Miércoles, 2 Septiembre, 2015 - 22:44

La Legislatura chaqueña aprobó el Juicio Penal por Jurados

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Con 23 votos positivos contra 7 por su mantenimiento en cartera y 1 por su archivo, la Legislatura de la provincia del Chaco sancionó la Ley 7661 impulsada por el Poder Ejecutivo que establece la implementación del Juicio Penal por Jurados. La Ley sancionada, que tiene 100 artículos en total, tiene por objeto “establecer el juicio por jurados, en cumplimiento de los artículos 5, 24, 75-inciso 12), 118, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional (1953-1994)”.
 
Según la ley sancionada “deberán ser juzgados por jurados, aún en su forma tentada y junto con los delitos conexos que con ellos concurran” los delitos que tengan prevista en el Código Penal la pena de reclusión o prisión perpetua, los contemplados en los artículos 79, 81 y 165 del Código Penal de la Nación (homicidio por emoción violenta, agresión seguida de muerte, homicidio en ocasión de robo), y  los previstos en el art. 119, 3er y 4to párrafo (delitos contra la integridad sexual), y 125 2do y 3er párrafo (Corrupción de menores) del Código Penal de la Nación. La integración del tribunal con jurados en estos casos es obligatoria e irrenunciable.
 
El jurado estará integrado por doce miembros titulares y, como mínimo, por dos suplentes y será dirigido por un solo juez penal. El juez podrá ordenar que haya más suplentes de acuerdo a la gravedad o complejidad del caso. El panel de jurados titulares y suplentes deberá estar siempre integrado por mujeres y hombres en partes iguales.
 
Cuando se juzgue un hecho en donde el acusado y la víctima pertenezcan al mismo Pueblo Indígena Qom, Wichi o Mocoví, el panel de jurados titulares y suplentes estará obligatoriamente integrado en la mitad por hombres y mujeres de su misma comunidad de pertenencia.
 
Estuvieron presentes en la Legislatura presenciando el histórico debate sobre la ley, numerosos magistrados y representantes del INECIP de Chaco y Corrientes. 
 
El debate en el Recinto
 
El diputado justicialista Martín Nievas, abrió el debate como Presidente y miembro informante de la Comisión de Legislación General, expresando “es un día histórico porque hemos tomado la decisión de que doce personas legas que no saben derecho sean llamadas ahora a tomar una decisión sobre si una persona es culpable o no es culpable sobre determinado delito aberrante, cuando decimos delitos aberrantes hacemos referencia a aquellos que conllevan prisión perpetua o reclusión perpetua, por ejemplo una madre que mata a su hijo, un hijo que mata a su padre, el femicidio, también el secuestro extorsivo, todo lo que tenga que ver con violación, todo lo que tenga que ver con homicidio, homicidio en ocasión de robo, son todos delitos aberrantes que tienen pena significativa”. 
 
“A partir de ahora –explicó- estos delitos van a ser juzgados a través del juicio por jurado, que va a funcionar de la siguiente manera: se va a elegir entre el padrón electoral de la provincia por circunscripción, entonces a través de Lotería se va a sortear uno de cada mil electores, se va a conformar un grupo de 300 personas y se les va a dar a cada uno una notificación para determinar si cumple o no los requisitos, se va ver si tiene la primaria completa, si no tiene acusación por ningún tipo de delito, si cumple los requisitos para ser jurado”.
 
“Es una carga pública –detalló- tal así que su patrón -ya sea el estado o el sector privado- le tiene que conceder el tiempo necesario con su respectivo goce de haberes, y si no es así la propia justicia le va a pagar dos mil quinientas unidades tributarias, además de reconocerle los gastos de transporte y demás. Una vez que se tenga el jurado, el juez tiene su lugar en el estrado, y por otra parte van a estar los doce miembros mirando nada mas, no pueden ni preguntar ni interrogar ni decir nada, tienen solo que observar. Solo va a acusar el acusador y solo va a defender el defensor, luego de toda esta prueba que se hace en forma ininterrumpida, en cinco días tiene que terminar el juicio”.
 
Observó “estamos dando sesenta días al Ejecutivo para que reglamente esta ley, hay muchas cosas para poner en funcionamiento a partir del nuevo sistema, hay que sortear, hay que crear la unidad judicial, se tienen que crear las circunscripciones, todo un trabajo que debe llevar adelante ahora el Ministerio de Gobierno”.
 
