración excediere de dos años. Este plazo podrá prorrogarse conforme lo establecido en el artículo 1° debiendo fundamentarse en las causas allí establecidas. La prórroga deberá solicitarse ante la sala penal del Superior Tribunal de Justicia, con los fundamentos que la justifiquen. Si el Superior  entendiere que la misma está justificada, autorizará el pedido y devolverá los autos al remitente. Si el Superior en-tendiere que el pedido de extensión excepcional del plazo no obedeciere a razones vinculadas con la complejidad de la causa o de difícil investigación, se ordenará por quien corresponda el cese de la prisión al cumplirse los dos años, sin perjuicio de las responsabilidades por la demora que pudieren corresponder a los funcionarios públicos intervinientes, la que será controlada por el Superior Tribunal de Justicia, o por el Procurador General o su adjunto. También podrá ordenar el cese de la intervención del Juez, Tribunal o representante del Ministerio Público, y dispondrá del modo en que se producirá el reemplazo de aquéllos. En todos los casos el Superior Tribunal de Justicia deberá resolver en un plazo de cinco días, contados desde la recepción de la causa y notificar a todas las partes involucradas en la causa”.
EL DEBATE
El diputado Marcelo Castelán se remitió a los fundamentos del proyecto y a la contestación que hiciera a una consulta el STJ. Enfatizó que “tratados internacionales establecen que toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada dentro de un tiempo razonable, esa frase ha hecho que algunas legislaciones le pongan plazos a esa razón”.  En particular, explicó que “nosotros establecimos un plazo de dos años para la duración del proceso penal y vencido ese plazo, es una de las causales de liberación de las personas privadas de su libertad, el cese de su prisión preventiva”.
 
Observó que “la norma cordobesa tiene una excepción, y ese es el motivo de esta propuesta, que es que para que ante causas de evidente complejidad y difícil investigación objetivamente comprobable, el proceso penal pueda extenderse hasta un año más”.  Detalló que “se había consensuado que la autorización para dicha extensión de un año, debería efectuarla la sala penal del STJ, pero en una consulta previa que hemos hecho la tarde de hoy con el Dr. Mario Bosch y que fue aceptada por el presidente de la bancada justicialista, se entendió aún más prudente que sea la Cámara en lo Criminal la que otorgue esa prórroga”.
 
El diputado Daniel Trabalón recordó que “en noviembre de 2012 la Legislatura votó una ley donde se realizaba una profunda reforma estructural del proceso penal para dar mayor celeridad a la justicia penal” y destacó que “entre sus objetivos estaba el de generar más herramientas de investigación para desestimar causas que implicaran conflictos menores o que no tendrían entidad para iniciar una investigación penal”.
 
“De esta manera” observó, “uno de los temas centrales era la celeridad de la justicia y se le dio facultad de distribuir la investigación penal de acuerdo a la complejidad que tenían estos temas, la Fiscalía puede optimizar su labor y tener incluso la facultad de archivar denuncias si no había elementos ciertos”. Sostuvo que, “nos parece que esto va a contramano, estamos hablando de dos años, y con esta reforma se amplía un año más, nos parece que dos años es un tiempo más que prudencial”.
 
Si bien reconoció que “está claro que estamos hablando de excepcionalidades, nos parece que va a contrapelo de lo que tenemos que buscar, que son marcos más ágiles” por esto, “nos parece que tenemos que hacer todo lo contrario, generar mecanismos y herramientas que agilicen y profundicen”.
 
Carlos Martínez, por su parte, fundamentó el rechazo a la modificación recordando que “fuimos autores del proyecto de resolución  que creara la comisión para la reforma procesal penal con una participación importante de actores institucionales y sociales, incluso pudimos introducir mediante algunos proyectos modificaciones para aliviar la tarea del órgano investigador penal preparatorio a través del principio de oportunidad y establecimos un capítulo importante en lo que hace a las víctimas”.
 
Sostuvo que “necesitamos más debate respecto a esta cuestión porque no podemos con apuro sancionar una modificación en  momentos en que se está dando el debate respecto al tema de seguridad, respecto a la resocialización de los condenados, a la política de prevención de las adicciones, respecto al papel o políticas de inclusión de sectores juveniles”.
 
El diputado Ricardo Sánchez expresó su apoyo a esta modificación del Código Procesal Penal, y observó que “esto ya ocurre en la práctica, simplemente no está reglado, entonces es peor seguir como estamos, con esta modificación lo que hacemos es reglar este tema y establecer que la prórroga debe ser solicitada ante la sala penal de justicia, el STJ tiene que autorizar el pedido y devolver el expediente al juzgado”.