Lunes, 16 Julio, 2018 - 19:48

La Unión Judicial definió continuar con medidas de fuerza tras el receso

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El pasado 13 de julio la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco realizó una nueva Asamblea, en donde resolvió convocar a un paro general de actividades para después de la feria judicial.
 
La medida de fuerza será los días lunes 30 y martes 31 de julio y miércoles 01 y jueves 02 de próximos, con retiro a partir de las 12:30 hs y hasta las 00 hs para toda la provincia. Por su parte, el viernes 3 de agosto, también en todo el territorio chaqueño, se realizará un paro general de actividades con retiro desde las 11:30 hs y hasta las 00 hs.
 
La semana siguiente se repetirá la modalidad, con paro general de actividades desde las 12:30 hasta las 00 los días lunes 06, martes 07, miércoles 08 y jueves 09 de agosto y  retiro desde las 11:30 hs. y hasta las 00:00 hs el día viernes 10 de agosto.
 
Se resolvió también facultar a la Comisión Directiva a adherir a medidas de fuerza que puedan convocar otros gremios.
 
Las medidas de fuerza se vienen realizando en atención y reclamando que los decretos 492/18 y 556/18 “son discriminatorios y no subsanan la pérdida del poder adquisitivo del año pasado y del presente año, violentan las porcentualidades legales, y no respetan el acuerdo alcanzado por la Mesa Salarial de nuestro Poder Judicial en el año 2017, plasmado en el Proyecto de Ley 3655/17, y violentan asimismo las Constituciones Nacional y Provincial, pudiendo generar nuevas mega demandas, las que tendrán que saldarse con el dinero de todo el pueblo chaqueño por decisiones irresponsables de funcionarios y jueces, quienes valiéndose de malicia, astucia, argucia y engaño, pretenden otorgar aumentos encubiertos solamente para una casta, a sabiendas de que está mal y que va en contra de todas las decenas de sentencias por las que ya se expidieron los tribunales ad-hoc y la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, justo en el momento en que Fiscales y Jueces provinciales tienen a su cargo causas en contra de funcionarios del Gobierno, confrontados con investigaciones federales”, explicaron desde el sindicato.
 
El interior provincial se sumó a los reclamos mediante representantes de Villa Ángela y Sáenz Peña, ante “la difícil situación que tienen que soportar los trabajadores cuando ellos mismos o uno de sus familiares se enferman ya que utilizando nuestra obra social del INSSSEP, tienen que pagar un plus médico mínimo de quinientos pesos en efectivo, lo que está expresamente prohibido, siendo que el profesional que realizó su juramento hipocrático, receta además la colocación de inyectables lo que genera el cobro de otro plus y pide diversos estudios, para los que deben abonar también el ilegal plus a especialistas médicos, hechos que se repiten sin ningún tipo de control por parte de autoridades del organismo ni tampoco del estado provincial y socavan el ya deteriorado salario del trabajador judicial”, indicaron.