El legislador hizo una completa reseña de la evolución histórica de los sistemas de juzgamiento y del juicio por jurados en particular, y se refirió a los cuestionamientos que se escucharon el las jornadas debate realizadas en el interior, “en el fondo hay desconfianza sobre lo que es el núcleo del sistema, la posibilidad de sacar la decisión de las manos de jueces profesionales y llevarla a jueces legos que tomen decisiones trascendentes, y creo que ese fue el motivo de su no instrumentación, han habido críticas y hay dos que son centrales: la que tiene que ver con nuestra formación, con que sean legos, y por qué, al ser legos no dan motivación de la decisión; y en segundo lugar, lo que refiere a las posibilidades recursivas”.
 
En cuanto a estas objeciones explicó que “el jurado recibe instrucciones, incluso el juez celebra una audiencia con los abogados de las partes quienes plantearán sus objeciones recíprocas y luego explica la forma en que serán esas instrucciones, de manera que se cumple con este mandato constitucional recurrir en base a esas instrucciones, a las pruebas, versión taquigráfica, videos, que permiten que sometamos a consideración los recursos, en consecuencia quien se apartara de estas previsiones tendría la posibilidad de plantear este recurso y dejaríamos salvado estas objeciones”.
 
“El Chaco se apresta a sancionar este nuevo método -sostuvo- que le permite al pueblo tener una mirada sobre un poder que ha sido adverso, en el camino haremos modificaciones, esta Cámara irá corrigiendo, receptando lo que a futuro la sociedad reclame en la instauración de este método, creo en forma personal que no tenemos que tener miedo de que nos juzguen nuestros semejantes, con nuestras creencias, vivimos en una sociedad que piensa y siente lo mismo que nosotros, démonos una oportunidad para que el pueblo participe en la administración de justicia”.
 
La diputada justicialista Celeste Segovia, señaló “hoy nos toca hablar de un tema trascendental, muchas veces se tiene temor a compartir el poder con el pueblo, esta ley seguramente va a facilitar esta participación ciudadana y este acercamiento de los ciudadanos a la justicia, aquí somos legisladores y somos muy pocos los abogados que estamos hoy en el recinto y sin  embargo hacemos leyes para un millón o mas de chaqueños y nadie nos ha cuestionado que por no ser abogados no podamos hacer leyes”.
 
“Estoy convencida –sostuvo- que el pueblo tiene el sentido común del hombre medio que tenemos aquí los legisladores, un título profesional no es garantía de sentido común, esto va a ser un avance en la calidad institucional del Chaco, no es solo una cuestión técnica es una decisión política de permitir la participación ciudadana en el poder judicial, de profundizar la democracia, de que el único poder del estado cuya legitimación no proviene del voto popular y la renovación periódica abra sus puertas al hombre común, que en conjunto con los jueces técnicamente preparados que podrán suministrar toda la información jurídica necesaria, tomen las decisiones en cuanto a la inocencia o culpabilidad de una persona siempre y cuando el fiscal logre superar la barrera de la duda razonable”.
 
Observó que “esta ley que estamos por aprobar es un cambio en la administración de justicia, no es solamente un cambio en el procedimiento penal, es una modalidad de juzgamiento para los crímenes contemplada en la Constitución Nacional y que las provincias con exigencias de los artículos 5, 24, 118 y 126 estamos obligadas a instrumentar tras largos años de democracia estable, pues corresponde otorgar al pueblo la debida participación en una competencia que la misma carta fundamental le reconoce”.
 
Agregó “entiendo que se debe avanzar en la implementación del juicio por jurado en la provincia del Chaco, se trata de un pilar fundamental en el sistema democrático de administración de justicia, que asegure la participación ciudadana en las decisiones judiciales, asegurando la publicidad y la transparencia de todos los órganos estatales, permite el acercamiento recíproco de la sociedad civil al sistema judicial, del sistema judicial a la sociedad civil, y es un fructífero intercambio de visiones que involucren la administración de justicia con la realidad social y los valores comunitarios”.
 
La diputada mocionó “que también en el ámbito de competencia del juicio por jurado estén incluidos los delitos de corrupción, los delitos de enriquecimiento ilícito, los delitos que cometan los funcionarios en ejercicios de sus funciones,  porque si hablamos de transparencia es en estos casos donde se genera la mayor desconfianza del pueblo”.
 
Agregó “es un juicio que permite al acusado ser juzgado por sus propios pares, por su comunidad,  es una forma de democracia directa que le da al veredicto de culpabilidad o no culpabilidad una fuerza política y social que es indiscutible, resguarda y fortalece las garantías procesales del imputado, asegura que los juicios sean orales, sean públicos. También establece un generoso régimen recursivo, con amplias causales de procedencia, como para poner en evidencia eventuales irregularidades en el veredicto de culpabilidad del jurado”.
 
