Lunes, 7 Octubre, 2019 - 12:06

Supuesta defraudación al estado
La Cámara de Apelaciones ordenó que Niremperger continúe a cargo de una investigación contra Aída Ayala

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El pasado agosto la jueza federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, se declaró incompetente en la investigación de una causa que investiga posible defraudación al estado por parte de Aída Ayala en sus tiempos de funcionaria nacional.
 
Las pesquisas indican supuestas maniobras que se habrían realizado cuando Ayala se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de Nación entre 2015 y 2017. Según la denuncia del intendente de Quitilipi Carlos Casalboni, desde esa oficina nacional bajaban fondos a diferentes localidades “con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”.
 
Lo cierto es que como la investigación está centrada en la denuncia de Casalboni, Niremperger utilizó el argumento geográfico para declararse incompetente en la causa y enviar las actuaciones al Juzgado Federal de Sáenz Peña, el que abarca el territorio de Quitilipi.
 
Aquello fue rechazado por el fiscal federal Nº 1 Patricio Sabadini, quien apeló ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Dicho tribunal de alzada falló a favor del fiscal y decidió que la causa siga en la órbita del Juzgado Federal que encabeza Niremperger y no en el senpeñense.
 
La sentencia, firmada por la camarista María Delfina Denogens, expresa que “analizada la cuestión venida a conocimiento “prima facie” observo que la causa se encuentra en un estado incipiente, sin embargo, se ha especificado en el requerimiento de instrucción formal la maniobra que diera origen a los presentes autos, la que en prieta síntesis, podría configurar fraude en perjuicio de la administración pública a raíz de operaciones efectuadas con sobreprecios y en violación de reglas de contratación, las que involucran a Aída Ayala, otrora Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, Claudio Alejandro Tolosa (propietario de Service Hogar), Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, todos domiciliados en esta ciudad, siendo que la Sede de la Fundación Construir, indicada como intermediaria en el esquema delictivo, también se encuentra en esta ciudad”.
 
“En este cuadro de situación, entiendo que de momento asiste razón al Sr. Fiscal en el sentido de que la utilización de la intermediación del Municipio de Quitilipi resulta circunstancial, al menos hasta que se avance en la pesquisa”, señala Denogens y agrega: “Dadas las particulares circunstancias y probanzas recabadas hasta el momento, puestas de manifiesto en el requerimiento citado, resulta prematuro asignar a la ciudad de Sáenz Peña la competencia territorial para la instrucción de un delito que posee las connotaciones arriba referidas, en cuanto a la conformación de la maniobra y a su posible consumación tanto en esta ciudad como en aquella. Entonces, de cara a la intensa actividad probatoria que ha desplegado la Fiscalía, entiendo que debe continuar entendiendo el Juzgado hasta ahora actuante”.
 
De todas maneras, la jueza de Cámara concluyó expresando que “en este estadio del proceso, resulta competente el Juzgado Federal de Resistencia N° 1 para seguir entendiendo en los presentes obrados”, aunque aclaró que la decisión es tomada “sin perjuicio de que, una vez avanzada la instrucción, surjan nuevos elementos determinantes a efectos de rever la cuestión debatida”.
 
LA CAUSA
 
Esta nueva causa, diferente de la que se conoce públicamente como Lavado II, nació en mayo del 2018 cuando la Justicia Federal ordenó hallanar una oficina de Matías Balamceda, ex yerno de Ayala.
 
En aquel momento se supo que la denuncia la había hecho el propio intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, donde contó que Ayala, en su rol de secretaria nacional, bajaba fondos a diferentes localidades “con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”. “Uno de esos locales se llama Chaco Service, donde en el domicilio declarado en realidad funciona un local de service de aires acondicionados”.
 
En abril de este año, Sabadini pidió la indagatoria de la actual diputada nacional, teniendo en cuenta que "ha quedado acreditado que bajo dirección de la Sra. Aida Ayala, quien se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales -del Ministerio del Interior de la Nación-, se efectuaron maniobras direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido el Sr. Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los elementos adquiridos, que ello ha sido efectuado mediante las firmas de Convenios entre la Municipalidad de Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por la Sra. Ayala”.
 
Según se detalla en la actuación donde la Jueza se aparta del caso, la hipótesis que maneja la justicia es que "se habría diseñado un plan metódico, que habría requerido para su concreción: que desde el municipio de Quitilipi se tome la decisión administrativa de obviar el proceso de licitación requerido por la normativa específica en relación al monto del financiamiento; que la autoridad máxima de dicha comuna, al haber optado por el sistema de contratación directa, se incline por realizar la compra del supuesto destinatario predilecto por parte de quienes habrían esquematizado el plan de acción; que por medio de la municipalidad de mención se inicien las actuaciones administrativas necesarias para solicitar el financiamiento, aportando a su vez el presupuesto presuntamente cargado con sobreprecios a las autoridades de la Secretaría de Asuntos Municipales; que los fondos emitidos por Nación ingresen al erario municipal".

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