Domingo, 29 Diciembre, 2013 - 10:13

Balance 2013
La Ley de Medios, la “democratización” y causas sensibles por corrupción coparon la agenda judicial

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El 2013 será recordado en los Tribunales como el año en que se puso fin al derrotero de la Ley de Medios, finalmente declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia; y, como contrapartida, por la decisión del máximo tribunal de echar por tierra otra herramienta política del kirchnerismo, como lo fue la tan pregonada "democratización" de la Justicia.

Todos los años, por uno u otro motivo, es de disputa entre los poderes del Estado y 2013 no fue una excepción, teniendo en cuenta los varios cruces entre la Corte Suprema y el Ejecutivo Nacional.

Sin dudas, la definición sobre la Ley de Medios fue el caso judicial del año, no por los efectos que provocó, pues en la práctica aún resta su aplicación plena, sino por todo lo que pasó en medio: fueron cuatro años donde la norma se mantuvo suspendida en sus principales artículos a raíz de una medida cautelar pedida por el Grupo Clarín.

Pero también fue el año en que el kirchnerismo intentó sin éxito reformas importantes en la Justicia, como lo fue la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, así como la ampliación de la cantidad de integrantes de dicho organismo, encargado de la promoción y restitución de los jueces.

Se trató de un paquete de leyes aprobadas en el Congreso Nacional que provocó que, en forma masiva, abogados y entidades recurrieran a la Justicia para pedir su suspensión: finalmente fue la Corte la que selló la suerte en contrario para los intereses del Ejecutivo.

El intento democratizador nació de la mano la agrupación "Justicia legítima", que se manifiesta en sintonía con los intereses del kirchnerismo, y motivó divisiones marcadas en los Tribunales entre quienes pertenecen o apoyan a esta corriente -y fueron identificados como "oficialistas"- y aquellos que se mantienen en la vereda opuesta emparentados con la "oposición", aunque también hubo pocos funcionarios que se mantuvieron al margen como pudieron.

También fue un año de investigaciones por presuntos hechos de corrupción, como la causa por presunto lavado de dinero que tiene en la mira al empresario Lázaro Báez o bien el impulso que tomó -sobre todo a fines de este 2013- el caso Ciccone, que involucra la vicepresidente Amado Boudou: ambos expedientes sin dudas conllevarán efectos de índole política y el tiempo dirá la cuantía.

Pero si de consecuencias se trata, este año será recordado también como aquel en que el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno (uno de los funcionarios más cuestionados por la oposición) fue procesado y quedó a un paso del juicio, acusado de abusar de su autoridad para imponer una multa a una consultora privada que midió la inflación en paralelo al Indec.

Este año también, a la par que se condenó al expresidente Carlos Menem a siete años de prisión por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su Gobierno, se absolvió al otro exmandatario, Fernando De la Rúa, por los supuestos sobornos en el Senado para aprobar la ley de reforma laboral.

Lo penoso de ambos casos es que cristalizan la demora que llevan las investigaciones por corrupción: sólo en casos excepcionales se actúa con rapidez, como en 2013 fue que llegue a juicio oral y público la causa por la tragedia ferroviaria de Once.

La feria judicial comienza en días y la calma se apiada de los Tribunales por un mes, luego todo retoma su curso y sólo hay que esperar para ver cómo termina.

Especial de NA, por Sergio Farella

Fuente: 
NA.