Entre otras ventajas de este sistema manifestó “es el pueblo el que se expresa en los casos concretos en forma directa, el modo en el que el pueblo resuelve los conflictos muestra a los poderes del estado su visión de la realidad, implica una mayor garantía de imparcialidad, la división entre veredicto a cargo del pueblo y sentencia a cargo del juez profesional brinda la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo”.
 
Daniel Trabalón  del bloque Frente Grande recordó “estaba mirando el primer proyecto presentado en la Legislatura provincial, el inicio de este proceso que hoy culmina con el tratamiento en el Recinto de un despacho de la Comisión de Legislación General, la primera presentación del Poder Ejecutivo provincial, el proyecto de ley 3040 fue presentado el 26 de agosto del 2013, estamos a casi poco mas de dos años de esa primer iniciativa, que se renovó con una presentada a principios de año”.
 
“La verdad que –destacó- que cuando fue presentado el primer proyecto de Ley nosotros valoramos positivamente que el Ejecutivo Provincial ponga en la agenda legislativa el tratamiento de este proyecto, algo que la Constitución Nacional establecía, y que sistemáticamente fue ignorado y negado”. Observó que “el primer intento fue fallido porque, si bien lo instalo en la agenda legislativa, no avanzamos en el debate y tratamiento del tema, mucho mejor suerte tuvo esta segunda iniciativa presentada este año”
 
“Por eso –señaló- compartiendo el concepto general que tiene que ver con cumplir la Constitución Nacional y avanzar en un concepto de democratizar la justicia y el poder judicial -esta segunda iniciativa que fuera presentada este año tiene casi una total semejanza con la primera aunque hay algunas diferencias- nosotros decíamos que es necesario que un proyecto de ley que pretenda cumplir con lo que establece la Constitución que tiene que ver con democratizar la justicia y que tiene que ver con la participación ciudadana en el Sistema Judicial no solo como declamación o declaración sino como herramienta operativa, es decir, dar participación real a los ciudadanos en el servicio de justicia, en el marco de una ley”. 
 
“Esto es un concepto central –enfatizó- de lo que entendemos por democratizar la justicia, acercar la justicia a los ciudadanos y los ciudadanos a la justicia; y darle un rol protagónico dentro del servicio de justicia requiere como marco primero la información y segundo el debate a partir de la información, por eso una iniciativa de nuestro bloque planteaba que era necesario producir un amplio debate sobre este tema a lo largo de la provincia y decíamos que esta ley necesita un mecanismo de participación, este proyecto de resolución que fuera aprobado por la Comisión de Legislación General se ha instrumentado y permitió llevar adelante seis jornadas de información y debate sobre esta iniciativa de ley”.
 
El diputado Carlos Martínez del bloque Libres del Sur admitió “decía días atrás que sentía una ambigüedad, un grado de indefinición respecto de la implementación de juicio por jurado en la provincia del Chaco, certezas y dudas en un marco de aceptación, si me preguntaban si estaba de acuerdo con el instituto mi respuesta es que la idea de que la sociedad se apropie, recupere la posibilidad de alguna forma de impartir justicia, luego de ese desapoderamiento al que hacía referencia el diputado Nievas, o el monopolio de la fuerza por parte del Estado, uno dice que sí”. 
 
En ese sentido, observó que “los que pensamos que la víctima recupere su rol en el proceso penal, que la víctima intervenga en caso de un conflicto penal, hemos dado mensajes en dirección a que la sociedad vaya recuperando el rol en el castigo de un delito determinado, esta idea la compartimos”. 
 
Explicó “se hablaba de cuándo ingresó el primer proyecto en el 2013, la fecha del otro proyecto en el 2015 y uno repasaba el proceso en otras provincias, algunas incluyeron el pronunciamiento popular, en Río Negro, no solo la implementación del juicio por jurado, sino también de la reforma del código procesal, motivaron recién la implementación del juicio por jurado para el año 2018 y la norma fue sancionada en 2014. Es decir, otras normas sancionadas plantean dos años para entrar en vigencia, me hubiera gustado que toda la sociedad chaqueña sea consultada en este tipo de reforma, es una opinión respecto a esta cuestión”.
 
“Luego –destacó- está el tema de las prioridades, uno confronta su visión respecto de la agenda de la sociedad y lo que uno recibe, desde ese punto de vista no sería una prioridad el juicio por jurado, la sociedad está enfocada en la seguridad, en la salud, educación, salir de la pobreza, salir de la desocupación, es decir, forzoso es reconocer la agenda social que hoy existe en la provincia del Chaco, el legislador tiene una representación del pueblo”.
 
