Miércoles, 19 Junio, 2019 - 18:11

Los recursos del Estado provincial y su administración
Por Rosa Petrovich (*)

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Las manifestaciones públicas efectuadas por la presidenta de la Cámara de diputados del Chaco y que reproduce un medio local, donde reconoce la existencia de más de seiscientas personas de ese poder que sin trabajar perciben “sus” haberes regularmente, nos prueba la absoluta irresponsabilidad y grado de corrupción existente no solo en un sector, sino en la generalidad de los Poderes del Estado, avalados por funcionarios de todas las jerarquías; en tanto que los órganos de contralor, financieros, administrativos, políticos y judiciales demuestran su absoluta inoperancia y complicidad por omisión en este jolgorio y despilfarro de los fondos públicos. ¿Nadie va actuar de oficio ante tamaña confesión?
 
Mientras nos sorprendemos por las descaradas afirmaciones de la máxima autoridad de un Poder del Estado, nos encontramos con el dictado efectuado por la misma Cámara, de la ley 7820/16 que eliminó el tope jubilatorio, inaugurando el festival de jubilaciones, con haberes ubicados entre $ 150.000 y $ 350.000 para los distinguidos servidores públicos de los tres Poderes, rompiendo los principios solidarios del sistema y agravando el déficit previsional; y contamos a la vez, con la sanción de una serie de “leyes de emergencia” ante la situación desesperante de la población chaqueña de trabajadores.
 
El Gobierno provincial somete a los verdaderos trabajadores a vivir bajo la línea de pobreza como ocurre con el 80 % de la docencia en una provincia con el mayor índice de inflación del País, desocupación, caída del empleo y del consumo generalizado y a la vez mantiene altos niveles de dilapidación de los recursos del Estado sosteniendo un ejército de punteros políticos, amigos, familiares y otros, verdadero cáncer de la sociedad chaqueña, con absoluto desprecio del honor y de la ética pública.
 
En el área educativa esta confesión pública, es además, verdaderamente ofensiva, dado la crisis y necesidades  humanas del sector. Con un conflicto docente en la Provincia coyunturalmente destrabado dos meses más tarde de cuando debieron comenzar las clases. Con un feroz ajuste en toda la estructura del sistema educativo, frenado a instancias de las entidades del Frente Gremial, con la suspensión para todo este año de cierre de cursos, de divisiones, particularmente en el nivel secundario, el que venía siendo fuertemente golpeado con un vaciamiento pergeñado por parte del propio Gobierno, y con un simultáneo fortalecimiento de toda una estructura paralela para proyectos especiales destinados a punteros políticos; la proliferación de escuelas de gestión social- las que aún no están reglamentadas, pero que cuentan con personal no docente en su gran mayoría al frente de alumnos designados políticamente, -pese a que el discurso oficial es el de ir por una mejor calidad educativa-. En lo que va de toda la actual gestión, el Gobierno ha incumplido sistemáticamente con el artículo 83 de la Constitución Provincial que determina el 33 % del presupuesto general como piso para la educación.  En lo que va de la actual gestión a la fecha no han resuelto aún la garantización de los refrigerios y comedores escolares... 
 
Como funcionaria pública, nada más ni nada menos que la titular de un  Poder del Estado como es el Legislativo, no puede menos que, proceder a desmantelar la corrupción enquistada en la propia estructura de la Cámara de Diputados y/o denunciar ante las áreas de contralor respectivas las acciones de la misma naturaleza desarrollada por los integrantes de ese cuerpo legislativo. 
 
(*) Secretaria General de la Comisión Directiva de A.T.E.CH.