Viernes, 5 Marzo, 2021 - 11:25

La Fiscalía pidió la elevación a juicio de Aída Ayala en la causa por fraude a la administración pública

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La diputada nacional está acusada de “haber firmado un convenio con sobreprecios” cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, entre 2015 y 2017, según confirmaron oficialmente. Además también están imputados otros dos funcionarios públicos y el propietario de la empresa que se habría beneficiado con la transacción.
 
El Fiscal Federal de Resistencia Patricio Sabadini pidió la elevación a juicio de la causa que investiga a Aída Ayala por supuesta defraudación al Estado en tiempos en que se desempeñó como funcionaria nacional, cuando se desempeñó como secretaria de Municipios del Ministerio del Interior.
 
En su requerimiento, el fiscal Sabadini consideró que la diputada, valiéndose de su función de secretaria de Asuntos Municipales, direccionó la contratación con el municipio de Quitilipi a través de los funcionarios públicos Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, la compra de herramientas y maquinarias con precios más elevados que los establecidos por el mercado”, relata el sitio Fiscales.
 
Esta causa nació en mayo de 2018 a partir de una denuncia de Carlos Casalboni, intendente de Quitilipi en ese momento. Por ello la Justicia Federal ordenó allanar una oficina de Matías Balmaceda Paiva, exyerno de Ayala.
 
De acuerdo a la acusación, Ayala firmó el 28 de julio de 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de $960.093 a la firma Service Hogar, propiedad de uno de los imputados y beneficiario de la transacción. Según Sabadini “dichos fondos provenían del Estado Nacional los cuales han sido utilizados por Ayala y los demás imputados para que se abonen cifras exorbitantes perjudicando las arcas del Estado”.
 
El fiscal explicó en el requerimiento “cómo el sobreprecio habría sido demostrado por un informe del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quitilipi, que efectuó las averiguaciones correspondientes en otras casas comerciales sobre los precios de las maquinarias y elementos comprados y llegó a la conclusión de que la suma pagada a Service Hogar era exorbitante”.
 
También afirmó que “la imputada omitió deliberadamente todo tipo de control de precios de las herramientas y maquinarias adquiridas, al aprobar posteriormente la rendición de cuentas y generar un error en el estado que desembolsilló casi un millón de pesos, siendo que ha podido comprobarse que la adquisición de tales elementos se podría haber realizado por mucho menos que lo que se abonó finalmente”.
 
ACUSACIONES
 
El fiscal les atribuyó a los cuatro imputados el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, con inhabilitación especial perpetua de ejercer la función pública para los tres funcionarios acusados. Asimismo, se le endilga a la diputada Ayala la calidad de autora del hecho, mientras que a los otros tres imputados como partícipes necesarios.
 
Por otra parte, en cuanto a los fondos percibidos por el imputado, titular de Service Hogar, el requerimiento advirtió que “se desconoce su destino y que la cuenta donde se depositó el dinero fue vaciada en cinco días”.
 
Cabe marcar que en enero Aída Ayala se refirió a las causas en las que está procesada por la justicia federal (también está involucrada en la conocida públicamente como Lavado II). Allí afirmó que “fui perseguida por la justicia” y agregó que “no tengo empresas, no tengo propiedades, no tengo testaferros. La gente me conoce, camino por las calles de la ciudad y la gente es muy afectuosa”.
 
En Chaco todos me conocen, tengo una casa, un auto. Fui intendente 12 años y mi error o lo que no se me perdona es haber ganado en el 2017 las elecciones nacionales a todo el arco político. Fui electa con la diputada Terada y ahí hicieron todo este carpetazo con llamadas anónimas que nunca existieron, de peritajes que todavía no revelan nada, ojala vaya a juicio oral porque ese peritaje no resiste”, había manifestado.