“Se ha debatido en la Argentina respecto de la independencia del poder judicial –señaló- la aptitud que tengan los magistrados judiciales de resistir las presiones del poder político, algunos agregan del poder económico, la composición de los consejos de la magistratura, autarquía, asegurar recursos suficientes, comparto la idea de que tienen que estar comprendidos los delitos contra la administración, y hasta hoy no encontré que me expliquen porqué no están”.
 
“Respecto a las responsabilidades de ser jurado –añadió- se hablaba de sentido común y el modelo de jurados populares que estamos prestos a avanzar en la sanción, se implementaría en la provincia del Chaco integrante de una nación que ha delegado atribuciones en el poder central entre ellos dictar los códigos de fondo, esto del cohecho tiene como dos caras de una misma moneda, no van a estar incluidos los jurados, y cuando en este despacho se nos dice que el juez penal va a informar, y no queda claro si el jurado es un funcionario o no, el cohecho está anclado, la condición de funcionario público es fundamental para la configuración del tipo penal”. 
 
“El jurado tiene que tener una responsabilidad, una preparación –enfatizó- cuando confiamos en nuestra sociedad, confiamos en nuestro pueblo, queremos la democratización de la justicia de la cual la implementación del juicio por jurado en sede penal será una parte, pero hay que alertar también sobre estas cuestiones, por eso es importante que cuando se efectúe el sorteo de los que podrían llegar a ser los jurados se precise mejor las características de las organizaciones de la sociedad civil y el carácter condicionante de la presencia de las organizaciones, el contralor es importante, la confianza hay que rodearla de requisitos imperativos y condicionantes mayores”.
 
Admitió que “la posición de este legislador respecto de este tema, no va a coincidir con los colegas del Interbloque, coincido que vamos a saludar esta saludable discrepancia, - hubiese sido lindo avanzar por unanimidad – en una institución que propone definiciones muy trascendentes sobre la vida y libertad de las personas, este debate merecía más tiempo, incluso la posibilidad de recorrer los mismos lugares con un predespacho respecto a lo que se pudo consensuar para volver a ampliar el debate y retomar dentro de algunos meses volviendo al Recinto con algo más consolidado que nos ayude como legisladores a definir”. 
 
El radical Sergio Vallejos señaló “hay que hacer una aclaración, la Constitución Nacional no ordena la instrumentación del juicio por jurados sino que deja esa decisión librada al criterio de los legisladores futuros, de manera que el Congreso Nacional debiera establecer por ley este proceso, hoy pasados 160 años sigue sin instrumentarse, tal vez, la respuesta de porqué no se avanzó tiene que ver con que este instituto presenta severos cuestionamientos y lagunas que requieren nuestra atención desde el punto de vista jurídico y práctico”.
 
“Estamos pretendiendo avanzar en un instituto del siglo XIX que ha nacido 70 años antes que nuestro Código Penal Argentino, antes que la ciencia penal, más allá de la buena intención que descarto que ha habido en los legisladores y juristas de renombre que hoy nos visitan a quien agradezco su presencia, se utilizaron palabras rimbombantes como la democratización de la justicia, la participación de la gente en la implantación de justicia, la justicia al alcance de todos, pero lo que la gente quiere, y este es un tema de absoluta actualidad, la gente pide justicia, celeridad y transparencia, pero no quiere hacer el papel de juez, lo que quiere la gente es que los jueces hagan su trabajo”.
 
“De manera que pregunto a todos –cuestionó- si por un dolor de muelas se atenderían por un vecino, cuando se habla de democratizar la justicia, no hacemos otra cosa que una barata demagogia, estamos poniendo en manos de 12 personas elegidas por sorteo la administración de justicia. El jurado ni siquiera debe fundar su decisión, lo cual afecta seriamente las garantías constitucionales, por otra parte con este proyecto hay un claro desplazamiento de la justicia, se argumenta que el jurado resuelve sobre hechos y no derecho, estamos poniendo esto en manos de 12 personas que no conocen derecho porque no han estudiado, no conocen conceptos como ensañamiento, violencia de género, no conoce provocación suficiente, culpa, dolo eventual, vamos a poner la vida o libertad de una persona, en manos de un vecino que atiende un kiosco”.
 
El diputado Juan José Bergia, del bloque NePar coincidió en destacar que “lo establecido en este proyecto está pautado en la Constitución Nacional, en referencia a lo que decía el diputado preopinante, hay muchas personas con estudios que en esta provincia tumbaron el instituto del amparo. Esto no es demagogia, configura una impronta importante para la sociedad chaqueña, por más que se diga que esto no es democratizar la justicia”. 
 
