Domingo, 29 Diciembre, 2013 - 10:27

La política bajo el golpe de calor
Por Roberto Caballero

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Con 50 grados de sensación térmica, La Nación descubrió la justicia social. Qué hacer con Edesur y Edenor: más y mejor Estado ante la deserción criminal de los privados. Y los jueces de allanamiento rápido, ¿no tienen nada para decir sobre los cortes?

Quizá sea producto de la ola de calor, la mayor del último medio siglo. O de la dramática falta de luz eléctrica. Tal vez sea un espejismo, aunque no puede descartarse que se trate de un súbito giro a la izquierda del país conservador, eso nunca se sabe. En la tapa de La Nación del jueves 26 puede leerse: "Hay más de 10 millones de argentinos pobres y aumentó la desigualdad." No es la Prensa Obrera, no es un semanario anarquista, no es el semanario de la CGT de los Argentinos, es la tapa, la página principal, del diario que encarna los intereses del establishment local, suerte de hermano prolijo, adecentado, del Clarín, que ahora parece preocupado por la justicia social. Finalmente, la pobreza y la desigualdad que el capitalismo fabrica desde siempre son noticia en la tribuna de doctrina del liberalismo económico nacional. El muerto se escandaliza por el degollado. No hay, sin embargo, en sus páginas interiores una autocrítica de su pasado apoyando programas económicos que produjeron pobreza a mansalva. Ni siquiera una expiación por haber sostenido doctrinariamente el sistema excluyente que casi termina en la disolución nacional del 2001. Los pobres de hoy, la desigualdad de hoy, los indigna hasta la rabia, porque la supuesta miseria que llevan como título principal pueden atribuirla al kirchnerismo gobernante, experiencia política que aborrecen y a la que quieren escarmentar, aislar socialmente, negativizar hasta la arcada, para que nunca más los argentinos elijan un gobierno igual. La cabeza de la nota que publican dice así: "Más de 10 millones de personas viven en situación de pobreza en la Argentina, sin empleo formal, educación de calidad ni vivienda digna, y con un servicio de salud insuficiente. Además, entre 2004 y 2012 aumentó la brecha social: la diferencia entre calidad de vida del sector medio y la del más vulnerable."

"Entre el 2004 y el 2012", es decir, desde que gobierna el kirchnerismo. La "década ganada", entonces, pasaría a ser la "década perdida", según jerarquiza La Nación. Interesa la fuente en la que el diario basa esa afirmación: el ODSA, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata de una institución privada, a la que el editor consigna como productora de "una de las mediciones socioeconómicas más confiables del país", le faltó agregar con sede en Puerto Madero, que se ve que sólo es un barrio reprochablemente indigesto y símbolo de la opulencia cuando se lo asocia a la figura del vicepresidente Amado Boudou. Junto al título catástrofe (tres puentes, a cuatro columnas, de 21 caracteres cada uno), hay uno más chico (también de tres puentes, pero a dos columnas, con 18 caracteres cada uno, en tipografía más reducida) que dice: "Surgen dudas por el nuevo indicador oficial de inflación." Remite al nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Tiene un copete, una bajada, que añade temeridad al asunto: "(El ministerio de) Economía promete que reflejará la realidad, pero técnicos y analistas sospechan." Del contraste surge que lo que generaría confianza, o sea valor, fortaleza, solvencia, son los datos más o menos discutibles de una universidad privada de la Curia, y lo que alimentaría sospechas, o sea disvalor, recelo o alerta, es una medición elaborada por los técnicos del Estado, con monitoreo del FMI. Dice el editor de La Nación: "Un hecho que aumenta la desconfianza es que en la elaboración del nuevo IPC participaron las mismas autoridades del Indec acusadas de manipular las estadísticas desde 2007." Previamente, citando fuentes del Ministerio de Economía, advertía: "No se hará nada para evitar que el IPC nacional, que se reeditará en febrero (con la medición de los precios de enero), eventualmente arroje un resultado cercano al medido por las provincias o las consultoras privadas."

