Jueves, 11 Octubre, 2018 - 16:44

La prisión preventiva, como regla en el proceso penal actual
Por Adrian Maximiliano Gaitan (*)

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Seguramente los colegas abogados que lean este título pensaran que es incorrecto, sin embargo aquellos otros lectores que también lo lean pensaran lo contrario. Lo llamativo es que ambos tienen razón.

La realidad procesal de una causa penal -y de sus imputados- en la actualidad ha variado drásticamente en los últimos años, generando polémicas en los fueros de abogados, pero dejando cierta satisfacción en los demás estratos de la sociedad, esto se debe a que las pasiones de otros ámbitos sociales han generado tanta presión en las decisiones judiciales que han llevado incluso a disfrazar las normativas constitucionales que regulan el instituto de la prisión preventiva.

Esto no quiere decir que esas normas constitucionales sean dejadas de lado, sino algo más grave aún, se las intenta justificar con fórmulas meramente aparentes de legalidad y en forma genéricas para que nadie se diera cuenta de que son violadas reiteradamente.

Ya pasaron los años donde los fallos judiciales que analizaban este instituto, tenían como referencia a fallos rectores en la materia como “Barbara Rodrigo Ruy, causa 21143”, de la CNCCorr, Sala I, o de la C.N.Cas Pen. Sala III “Macchieraldo Ana Maria, causa 5472, sent. 841/2004”, o el fallo “Diaz Bessone, Ramon s/ Rec. de casación” también de la C.N.Cas.Pen, incluso en nuestra provincia la Cámara Federal de Apelaciones de esta Ciudad, dictaba fallos como el de “Incidente de excarcelación de Vera Cristian Alejandro”, entre otros en igual sentido, tenían sus fallos con estos lineamientos que respetaban y aplicaban las normas constitucionales e internacionales con igual jerarquía, todo en virtud del Art. 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, que daba lugar a normas internacionales con idéntica jerarquía suprema, en especial el Artículo 7 Convención Americana de Derechos Humanos: que enunciaba el Derecho a la Libertad Personal: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”. O bien lo dispuesto por el Articulo 9.3 2do parr. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

Hoy sin embargo y a pesar de la plena vigencia de estas normas citadas, el Instituto de la Prisión Preventiva se ha convertido en “La Regla” dentro del proceso penal, disfrazado bajo los ropajes de fórmulas vagas y genéricas, que no son más que justificaciones al resguardo del proceso mismo, sin sentido muchas veces, porque como dice la norma constitucional citada, hay otras medidas procesales que resguardan al mismo proceso, y mantienen la regla oculta de la libertad.

Esto se ve reflejado en la súper población carcelaria, tal como lo refiriera Diario Norte en su publicación del 11 de octubre del corriente en el cual solo el 54,4% (46.405) de los presos del país tiene condena, es decir que casi la mitad (45,6%) de las personas detenidas se encuentran con prisión preventiva. Resulta claro que durante la sustanciación del proceso penal la Prisión Preventiva se ha convertido en “la regla”, como también se ve reflejado en distintos fallos de nuestros tribunales, ya sean provinciales o federales, así por ejemplo en causas donde un imputado paso más de dos años bajo este instituto (causa Nº 21.536/16, Cam. Cri. 3), o más de tres años (causa Nº 23.710/14, o causa Nº 18587/07, de Cam. Crim 2), para finalmente ser absueltos sin acusación fiscal.

Ya pasaron los tiempos donde los supuestos para que la viabilidad de este instituto sea procedente, eran el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación, (Art. 312, 316, 317, 319 C.P.P.N)  hoy simplemente se mencionan formulas genéricas que no dicen nada, y agravan aún más la defensa y las garantías de las personas, como en las últimos fallos federales que refieren “…Igualmente, se evidencia que la instrucción de la causa se encuentra en pleno desarrollo, existiendo medidas concretas pendientes de producción cuya realización podría verse frustrada con su soltura”, o bien respecto a la cuantía de la pena en abstracto “…en relación a la gravedad de la imputación como pauta valorativa para el rechazo de la soltura peticionada…”, “…entendemos que la amenaza de pena de acuerdo al encuadre jurídico de las conductas imputadas, deviene en una importante pauta de valoración –aunque no única pero que tampoco debe ser excluida…”. Son suficientes para mantener encarcelado bajo los ropajes de la prisión preventiva una persona sometida a proceso penal, pretendiendo justificar su aplicación, alejándose cada vez mas de las pautas constitucionales que regulan este instituto, dejando atrás a la Libertad como regla. Hoy las presiones políticas, intereses, y la prensa amarillista, necesitan ver personas imputadas presas, sin importar estas normas, y la verdad real, como fin último del proceso penal, invocar estas normas o fallos rectores se ha tornado ilusorios y hasta ingenuo, toda vez que el disfraz de legalidad es imperante en la mayoría de los fallos y tribunales, salvo un par de juezas garantistas –cuestionadas por eso- donde aún se siente la presencia de un correcto control de convencionalidad.

Para concluir me despido con las palabras del profesor José Cafferata Nores (C.P.P. Cba T.I, pag. 4,5), “…no es con citar las constituciones y los pactos que se cumple con ellos, a veces es ese el mejor método para esconder su vulneración”.

(*) Abogado