“Nos parece una oportunidad responsable –sostuvo- para que cada uno de los ciudadanos que integren ese jurado cumplan los requisitos, tanto por parte de los jurados como del juez  interviniente. Tenemos que confiar, trabajar como se trabajó en una ley como la de concurso de los jueces del Superior Tribunal, no fue demagógico, le dio confianza a los ciudadanos en la provincia y lo que se busca con esto es un funcionamiento judicial comprometido, responsable, democrático y está en la agenda de la gente y no podemos denostar, como lo decía el legislador preopinante, a un zapatero, un diarero, vamos a acompañar, hay que ser confiado, poner voluntad y ganas de seguir avanzando, la gente necesita participación”.
 
La diputada del bloque UCR NEA Ana María Canata manifestó “el jurado no es el pueblo ni ha sido elegido por el pueblo, son doce personas surgidas de un sorteo en el padrón electoral, el jurado condena y absuelve arbitrariamente sin brindar ninguna explicación, lo cual se riñe con la transparencia y racionalidad que deben exhibir los actos de gobierno y lo hace absolutamente inconstitucional. Estas personas surgidas de un sorteo no han sido capacitadas para juzgar, siendo posible que se le pasen cosas por alto y dicten su veredicto incurriendo en un error judicial, los miembros del jurado carecen de la experiencia necesaria en los estados judiciales y resultan más permeables a la manipulación corriéndose el peligro de que decidan con sentimentalismo, ceguera, irracionalidad y prejuicio”.
 
“La verdad –sostuvo- es que el juicio por jurados es lento, caro, antidemocrático, oscurantista, proclive al error judicial, no parece lógico ni razonable que se ponga en manos de estas personas la vida y libertad de la población, tampoco creo que tengan capacitación suficiente para juzgar rectamente, conforme los valores de la sociedad, es sabido que los miembros del jurado no tienen la obligación de motivar sus decisiones, bastando el recurso a la íntima convicción”. 
 
“En otras palabras –reiteró- y tal como se ve a menudo en las películas o series televisivas, al jurado se le pregunta con solemnidad si ha llegado a un veredicto respecto de la culpabilidad o inocencia del acusado, pero no se le exige que fundamente una u otra respuesta. Esto a un juez técnico le estaría completamente vedado, no ya a condenar o absolver, sino también procesar o sobreseer, valiéndose de una sentencia que careciera del más mínimo y elemental razonamiento y seguimiento lógico de las pruebas y de los hechos que motivaron el proceso”. 
 
“Es bueno recordar un reportaje efectuado a la fallecida Ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, que se mostró partidaria del juicio por jurado, pero resalto que en la actualidad hay tres puntos que lo hacen problemático y por los cuales ella no esta de acuerdo en su aplicación en Argentina: estos son la cuestión económica, la falta de educación y los medios de comunicación que prejuzgan los hechos” finalizó.
 
La diputada justicialista Elda Pértile explicó que “con Nievas y los demás miembros integrantes de la Comisión cuando nos propusimos recorrer la provincia, buscar ciudades cabeceras para poder reunirnos y escuchar la opinión de nuestros conciudadanos, enriquecer con debates este proyecto de ley que lo ha propuesto el Poder Ejecutivo, lo hicimos con la convicción que estos debates iban a ser aportes y así fue. Recogimos opiniones en Villa Ángela, San Martín, Castelli, Charata, Sáenz Peña, Resistencia, y debo decir que nosotros como representantes del pueblo hemos vuelto al pueblo y hemos afianzado el pensamiento mayoritario del pueblo, y este proyecto se ha modificado en algunos aspectos y también se ha legitimado con la opinión recogida”. 
 
“Como se habló de que al pueblo le falta educación –planteó- yo tengo formación académica pero soy ciudadana sobre todas las cosas y me siento capaz de -sin ser abogada- contribuir a la sanción de leyes que considero que son las mejores para el pueblo. Quiero afianzar cuando hablamos tanto de educación, que nuestro primer Gobernador constitucional del Chaco fue canillita y tuvo visión y no le falto vocación, no tenemos desde este lugar de la representación popular que dejar de tener en cuenta que somos ciudadanos”.
 
Sostuvo que “con este sistema de juicio por jurado no es que queda al arbitrio de que cualquiera diga y haga cualquier cosa, por eso es que el proyecto de ley da algunas instrucciones, este sistema tiene una representatividad en la conformación del jurado y es la proveniencia de jurados de distintos sectores, distintos oficios, distintas edades, distintas etnias, esto le da una representación que está concentrada en esas doce personas. Además la presentación adecuada de los hechos, la autonomía del veredicto y a deliberación le da una alta calidad democrática, en esa condición plural que si anteponemos los doce frente a un juez solo, el juez también puede equivocarse y doce personas que van a debatir, que van a analizar, que van a criticar, que tienen la obligación de emitir un juicio unánime, son una garantía para el pueblo”. 
 
