Jueves, 21 Mayo, 2020 - 19:33

Juristas Nacionales destacan la presentación del proyecto de ley para modificar la normativa de protección de intereses difusos y colectivos.

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En la última sesión de la Cámara de Diputados llevada adelante el miércoles 13 de mayo se dio ingreso al proyecto de reforma de la Ley de Protección de los Intereses Difusos y Colectivos N° 3911, algo que fue llevado a discusión por los distintos sectores tras la presentación del proyecto de Ley N° 731/20 que encabezó el legislador radical Livio Gutiérrez. 
 
En ese sentido, el legislador explicó que “esta normativa existe en nuestra provincia desde el año 1993, pero con el paso del tiempo y los nuevos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había quedado desactualizada y necesitaba una adecuación a los nuevos tiempos, incluyéndose además conceptualizaciones nuevas y complementarla en aspectos de acceso y ejecución de la sentencia entre otros”. 
 
La presentación tuvo inmediata repercusión en el sitio Class Acctions Argentina especializado en procesos colectivos y que hace poco ha obtenido del CONICET la asignación y registración del blog con su ISSN del que participan juristas e investigadores de todos el país y de distintas Universidades Nacionales, han señalado en relación al nuevo proyecto de ley presentado que "La iniciativa fue promovida por el Dr. Livio Gutiérrez y propone una regulación muy completa y sistémica para reformar una de las leyes pioneras en nuestro país en el campo de la tutela colectiva de derechos (sancionada en el año 1993, antes del reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva en la Constitución Nacional)..”  
 
Por su parte Gutiérrez explico en relación a la importancia y metodología adoptada para el proyecto "entendemos que esta es una gran herramienta para garantizar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables, pero pese a ello, no era muy utilizada por los operadores del sistema, por lo cual decidimos en el año 2018 avanzar con un proceso distinto para su reforma el que consistió en convocar a todos los sectores involucrados en su implementación. En este camino convocamos a jornadas y foros de debate, donde participaron juristas nacionales, la Asociación de Magistrados, ministros del Superior Tribunal, el Ateneo de Estudios Procesales, abogados, profesores universitarios y asociaciones civiles para que nos den su aporte y poder plasmarlo en la nueva legislación. Con posterioridad, se avanzó en la redacción de la norma, utilizando como fuente los proyectos nacionales y de doctrina existentes, la experiencia y aportes de las jornadas lo que concluyó en el proyecto de reforma presentado.”  
 
“Más allá de las discusiones y debates que pueda generar este proyecto o de los intereses corporativos o políticos, no debemos nunca dejar de lado de lo que significa legislar en este sentido y que estamos otorgando a la ciudadanía una herramienta para garantizar el acceso a la justicia de grupos de personas, especialmente aquellos grupos estructuralmente vulnerables, desprotegidos, relegados o desventajados, mejorando la eficiencia y efectividad en garantizar derechos constitucionales y por ello espero que exista un amplio acompañamiento de mis pares”, finalizó el legislador.