La pregunta es por qué habría de hacerlo. Por qué el Estado debería, para atravesar las aguas del Ganges liberal que propone La Nación, adoptar las estadísticas de grupos sectoriales con intereses particulares o de minúsculos estados provinciales para ser creíble o dejar, al menos, de ser sospechoso. A nadie escapa que el Estado viene perdiendo esa batalla por el sentido de realidad de sus propias mediciones. Para que el diario conservador por excelencia, oficialista de todos los planes económicos que llevaron al país a la hecatombe y la exclusión, se atreva a erigirse en patrón de lo que merece halago o descrédito, es porque la ofensiva editorial antikirchnerista de sus accionistas se encontró del otro lado con algo parecido a un repliegue desprolijo, insuficientemente argumentado y comunicado. En cualquiera de los casos, el Estado democrático no puede ver avasallada la potestad que la Constitución y la sociedad le confieren de producir información propia para diseñar políticas públicas y ordenar el trabajo y las prioridades de sus agencias. La fantochada del "índice Congreso", donde cuatro diputados y una ONG divulgan la inflación que les parece, o la jerarquización de observatorios como el de la UCA, proponen en los hechos un avance sobre la soberanía estatal, una anarquía donde la supuesta "sociedad civil" que gozaría del crédito del que adolecerían los funcionarios pasa a ser la moneda estadística de uso corriente.

En los Estados Unidos, el Indec yanqui también está en cuestión. Pero la diferencia es que las críticas que recibe se publican en un breve del Washington Post, no en la tapa de un diario hegemónico pretendidamente serio. De todos modos, la intencionalidad catastrófica de los accionistas del mitrismo, no releva de responsabilidad a los funcionarios que abastecen sus despropósitos. Es cierto: los diarios opositores amplifican, exageran y difunden la sensación cotidiana de que todo acaba en un helicóptero. No hubo otro gobierno que haya recibido tanto castigo como este, ni etapa donde el periodismo (o las empresas que abusan de él para garantizarse sus negocios e influencia política) traspase los límites de la verdad de manera tan alevosa, naturalizando una realidad imposible donde nada de lo que hace el Estado está bien. Cada página es un ladrillazo en los ojos. Cada error un tsunami. Cada funcionario una caja fuerte con euros volando hacia paraísos fiscales.

El gobierno se transformó en un blanco móvil de editores cuya única misión es recortar los hechos para no reflejar una realidad comprensiva del conjunto de factores que operan sobre ella, sino sólo la parte estereotipada que les da la razón en su constante trabajo de demolición. Enojarse por eso es legítimo, aunque obedece a una lógica que, por despiadada y lacerante, no es otra cosa que las reglas de juego que impone el que tiene más poder de fuego en el campo de disputa, en este caso, la realidad publicada.

Los funcionarios que se quejan por este destrato cotidiano harían algo mejor para sus hígados castigados que quejarse si se dedicaran a evitar que sus acciones u omisiones se tradujeran en títulos cantados, algunos muy obvios, donde se llevan la peor parte. Saber, por ejemplo, que los diarios opositores son eso: diarios opositores que se venden en los kioscos y marcan la agenda radial y televisiva, creando sentido, generando valor simbólico alrededor de los hechos que protagonizan. Si es algo malo, será terrible. Si es bueno, no será noticia. Trabajan para generar un consenso social estéril: nada de lo que hay vale la pena, hay que cambiarlo. En el oficio de la disputa por el sentido común, llevan años de delantera. Cuando asocian los apagones de Edesur y Edenor con los que se producían en la época del alfonsinismo (que termino yéndose antes), o los saqueos polidelincuenciales con el 2001 delarruista (que también terminó mal), reviven en la memoria colectiva episodios que remiten al caos y la frustración general. Hay y hubo de las dos cosas, apagones y robos, en este diciembre caliente por demás, pero no deberían ser otra cosa que el prólogo desgraciado a una solución inmediata y definitiva por vía de la gestión. A todo esto, los jueces que allanan en tiempo récord el Edificio Libertador o la casa del vicepresidente, ¿no tienen nada para reprocharles a los accionistas de estas dos fallidas empresas eléctricas? ¿No es un comportamiento criminal comprometerse a inversiones, no realizarlas y dejar un tendal en situación de inhumano calvario durante 12 días? Y los fiscales que buscan bóvedas, ¿no podrían afilar el olfato en detectar dónde se fue la plata de las inversiones que no se hicieron? ¿O acaso figuran como hechas? ¿O están esperando aumentar las tarifas para hacerlas? ¿O que se vaya el gobierno? En fin.