“Estos jurados –explicó-  tienen otras perspectivas y aplican valores, los jueces lo que aplican son normas técnicas y jurídicas, mientras que estos jueces legos lo que aplican son normas comunitarias, tienen más al alcance de ellos el sentido común,  no tienen la barrera de la técnica.
Ese es el valor de las normas comunitarias, el sentido común, la lógica del hombre simple del que no tiene la norma jurídica, sino la norma de vida, además están en condiciones de realizar un análisis atento y critico porque son muy conscientes de la responsabilidad que le dan, esa carga publica. El juicio por jurado da calidad democrática, es un juicio popular es símbolo de la expresión de lo que es la deliberación del empoderamiento ciudadano”.
 
María Lidia Cáceres del bloque Justicialista manifestó “es un verdadero gusto estar en esta sesión donde estamos tratando en un debate amplio, abierto, plural, y donde se expresaron todas las voces, tanto a favor como en contra, uno de los paradigmas de lo que tiene que ver con la democratización de la justicia, y sin duda lo que ha caracterizado la gestión de Jorge Capitanich justamente es el fortalecimiento institucional que ha sido uno de los pilares de su gobierno”. 
 
Recordó que “en esta provincia en el 2007 en adelante el Ejecutivo Provincial ha impulsado reformas estructurales que encontraron marco favorable en este Poder Legislativo, siempre en miras al desarrollo de la calidad institucional, sin dudas una de las reformas trascendentales ha sido la modificación al Código Procesal Penal de la provincia mediante ley 7143, a través de la cual se profundizó el modelo acusatorio por oposición al sistema inquisitivo que proveyera las largas demoras y tediosos tramites burocráticos en la tramitación del proceso penal”.
 
“No debemos olvidar –agregó- lo que ha sido en su momento el cuestionamiento a la Ley de Amparo, y lo que ha sido la definición del Gobernador de la provincia de restablecer la 4297 con el amparo tal y como lo prevé la Constitución tanto provincial como nacional”. Enfatizó que “esto no viene porque sí, porque es una manda constitucional, no es que esto este divorciado del derecho, por el contrario, es una institución del derecho, y las diferentes reformas operadas guardan como común denominador proveer al sistema de interrelación del aparato judicial con la sociedad a través de sus diferentes estamentos”.
 
Observó “hemos recorrido las distintas circunscripciones judiciales y hemos recepcionado voces en un 95% a favor y han estado presentes la mayoría de los Colegios de abogados de todo el interior y de la capital, y hemos tenido las voces de los pueblos indígenas a través de la presidenta del Idach Andrea Charole que también se mostraba conteste con la definición puntual que tiene que ver con una discriminación positiva en la conformación de jurados en casos que involucren a miembros de los pueblos indígenas”.
 
La justicialista Mirta Morel manifestó “profunda complacencia en cuanto a que esta Legislatura esté abordando en este momento esta iniciativa en el marco de lo preceptuado por nuestra Carta Magna nacional, sin dudas este es un proyecto paradigmático donde se propicia la participación ciudadana, mi participación tiene que ver no para abordar lo que ya desde el punto de vista técnico expusieron sobradamente mis compañeros de este Frente Chaco Merece Más, y de más está decir que esta incitativa responde a una intencionalidad manifiesta del Gobernador de la provincia, mi intervención está motivada porque causa tristeza escuchar cuando casi con absoluto desparpajo y en tono descalificatorio se refieren al ciudadano como si todos fuera de los abogados fuésemos infradotados, que no tenemos capacidad de pensar y de discernir”.
 
“Estoy convencida –sostuvo- que el sentido común no es privativo de aquel o de aquella que acredite un título profesional, porque muchos de ellos a pesar de haber pasado por la facultad carecen de ese sentido común. Y si no miremos la composición de este parlamento, todos los que estamos aquí en nombre y representación del pueblo del Chaco, asumiendo con absoluta responsabilidad ese mandato popular, somos legisladores y legisladoras y participamos de diferentes comisiones, yo tengo la honrosa distinción de presidir la Comisión de Hacienda y Presupuesto y no acredito título profesional, simplemente tengo experiencia y mucho sentido común”.
 
