Martes, 19 Noviembre, 2019 - 12:55

Límites a la prisión preventiva: esperan una “catarata” de pedidos de libertades en la provincia

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042

Ante un tema sensible social y jurídicamente, que cosechó diversos cuestionamientos en los últimos tiempos tanto a nivel local como nacional con las detenciones preventivas de decenas de funcionarios públicos, el Ejecutivo nacional avanza en la aplicación de la nueva norma puntualmente en lo que respecta a las limitaciones en el uso de dicha medida de prisión preventiva.

Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 2/2019, de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, por la que ordena implementar en “los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional” las pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso penal.

Con la nueva disposición, se abren nuevos caminos en cuanto a la situación procesal de muchos funcionarios y exautoridades públicas que permanecen hoy detenidas con prisión preventiva en el marco de investigaciones por diferentes delitos contra el Estado. Sin ir más lejos, en Chaco la justicia federal tiene en pleno proceso de investigación tres megacausas por lavado de dinero y por las que se encuentran detenidos decenas de exfuncionarios y sus familiares, entre otros.

Sobre que cambiará a partir del viernes, fecha de inicio para la aplicación de esa parte del nuevo Código, Diario Chaco consultó a Marco Molero, del Consejo de Abogados, que vaticinó: “Creo que van a venir una catarata de pedidos de libertades y entiendo que, en la mayoría de los casos, les van a tener que dar la libertad porque las medidas están pedidas en base de presunciones, en abstracto”.

“Sabadini (Patricio) tendrá que afinar mucho el lápiz para mantener por qué fundamenta eso”, sostuvo Molero sobre las tres causas de lavado de dinero que investiga el fiscal federal y que involucra a exfuncionarios provinciales, el exsecretario de Gobierno y Coordinación, Horacio Rey, y el exsubsecretario de Comercio, Roberto Lugo, aún detenidos en la causa conocida como Lavado I, en la que también permanecen privados de su libertad Gustavo Katavich, Ricardo Retamozo, Claudia Varela, Mónica Yaczuk, Cesar Zibecchi, Ramón Chávez, Cristina Dellamea, Miguel Ángel Vilte y Carlos Osuna.

Le sigue la causa Lavado II, en la que si bien todos los procesados fueron excarcelados, cumplieron varios meses de prisión preventiva el sindicalista Jacinto Sampayo, el empresario Alejandro Fischer, Carlos Huidobro, Rolando Acuña, Patricia Vázquez y Pedro Martínez. En la misma causa es investigada la diputada nacional por Cambiemos Aída Ayala, sobre quien también pesaba la orden de prisión preventiva que también fue revocada en marzo de este año por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

En la causa posterior, denominada Lavado III, están detenidos con prisión preventiva el exintendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, su exsecretario de Gobierno, Héctor Hipperdinger, la expresidente del Concejo del mismo municipio, Roxana Giménez, y el hijo en común de los dos últimos, Adrián Hipperdinger.

LA RESOLUCIÓN

Puntualmente sobre la resolución publicada hoy en el Boletín, Molero explicó que viene a “remozar el régimen de la prisión preventiva, ajustándolo a un Código Procesal Penal de la Nación que, si bien es ley vigente, se está aplicando progresivamente en el país (actualmente se aplica en el NOA, en Chaco se aplicará a partir de marzo de 2021; y cierra con CABA en 2025)”.  

“El Código Procesal Penal vigente para todo el país es la Ley 23.984, que se denomina mixto, inquisitivo y acusatorio, el Código nuevo pretendidamente acusatorio se está aplicando progresivamente. Lo que exigió la Comisión Bicameral y se hizo eco el Ejecutivo es que, de ese Código Nuevo que se está aplicando de forma progresiva, se tome el instituto de la prisión preventiva y los recaudos que se exigen para aplicarla y se apliquen a todo el territorio nacional en las causas federales independientemente del Código vigente actualmente o del de aplicación progresiva”, detalló.

En cuanto a las diferencias con la aplicación de la prisión preventiva con el Código Vigente, señaló que con la nueva norma “se exigen muchos más recaudos, se limita mucho el instituto de la prisión preventiva”.

Para el letrado, con esto se “ponen las cosas en orden: puede ir preso todo el que ha cometido un delito, siempre y cuando se compruebe que lo cometió mediante una sentencia condenatoria; la prisión preventiva queda entonces limitada sólo aquellos casos donde se puede efectivamente acreditar, no sospechar, que la persona o se va a fugar o va a entorpecer la justicia (apretando testigos, adulterando o haciendo desaparecer pruebas, etc.)”, y agregó que se “se busca a su vez que haya un régimen de progresividad, donde la privación de la libertad de una persona sin condena sea la excepción”.

Y puntualizó cuáles son las medias previas a la orden de presión preventiva: “Por ejemplo, si hay una sospecha de que alguien puede fugarse, primero se busca un régimen de impedir salir del país, luego impedir salir de la provincia, la tobillera electrónica con un ámbito geográfico determinado, anteúltima instancia la prisión domiciliara  y luego, la prisión preventiva efectiva”.

“Se extreman los recaudos para que solo esté preso el que tiene condena y excepcionalmente  a aquel que se le pueda probar, sobre quien pesa peligro procesal, que se va a pretender fugar o que va entorpecer la investigación”, reiteró.

En ese sentido, recordó las estadísticas de organismos nacionales que indican que “del 100 por 100 de los presos, más del 56 son presos sin condena, es decir presos en estado de prisión preventiva. Técnicamente tienen aprehendidos, detenidos inocentes porque no son personas que tengan una sentencia que haya definido su estado jurídico pero también subyace un interés de tipo económico porque la mitad del sistema carcelario está cubierto por presos sin condena”.

APLICACIÓN

“Se dicta prisión preventiva en base a la pena que tiene el delito, todos los delitos que tienen una pena muy alta permiten al fiscal pedir y al juez aplicar la prisión preventiva sobre la sospecha de que la persona que está amenazada de un delito muy grande se va a ver tentada a fugarse; una suerte de presunción. Esto ya no es más valido, el acusado puede decir ‘o me dan la libertad o digánme qué elementos efectivos reales, no teóricos, hay de que me voy a fugar o entorpecer’ y, previamente, si la Justicia considera qué hay alguno, se pueden aplicar las medidas previas que prevé el Código antes de la prisión”, explicó Molero.  

Y consultado sobre cómo afectará la nueva disposición en las causas en proceso en la provincia, donde existen medidas de prisión preventiva, manifestó: “Creo que va a venir una catarata de pedidos de libertades y entiendo que la mayoría de los casos, no te digo en todos, están en base de presunciones, en abstracto, y todo eso irá al cesto de basura. Les va a tener que dar la libertad”, cerró.

Pulsa aquí para comentar en Facebook

Notas relacionadas