MEJOR ESTADO. Que La Nación desvergonzadamente tome el informe sobre pobreza y desigualdad de un observatorio de la UCA y lo instale como título asertivo y dominante, sin matices ni contextos, habla de lo antikirchnerista que es el diario y sus dueños, enfrentados a un gobierno que hizo de las políticas inclusivas su eje principal de gestión, pero cuidado: también de que la batalla por los índices oficiales se perdió porque la verosimilitud, cuando se dan peleas por el sentido, es tan importante como la verdad misma. Hay que ser y parecer. Culturalmente hablando, la situación es de un claro retroceso. El Estado, que después del neoliberalismo vino a ocupar el lugar de articulador y árbitro de las tensiones económicas y sociales, no puede resignar este espacio estratégico. Los privados no pueden ser la vara con la que se miden u organizan las políticas públicas. Serán respetables como opiniones parciales, ahora si ocupan la centralidad del diagnóstico, habrá jirones de país pero nunca una Nación. Si, además, toman el control de las cosas, como ocurre con la distribución domiciliaria de la luz, todo termina en apagones y piquetes, como los que estamos sufriendo. ¿Y qué pasó con los trenes concesionados? Así no funciona el país. Eso obliga al Estado a ser mejor de lo que es actualmente.

La socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la UBA Sandra Guimenez escribió una columna en Página/12, el viernes 27, bajo el título "Reforzar las capacidades estatales", que merece ser leída y releída: "Pensando en los desafíos que enfrenta la actual gestión de gobierno de cara a los dos años de mandato que restan y en la necesidad de construir/reinventar consensos y legitimidades respecto de un proyecto político y económico y sociocultural que transformó la realidad argentina en los últimos diez años, resalta la obligada responsabilidad de reforzar las capacidades estatales." Y sigue: "Entendemos las capacidades estatales en un sentido amplísimo: respecto del deber de seguir implementando políticas públicas y líneas programáticas que mejoren las condiciones de vida en general, y en particular de los sectores más desfavorecidos, y también respecto de la necesidad de optimizar las intervenciones estatales en un doble sentido: en el territorio y en clave burocrático-administrativa. A primera vista puede parecer un tema secundario en términos políticos, aunque no lo es, ya que resulta fundamental construir capacidad estatal potente, coordinada, efectiva, para visibilizar las acciones, para mejorarlas, para garantizar que aquello que se diseña en la macropolítica tenga el impacto que se busca construir."

Es imposible consolidar los avances de una década sin reconfigurar la capacidad del Estado para darle horizonte y perspectiva a lo que falta por hacer. Es indispensable que este Estado, reconstruido a los tumbos por el kirchnerismo con valores democráticos de inclusión, no se transforme en el ancla boba que pretende la derecha sino en la vela principal que empuje la nave a buen puerto. Una nueva sociedad se construye con un nuevo Estado. El neoliberal no debió haber pasado el siglo XX. El que se necesita ahora es otro, uno que sea promotor, gestionador en el territorio (optimizador de las intervenciones) y garante de los nuevos derechos ciudadanos. El kirchnerismo está en la obligación histórica de institucionalizar sus logros y el Estado es la herramienta. La excepcionalidad de una identidad política que alcanzó el 54% de los votos hace dos años como proyecto colectivo no puede agotarse en la negación de esa misma excepcionalidad para dedicarse a ser consorte maltratado de la realidad deseada por los accionistas de la Argentina empresaria que grita fin de ciclo desde los medios hegemónicos. Si Paolo Rocca, en público, puede exigir un Estado a su gusto, más eficiente a sus propósitos, que ayude a bajar salarios, que gaste para subsidiar sus empresas y no para financiar la matriz diversificada con inclusión social, ¿por qué de este lado no podemos pensar un Estado que sea más eficiente a los propósitos que una mayoría nacional validó en las últimas presidenciales?

