Miércoles, 11 Marzo, 2020 - 12:54

La UCR solicita modificar la elección de titulares de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

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Los legisladores radicales de la provincia, mediante el Proyecto de Ley Nº 214/2020, solicitan la modificación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas mediante la reforma de los artículos 3º, 10º Y 11º de la Ley 616-A (antes Ley 3468).

En sus fundamentos expresan que “han pasado años donde las causas de corrupción se han llevado todos los titulares, pero quizás lo más grave es que han tallado fuertemente las bases de las instituciones democráticas”.

“No pretendemos ingresar en una discusión que aún está abierta en la justicia en cuanto a sus resultados, pero si consideramos necesario analizar las causas y los factores que hubieran permitido generar cualquier hecho ilícito en contra de la Administración Pública y de los ciudadanos de nuestra provincia”, indican.

Y advierten: “Claro ejemplo es que después de 18 meses recién se va investigar la responsabilidad de funcionarios por la desaparición de más de 200.000 kilogramos de leche robada de la misma administración provincial lo cual es un papelón”.

Menciona Gutiérrez que “a partir de relevamientos de casos sobre posibles irregularidades en la Administración Pública Provincial, hemos detectado como factores recurrentes algunos aspectos deficientes en el funcionamiento de los sistemas de contratación pública, en el funcionamiento de los organismos de control, deficiencias en el cumplimiento de las normas donde en algunos casos se observa un cumplimiento solamente en las formas pero no en la verdadera funcionabilidad de la ley y en otros casos directamente existe incumplimiento del estado provincial o municipal o falta de reglamentación, entre otros factores”.

“Esta propuesta de que la FIA sea dirigida por la oposición, la hemos visto en los debates públicos previos a las elecciones, de hecho una de las voces que se escucharon en este sentido fue la del ex ministro de economía del actual Gobernador y expresidente de esta Cámara en la gestión de Capitanich, estamos hablando de Eduardo Aguilar que firmemente planteo en su plataforma que los organismos de control deben estar en manos de la oposición”, sostienen.

Detallando que, en esta línea, la fórmula que proponen para su designación es la contenida en el artículo 85 de la Constitución Nacional para la elección del titular de la Auditoria General de la Nación el cual establece que “será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”.

“Tenemos una responsabilidad institucional frente a todo lo que hemos visto respecto a procedimientos y cuestionamientos de gestiones anteriores, y si bien no podemos evitar, como tampoco sería saludable hacerlo, que la integridad de la democracia y de la Administración Pública Provincial se debata en la opinión pública o en nuevos escenarios digitales, lo que si podemos hacer luego de observar, escuchar y analizar, es obrar en consecuencia para mejorar el sistema de control administrativo”, agregan.

Por último, agregan: “Y justamente tomando de muestra uno de los casos más resonantes en los últimos tiempos como lo fuera la investigación de las viviendas llevada a cabo por el adjunto Dugaldo Ferreyra, que incluso ha llegado a medios nacionales, repercusión que no nos pone orgullosos, se siguió con supuestas marginaciones de funciones y posterior salida del adjunto del organismo” recordó Gutiérrez.

Las modificaciones propuestas son: modifíquense los artículos 3º, 10º y 11º de la Ley 616-A (Antes Ley 3468), los que quedarán redactados de la siguiente forma:

“Artículo 3º: El Fiscal General estará equiparado en jerarquía, remuneración e incompatibilidades con lo que dispone la Constitución Provincial 1957-1994 y las leyes para el Juez de Cámara. Su designación será efectuada por el Poder Legislativo, a propuesta de la oposición con mayor cantidad de legisladores, previo concurso público de antecedentes. El Fiscal General durará en sus funciones por un período de cuatro años y cesará en forma automática al cumplirse el plazo mencionado, pudiendo ser reelecto por única vez. Para su remoción se necesitará idéntico número de votos que el requerido para su nombramiento.

Excepcionalmente, en caso de vacancia definitiva del Fiscal General, el Poder Legislativo, mediante el voto de dos tercios de sus miembros presentes, deberá designar un Fiscal General, con los mismos requisitos que para ser Juez de Primera Instancia y pertenecer a la planta de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. El mismo asumirá inmediatamente por el cumplimiento del mandato legal”.

“Artículo 10: Los Fiscales Adjuntos intervendrán por subrogación en aquellos casos que le hayan sido asignados por el Fiscal General hasta la finalización de la misma. Agotada la investigación el Fiscal Adjunto pondrá el expediente a despacho con su dictamen fundado no pudiendo el Fiscal General demorar su prosecución salvo dictamen fundado”.

“Artículo 11: Las autoridades e instituciones comprendidas en el artículo 6°, deberán comunicar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la iniciación de aquellos sumarios administrativos que revistan importancia, gravedad o trascendencia, con una relación de los hechos que la originan a fin de que esta si lo estimare necesario o conveniente tome intervención. Estas autoridades e instituciones deberán abstenerse de requerir consultas, opiniones o dictámenes a la Fiscalía respecto de la aplicación de la Ley 1128-A (antes Ley 4865), salvo que el hecho o acto exceda las atribuciones de las autoridades e instituciones citadas precedentemente o que considere fundadamente que existe una infracción del agente”.

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