Agregó “quiero recordar también que el primer Ministro de Economía de Perón no fue profesional, sin embargo lo acompaño eficientemente en su gestión, esto no pretende ser un enfrentamiento o una confrontación entre profesionales o no profesionales, lo que estamos tratando acá es la conformación de un tribunal donde la representación ciudadana esté contenida, donde se juzga al ciudadano que ha incumplido y que debe ser juzgado por sus hechos”.
 
Enfatizó que “hay un principio esencial donde se sostiene que el derecho se presume conocido, lo que es algo elemental, en consecuencia, si se pone en tela de juicio esta iniciativa donde el pueblo va a estar sentado juzgando el accionar de otro ciudadano y que al parecer debería acreditar conocimientos en materia de derecho, cabe preguntarse por qué ocurren tantas cosas en esta patria nuestra, donde tanto pregonamos por una justicia independiente, donde no todos los jueces son probos y honestos, donde no todos los profesionales del derecho hacen honor a ese juramento”. 
 
El presidente del interbloque Unión por Chaco el radical Carim Peche sostuvo “a mí en mi casa me enseñaron que doctor se hace y señor se nace, por eso siempre me gusto que me digan señor Peche, creo que el título no hace a la persona, nuestro bloque es un bloque democrático, y cada uno tiene la libertad de votar, y sobre todo en estos temas que son tan importantes para la vida de los ciudadanos, como considere que esta bien o esta mal”.
 
“Quisiera decir algunas cosas –manifestó- no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista del ciudadano común,  esto hay que decirlo, no puede ser que un tema tan trascendente tengamos un despacho a las cuatro de la tarde, otro a las siete, esto es poco serio porque no estamos hablando de un tema común y corriente, estamos hablando de un juicio donde van a haber nuevas perspectivas”.
 
Sostuvo, “este es un tema que tenemos que corregir entonces en algunas cuestiones, por ejemplo no se si está incluido pero el tema de los jurados se debería exigir la educación secundaria –en este punto el diputado Sánchez aclaró que fue un tema debatido y coincidimos en estudios primarios completos- la escuela secundaria es el segmento del sistema educativo que completa los trece años de educación obligatoria fijado por la ley de educación nacional 26206”.
 
Opinó también que “no se pueden excluir a los profesionales del derecho de que puedan ser jurados, creo que sería una injusta discriminación, ya que es importante que haya conocimientos técnicos, tenemos el caso de Córdoba por ejemplo en el que la mitad de los jurados son técnicos” y agregó “en lo referente a la integración de los casos en que víctima y victimario sean pertenecientes a pueblos originarios se sugirió que se debían integrar solo en un cincuenta por ciento por personas de los pueblos originarios porque de lo contrario implicaría una discriminación positiva dado que si fuese el cien por ciento se debería resolver el problema entre ellos, como si las demás partes de la sociedad le dieran la espalda a las comunidades originarias”.
 
”Otro tema –continuó- es el tema de que no se pueden recurrir las sentencias absolutorias, mas allá de que se debe tener en cuenta que se atenta contra el derecho de las víctimas, lo que está garantizado en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos” y finalmente destacó que “¿no puede ser una opción del imputado que elija entre el juicio por jurado y el juicio común?”
 
El diputado justicialista Orlando Charole destacó que “en derecho se establecen tres conocimientos, el conocimiento científico, el conocimiento vulgar y el conocimiento filosófico, el vulgar puede dejar de ser científico porque es un conocimiento pre existente y quiero decir que es muy importante porque cuando nosotros nos colocamos en la idea de saber todo ese es el peor error, entonces no permitimos que aquel que piensa distinto pueda tener una mejor idea”. En ese sentido, argumentó que “sería un error grave decir que los que van a componer el jurado van a ignorar todo”.
 
Nancy Mariel Gersel del bloque Justicialista  manifestó “los abogados, los jueces, después magistrados, son estudiosos de las leyes, las leyes fueron sugeridas estudiadas y aprobadas por los legisladores, estos son ciudadanos comunes que utilizan el sentido común para poder trabajar para la gente, y trabajamos con el sentido común y ponemos en tela de juicio constantemente esto, y trabajamos con  los valores éticos y morales, dos conceptos que me gustaría que se puedan repensar”. 
 
Expresó “los valores éticos tienen que ver con los deberes y con los derechos, los valores morales con cada sociedad pueden ir variando y cambiando, si consideramos que los legisladores quienes formamos las leyes no tenemos mayores condiciones para hacerlo y si trabajamos con ética, con moral y con sentido común, por qué privar a la ciudadanía que tiene valores éticos y morales de que puedan ser jueces, que puedan juzgar determinadas conductas, por qué no pensar en esta cuestión de la ética para coartar esto que estamos diciendo”. Enfatizó “este es un derecho que vamos a dar a los ciudadanos y me gustaría que al momento de la votación sea nominal y que se de a conocer quienes no permiten que la ciudadanía se exprese”.
 
