Miércoles, 13 Enero, 2021 - 20:48

Mala praxis judicial: ¿De eso no se habla?
Aldo Daniel Ávila (*)

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¿Puede un Juez estar expuesto a una condena civil si se equivoca groseramente? 
 
¿Tiene que resarcir a sus víctimas? ¿Es equiparable a la mala praxis de los médicos o los abogados? 
 
¿Recuerdan la querella que promoviera el ex-jugador de la Selección Argentina Alberto TARANTINI contra el Juez Hernán BERNASCONI por el caso del jarrón con drogas de Guillermo COPPOLA? Causa del año 1996, que tuvo varios presos y que los imputados, todos, fueron sobreseídos.
 
Los únicos que quedaron privados de libertad, finalmente, fueron los policías y el referido juez, destituido a través de un juicio político por mal desempeño del cargo. 
 
O, el caso de Margarita Di Tulio (“Pepita La Pistolera”) detenida por vinculársela falsamente con el caso Cabezas por el Juez José Luis MACHI. Es un debate que en la Argentina no es nuevo y que su vigencia se mantiene al ritmo de los escándalos judiciales. De los que, en nuestro medio, no somos ajenos.
 
Hoy está en la mira el Juez Federal Subrogante Javier Pico TERRERO, quien fuera denunciado por mala praxis por haber ordenado a un sanatorio a suministrarle dióxido de cloro a un paciente con Covid, entendiendo, el denunciante, que no se debe “judicializar la medicina”.
 
Hace diez años Italia demarcó la responsabilidad civil de los magistrados y se convirtió en el único país con legislación específica al respecto. Pero todo había comenzado unos años antes cuando la Corte Constitucional hizo lugar a varias demandas contra jueces y sentó una doctrina que provocó la reacción corporativa de la Magistratura. Tras un largo debate, la cuestión se puso a votación de la sociedad y un referéndum popular obligó a la sanción de la norma.
 
De todos modos, esto era posible porque en Italia existe la Corte Constitucional de extracción política que tomó estos casos después de que las demandas habían sido rechazadas por jueces que se negaban a condenar a sus pares.
 
Sucedía lo mismo que con los médicos en otras épocas. Las demandas por mala praxis no prosperaban porque los peritos, también médicos, se negaban a dictaminar en contra de sus colegas. Tras la aprobación de la Ley, el resultado fue que se abrió una línea de seguros para la actividad judicial, equivalente a la responsabilidad civil contra terceros de los automotores o, justamente, de los médicos y clínicas y sanatorios, como lo es actualmente.
 
La ley, en definitiva, sólo permite la condena de los jueces en casos de “culpa grave”. Pero no crean, que no hay casos en que no la hay. De todos modos es la misma orientación de la moderna doctrina para el caso de responsabilidad civil por mala praxis de los galenos.
 
Sostienen algunos juristas argentinos que: una prisión preventiva que después es revocada en segunda instancia no puede dar nunca lugar, en nuestro sistema, a una condena por mala praxis, salvo que se demuestre que hubo mala fe por parte del Juez. 
De lo contrario, dicen, el sistema no funcionaría.
 
Sin embargo, hay casos de Medidas Cautelares que, verdaderamente, tienen el efecto de una sentencia definitiva y los tiempos para revocar la misma o impedir sus efectos devastadores son sino imposibles, inútiles. Y la apreciación del peligro en la demora (periculum in mora) o la verosimilitud del derecho invocado por quien la pide (fumus boni iuris), son privativas del Juez que la ordena.
 
Normalmente, aunque fueren dejadas sin efecto, nunca los Tribunales de rango superior se expiden sobre dicha “valoración” que, de hecho, muchas veces es insólita cuando no, arbitraria y de perjuicio irreparable. Es decir, que surge obvio haber mediado “culpa grave” para la procedencia del pedido cautelar.
 
En estos casos, lo primero que hay que analizar es si el magistrado puede ser llevado a juicio por daños y perjuicios antes de que sea separado de su cargo. 
Y la jurisprudencia determina que no.
 
Lo que se hace habitualmente entonces es demandar al Estado, como órgano que imparte justicia por lo que se denomina “responsabilidad por error judicial”. Y así se evita accionar contra el Juez como persona física para sortear ese obstáculo.
 
De todos modos, las demandas únicamente prosperan por errores o negligencia del juez en la tramitación del Expediente. Porque las sentencias por más antijurídicas que sean, pueden ser apeladas ante la segunda instancia y ante la Corte Suprema.
 
La jurisprudencia -por ahora- es remisa a responsabilizar a los jueces que ordenaron el arresto preventivo de una persona que después, en otra instancia, es puesta en libertad. 
 
También, casos en que los jueces liberan a personas aún bajo condena, y éstos, recuperada la libertad delinquen en forma inmediata en variadas formas como violaciones y homicidios (hay ejemplos a montones). 
En estos casos hay dos valores jurídicos contrapuestos; la defensa de la comunidad o la defensa de la persona. Y ante estos dos valores, la jurisprudencia opina que se debe defender a la comunidad.
 
Si el procedimiento fue realizado de manera correcta, entonces la decisión de un juez de detener preventivamente a una persona es considerada correcta. Y, a la luz de la jurisprudencia, a esa persona no le corresponde reparación alguna.
 
Ahora bien, si el procedimiento fue realizado con incorrecciones procesales, si se comprueba que hubo negligencia por parte del juez, entonces, sí la demanda prospera.
Volviendo al caso COPPOLA, estuvo detenido desde octubre de 1996 hasta mediados de enero de 1997 y no obtuvo ningún resarcimiento económico a pesar de que se comprobó que el Juez (BERNASCONI) que lo detuvo, era un armador de causas corrupto que fuera destituido y encarcelado.  
 
Así, queda claro que sólo se puede demandar en casos de culpa grave y contra el Estado, lo que exime al magistrado temerario de hacer frente a los daños que cometiera –a veces- de manera escandalosa.
 
Es distinta la responsabilidad civil tanto de los médicos o los abogados quienes responden de manera personal frente a una actuación que pueda ser considerada negligente, a pesar de que sus obligaciones son de medios no de resultados.
 
La muerte de Oscar Jorge García Rúa tratado con dióxido de cloro por disposición judicial, abre, nuevamente, el debate sobre la mala praxis judicial.
Hay jueces –los menos- que manejan cierta omnipotencia que los aleja de la realidad con la certeza de que tendrán cobertura en la corporación que representa la familia judicial.
 
Es hora de poner la lupa con mayor rigor en estos casos que sirven para revelarnos que es imperioso estar a la altura para ejercer determinados cargos.
 
Diana Cohen Agrest (filósofa e investigadora universitaria) fundadora de la asociación civil Usina de Justicia afirma que, “…también se mata con una lapicera y los jueces matan con una lapicera”. 
Ella perdió un hijo asesinado a quemarropa saliendo de su casa en el año 2011.
Su victimario goza de buena salud y libertad.
 
Nos merecemos una discusión seria y profunda sobre los límites de los poderes de los jueces.
 
(*) Abogado.