Lunes, 8 Julio, 2013 - 16:27

La política en Chaco sería distinta si funcionara el juicio político
Por Raúl Sánchez

Consideramos innecesaria la reforma a la ley que regula el juicio político a funcionarios.

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La reforma de la Ley vigente 3222 que regula el juicio político a los funcionarios públicos, mediante la Ley 7256 recientemente sancionada, era innecesaria y en todo caso jugaría a favor de quien eventualmente pudiera ser alcanzado por dicha medida. Los partidos mayoritarios compiten electoralmente para turnarse al frente del gobierno provincial con mayoría de diputados en el Poder legislativo, pero podría decirse que entre ellos la adversidad no llega al punto de que se impulse este procedimiento contra altos funcionarios, por mal desempeño o falta de cumplimiento a los deberes a su cargo y otros motivos, previstos en el Art. 120º de la Constitución Provincial; si no hubiera sido de esta manera, desde al año 1983 a la fecha hubieran habido centenares de pedidos juicios políticos y podría haber significado la culminación de la carrera de muchos dirigentes políticos. También nos parece desatinado que la diputada Elda Pertile, promotora de la modificación de la Ley 3222, haya argumentado "Lo que busca esta ley es evitar que venga un denunciante, que nunca hayan tenido rostro, ni una dirección donde ubicarlos, y que no se hagan responsables de las denuncias que realizan". Por experiencia sabemos cómo funcionan las cosas. En nombre y representación del Sindicato de Empleados de Rentas de la Provincia del Chaco (SiEmpRe), el 04/07/2011 solicitamos Juicio Politico contra el ex Ministro de Economía, Obras y SErvicios Públicos Lic. Eduardo Aguilar, actual Presidente del Poder Legislativo (acusado de haber incurrido en las previsiones de los Art. 12º de la Constitución Provincial : mal desempeño y falta de cumplimiento a los deberes de su cargo y Art. 248º del Código Penal: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; de atentar contra el sistema republicano, el orden democrático y cláusula ética, previstos en los Arts. 1º y 11º de la Constitución Provincial (1957 ? 1994); de haber cometido el delito de falsedad ideológica, conforme a lo previsto en el Art. 292º del Código Penal; de haber violado el Art. 16º de la Constitución Nacional con prácticas de nepotismo; de defraudar la voluntad y las esperanzas del Pueblo del Chaco), y quedó inconcluso por desidia de los legisladores. El que calla otorga, dice el refrán. La Ley 3222 exige para pedir Juicio Político que se acredite fehacientemente ante el Poder Legislativo, identidad y domicilio legal y efectuar la manifestación de cargos e imputaciones, con fundamentos de hecho, de derecho, con documentación respaldatorias de las mismas, etc.; ni más ni menos como lo hicimos en el caso del Lic. Aguilar. En consecuencia se habilita todo un procedimiento donde se garantiza al acusado el pleno ejercicio del derecho a defensa, establecido en el Art. 130º de la Constitución Provincial. Hubiéramos preferido que los diputados dejaran este tema como estaba y se ocuparan de contestar sobre el pedido de remoción del Administrador General de la ATP contador Ricardo Ramón Pereyra, acusado de cometer infracciones más graves aún que las señaladas en el caso del ex Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos. (*) Secretario General del Sindicato de Empleados de Rentas de la Provincia del Chaco.