El presidente del bloque Justicialista Ricardo Sánchez se refirió al debate como “una audiencia que va a quedar para la historia de nuestra Legislatura, por la posibilidad de sumar al Chaco a la mejor legislación en la materia. No abundaré en las cuestiones históricas que con sobrados argumentos relató el Presidente de la Comisión de Legislación General a quien felicito junto a todos los integrantes por el tratamiento dado al tema, son seis veces que la comisión deliberó por esta cuestión con una amplia convocatoria, rebatiendo algún argumento de la oposición de que esto se fue haciendo hoy a la tarde, se fue haciendo en varios meses y aun hoy hay cosas sobre las que no tenemos unanimidad, y lo van a ver en nuestro bloque en particular porque hay cuestiones que claramente tenemos distintas posiciones”.
 
“Si bien no está en el despacho puesto a consideración –puntualizó- entendemos que el caso de corrupción de menores cuando estamos hablando de una víctima menor de 13 años donde la pena va de 6 a 15 años de prisión debería estar dentro de la competencia de juicio por jurados, violación común con agravantes y el abuso contra la integridad sexual agravada, son los tipos que parte de este bloque planteamos entre dentro de la competencia, así como traición a la patria y alzarse en armas contra la patria”.
 
“Escuchamos otras voces –puntualizó- que decían ampliemos el rango de delitos, pero hay que ver que con lo novedoso, con la infraestructura para llevarlo adelante, esto tiene un costo porque ese jurado va a tener un viático de 2500 unidades tributarias, y a eso se le puede sumar a petición de cada jurado el traslado y otros tipos de cuestiones, es una carga presupuestaria y también la cuestión de la infraestructura edilicia, es decir, es un sistema nuevo y por ende entendemos que debemos avanzar con cuidado de no formar un cuello de botella por incluir a todos los delitos”.
 
En cuanto al veredicto absolutorio no recurrible, explicó “lo tenemos en el despacho como no recurrible, por aquél argumento de que la soberanía popular no puede someterse a un juez técnico, quiero recordar que esta cuestión no solo está en este despacho que ponemos a consideración sino que si vemos la legislación comparada, es un tema instalado en todas las legislaciones. Hay otra cuestión, si son 12 miembros y los 12 no alcanzaron la unanimidad, ahí no termina, el juez como director del proceso imparte instrucciones, indaga cuál es la materia probatoria donde no hay unanimidad, se puede reabrir esa audiencia de debate, y que cada abogado alegue de nuevo sobre ese tema específico”. 
 
“Y si a pesar de esa reapertura o nuevas instrucciones tampoco hay unanimidad –aclaró- el juez declara estancado el proceso, que no implica que a partir de allí viene la absolución, sino que se convoca a un nuevo jurado. Eso está en el despacho que estamos firmando, no es nuevo que ante el juicio estancado se convoque nuevo jurado, si 12 personas vieron un juicio y no lo vieron culpable y si se hace con 12 jurados nuevos y no declararon culpable al imputado llevado a proceso de juicio por jurado podemos decir que uno puede tener sus dudas, pero no podemos decir que el estado no puso todo lo que tiene que poner para que la soberanía popular determine sobre la culpabilidad o no”. 
 
“Se planteó que si era como condición para ser jurado este tema de una educación universitaria, secundaria, primaria, o solo leer y escribir, es cierto que tuvimos distintas posiciones, rechazamos la educación universitaria como base parea la integración en un tribunal popular, pero entendimos que la educación primaria completa era un rango completo, sin embargo el juez tiene una audiencia en la que interroga al jurado y lo puede eliminar porque considera que no está en condiciones de comprender lo que pasa en la audiencia y emitir un dictamen con la responsabilidad que implica mandar a una persona a prisión de por vida” detalló.
 
“Cada sorteo se hace por circunscripción –agregó- y hay un listado que será depurado tanto por el juez primero como también por las partes. Hay una audiencia de jurados que pueden ser recusados con o sin causa, hasta cuatro sin causa pueden ser recusados, y el resto podrá ser acuerdo de partes, con el juez o imposición del juez de acuerdo a lo que fue el resultado del sorteo”.
 
El diputado detalló algunos aspectos más de la ley y concluyó “damos un paso en la democratización de la justicia como lo dio Capitanich con el proceso de concurso sobre los jueces del Superior Tribunal, en este momento se está llevando otro concurso para cubrir una nueva vacante en el STJ y esto se llama calidad institucional que no solo la habla Capitanich sino la practica”
 

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