Si Edesur y Edenor extorsionan con el aumento de tarifas, que sea el Estado nacional o municipal con control de los usuarios el que se haga cargo de la distribución domiciliaria de la electricidad. Si los contratos que se heredaron del menemismo son leoninos y a 90 años, que sea un plebiscito popular el que acompañe la decisión de desconocerlos. ¿Por qué recibir la andanada cotidiana de veneno de los profetas del fracaso sin hacer siquiera el intento de producir nuevamente lo inesperado? Las críticas, como cuando se nacionalizó Repsol, están garantizadas. Son parte de la construcción de sentido que propone al kirchnerismo una sola salida: irse.

Volviendo a la tapa de La Nación, siempre más prolija que Clarín, hay un párrafo que explica por qué sigue siendo un diario opositor y todavía no logró que sus ideas vuelvan a ser gobierno. Dice Agustín Salvia, investigador jefe de la ODSA: "La mitad de los pobres del 2002 dejaron de ser pobres, pero los niveles anteriores a la crisis se agravaron. Buena parte de la conflictividad social tiene que ver con la desigualdad y con expectativas no satisfechas. El delito, el arrebato y el saqueo están dentro de un contexto de descomposición social, de gente que siente que el sistema no los incluye y que la distancia con los que están mejor es cada vez mayor."

A ver: la mitad de los pobres dejaron de serlo en este década que pasó, dice el propio Salvia. ¿Y qué los había generado antes? ¿Un cataclismo natural? ¿Cómo hace una sociedad para bajar sus niveles de pobreza? Detecta la "fábrica de pobres" (las políticas neoliberales), la cierra y genera políticas inclusivas. Si no, no baja la pobreza. Por ende, para eliminarla, ¿qué hay que hacer? Continuar con las políticas que permitieron reducirla. A principios de diciembre, una sedición nacional de las policías produjo violencia y saqueos, con una decena de muertos. Cuando los medios que apuestan al caos obtuvieron las imágenes que pretendían para asociar la revuelta con la caída del delarruismo, se supo que artefactos y electrodomésticos robados habían ido a parar a la casa de saqueadores de uniforme. No era hambre: fue una paritaria armada y una convulsión social generada adrede por fuerzas del orden que alteraron la paz social incumpliendo con su rol legal.

El "delito, el arrebato y el saqueo" y la "conflictividad social" de los que habla el informe de la UCA explicándolos como una consecuencia de "la desigualdad" son una interpretación libre, demasiado libre, casi una falta de respeto, al cristianismo revolucionario de los '60 que decía que la violencia de arriba justificaba la violencia de abajo. Lo dijo Eduardo Duhalde mientras humeaban los comercios: "El saqueo de los arriba explica el saqueo de los de abajo." Pero ni la UCA reivindica a Camilo Torres, ni Duhalde hace recordar a Ortega Peña, ni La Nación es el diario Barricada de los sandinistas revolucionarios. La pregunta para todos ellos es: ¿qué hacían la universidad católica conservadora de Puerto Madero, el vice de Menem y el diario de Bartolomé Mitre cuando la fábrica de pobres estaba abierta a ritmo fordista en la Argentina que despedazaba lo que había quedado en pie del Estado de bienestar? Hay que hacer memoria: decían que pobres hubo siempre.

¿Qué hubiera pasado si a la revuelta policial armada se sumaban sectores populares en masa? Uno: el informe de la UCA hubiera sido 100 veces más verosímil. Dos: el gobierno hubiera entrado en una fase de inestabilidad política mayúscula. Tres: los sectores empresarios como Techint y Clarín SA estarían festejando el fin del populismo kirchnerista que detestan. Lo intentaron, pero no lo pudieron hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó, si la partitura era perfecta? Tal vez, porque el país que relatan es menos creíble que el que viven los propios relatados. O quizá: porque la mitad de los pobres que dejaron de serlo en estos diez años viven con sus hijos en una sociedad un poco más igualitaria que la que cuenta la UCA. ¿O no será, acaso, porque ser pobre no es sinónimo de ladrón?

