Miércoles, 4 Diciembre, 2019 - 12:19

La Justicia ratificó la validez del decreto que establece honorarios mínimos de escribanos

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El juez Civil y Comercial Nº 8 de Resistencia, Alejandro Herlein, rechazó una acción de amparo que pedía declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación arancelaria de los escribanos, vigente desde noviembre de 2018. 
 
Se trata de la normativa que establece los montos mínimos que los escribanos deben cobrar por su actividad –el “piso” para calcular los porcentajes que percibirán el Colegio profesional y la Caja Notarial–, así como la prohibición de pactar honorarios por debajo de esos montos: un decreto del Ejecutivo que ratifica la reglamentación arancelaria fijada por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos.
 
EL CASO
 
La acción de amparo fue iniciada por dos escribanos que solicitaban se declare la inconstitucionalidad del Decreto Nº 447 del 11 de febrero de 2019, por entender que el mismo asigna validez y eficacia a procederes institucionales en abierta violación de la ley Nº 784-C y por los cuales el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos y de la Caja Notarial han asumido el ejercicio de potestades reservadas exclusivamente a los órganos estatales competentes.
 
En un extenso fallo el magistrado luego de analizar las particularidades que presenta la actividad notarial y toda la normativa que le resulta de aplicación refirió “que el órgano competente por ley para establecer los aranceles notariales es el Poder Ejecutivo Provincial, por lo que indefectiblemente las resoluciones dictadas por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos fueron dictadas en el ejercicio de atribuciones que le correspondían a otro órgano de la administración pública”.
 
“No obstante ello nos encontramos frente a una incompetencia relativa, lo que implica la posibilidad de mantener la vigencia de los actos a través del saneamiento de los mismos. En este sentido, si es posible y deseable la autoridad competente -Poder Ejecutivo Provincial- puede subsanar el vicio mediante la ratificación con efecto retroactivo, lo que efectivamente ha ocurrido con el dictado del decreto cuestionado”, precisó.
 
Herlein también advirtió que de hacer lugar al planteo formulado por los amparistas se afectaría seriamente la subsistencia del sistema previsional de los notarios y de la fiscalización de la profesión, cuyo sostenimiento económico depende de los aportes de sus miembros.
 
Finalmente, apuntó la necesidad de sopesar “el incalculable daño que importaría declarar la nulidad e invalidez de los actos realizados a la luz de las resoluciones dictadas por años por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, ya que salta a la vista que el hecho trasciende a los recurrentes para abarcar a todo aquel que de una u otra manera se halla bajo el imperio de la reglamentación profesional local”.