Desde las páginas de Clarín, el viernes 28, la licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, Roxana Kreimer, insistió con la tesis de la UCA de los 10 millones de pobres. El título de la columna fue "La desigualdad social se agrava en diciembre". Dice así: "En diciembre solemos gastar mucho más que de costumbre: regalos, mesa navideña y vacaciones para los que pueden pagarlas. Los 10 millones de pobres, muchos de los cuales no cobran aguinaldo porque trabajan en negro, ven cómo grupos de mayor poder adquisitivo mantienen niveles altos de consumo." Es una idea, discutible, pero idea al fin. Volviendo al texto, Kreimer se muestra comprensiva, aunque no legitima sus conductas, con los saqueadores: "Es posible que sientan justa indignación y un ínfimo porcentaje, cuando se presenta la situación propicia, como es el caso de la huelga policial, encuentre tentadora la posibilidad de obtener por vías alternativas lo que se le niega en el ámbito formal".

¿Las "vías alternativas" de las que habla son el robo al comerciante y al vecino que se cruzan todos los días cuando hacen los mandados? Para la filósofa, aquellos que "quedan por debajo del consumo promedio, son pobres en sentido relativo, y si un porcentaje ínfimo se juega la vida para robar es más probable que sustraiga un objeto de gran valor económico y simbólico, y no comida." Se sobreentiende que Kreimer pretende explicar y no justificar los hechos, sobre el final de su columna remarca incluso que su intención no es desestabilizar al gobierno y que Cristina Kirchner debe finalizar su mandato. Lo que no aclara demasiado es por qué hay otros que no hacen lo mismo que hace esa ínfima minoría que es objeto de su indagación. En una sociedad como la nuestra, con niveles de desarrollo intermedio, que atravesó políticas económicas excluyentes nefastas durante décadas, existen y van a existir personas que se sientan por debajo del consumo promedio del resto de la población, y no necesariamente se asocian al caos, la violencia y el robo.

Una respuesta posible, nobleza obliga, la da la propia Kreimer en el anteúltimo párrafo: "(Los países) en los que los altos índices de desocupación no se traducen en violencia social, son los que cuentan con bajos niveles de desigualdad, políticas económicas adecuadas y rentas básicas o subsidios que garantizan pisos mínimos que protegen de los vaivenes de la economía."

Como los que se plegaron de modo oportunista a la sedición policial promotora de saqueos son una "ínfima" parte del universo más general supuestamente afectado, convendría tomar los argumentos expuestos por Kreimer en este minúsculo párrafo de su artículo, para intentar dar una respuesta a la pregunta de por qué no hubo saqueos masivos, multitudinarios, explosivos, ni siquiera en diciembre, un mes fatal para la desigualdad, siguiendo su opinable tesis. Decir, por ejemplo, que Argentina no es un país con alta desocupación como lo era en el 2001, que redujo su desigualdad según Cepal, que garantiza el alimento a niveles de "hambre cero" según la FAO, que políticas adecuadas incluyeron a millones de personas en el sistema previsional, que rentas básicas como la Asignación Universal por Hijo alcanzan a millones de beneficiarios, que subsidios tornan accesibles servicios básicos como el transporte, el combustible, el agua y la electricidad, aunque no sean de calidad, que las paritarias permiten una pelea más igualitaria entre salarios y precios, y que todo eso integra un piso que protege de los vaivenes de la economía a decenas de millones de personas que hoy no piensan en los saqueos.

Reconocer eso no es asumir que se vive en el paraíso, ni negar los problemas. Pero es necesario reflexionar sobre todo lo que se hizo en esta década para entender cómo se consigue lo mucho que falta. Es un ejercicio que tiene poca prensa, pero esquivarlo nos deja más cerca del pasado que abominamos que del futuro que deseamos.

A horas, nomás, de que concluya el año más largo del mundo, en el que festejamos los 30 años de democracia continuada, que el 2014 nos encuentre unidos, solidarios y con la esperanza intacta, porque Argentina vale la pena.

Hasta el año próximo.  

Fuente: 
Infonews.