Jueves, 22 Octubre, 2020 - 15:34

Intangibilidad: Ejecutivo y Legislativo intentaron llevar la discusión a la CSJN pero el STJ lo rechazó

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Continúa el conflicto relacionado a los salarios de los jueces chaqueños. Desde los poderes Ejecutivo y Legislativo quisieron que la Corte Suprema interceda, pero el STJ rechazó el pedido.
 
El pasado 10 de septiembre un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chaco intimaba al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo al restablecimiento de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios “a través de la recomposición de los salarios de los amparistas mediante un mecanismo que reinstaure su vigor y permita el funcionamiento independiente del Poder Judicial”. Eso debía ser aplicado dentro del plazo de sesiones ordinarias de este 2020.
 
Luego de ese fallo, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Fiscal de Estado Andrea Quevedo, se interpuso un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia contra la sentencia nombrada.
 
La Provincia hizo la presentación entendiendo que el primer fallo del STJ, el máximo órgano de la justicia chaqueña, “se aparta de los lineamientos establecidos por el Supremo Tribunal, decidiendo cuestiones que no se encuentran enunciadas en las pautas de la sentencia mencionada, sentando un precedente negativo al sistema de gobierno republicano en violación de disposiciones y principios constitucionales nacionales y provinciales que detalla”.
 
Además, consideraron también que “el Tribunal se apartó de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia de fecha 12 de noviembre de 2019, entre ellos, el carácter meramente declarativo de la existencia de diferencias sustanciales entre las remuneraciones de jueces de la Provincia con los de otras jurisdicciones y afectación de la garantía constitucional de intangibilidad de remuneraciones”.
 
Por otra parte, se manifestó que “intimar a los demás Poderes del Estado a que ‘dentro del plazo de sesiones ordinarias del corriente año proceda al restablecimiento de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones a través de mecanismos que reinstaure su vigor’, es una clara inmersión del Poder Judicial sobre los demás poderes del Estado que intenta modificar el espectro de acción que corresponde a éstos, como es decidir sus prioridades, su agenda de gobierno”.
 
La presentación de Quevedo expresó que ordenar al Ejecutivo y al Legislativo las adecuaciones presupuestarias y la sanción de los instrumentos legales para su cumplimiento “los despoja de sus atribuciones constitucionales en materia salarial para el Poder Judicial, quien se arroga una función propia de otro órgano, por lo que cae en idéntica tacha de arbitrariedad que la sentencia anterior que debió ser revisada por el Alto Tribunal”.
 
Por último, fundamenta “el agravio referido a la reparación retroactiva” e indicó que “la arbitrariedad reside en la imposición de la reparación de un daño generado por la desvalorización del poder adquisitivo de la moneda a la Provincia del Chaco cuando es la Nación quien regula la emisión monetaria y la política económica nacional”.
 
La presentación de la Fiscal de Estado finaliza con un petitorio de estilo solicitando concesión del recurso federal, la elevación de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y oportunamente se decrete la nulidad del pronunciamiento atacado. La representante del Poder legislativo, con patrocinio de Quevedo, interpuso y fundamentó un recurso extraordinario en idénticos términos.
 
Ante esta situación, los jueces subrogantes del STJ Juan Martín Bogado, Adrián Fernando Farías, Sergio Cáceres Olivera y Fernando Heñin, resolvieron rechazar los recursos extraordinarios federales interpuestos por la Fiscal de Estado, en representación de la Provincia del Chaco y del Poder Legislativo.
 
Fundamentaron la determinación en que diversos puntos, entre ellos que “el Pacto de San José de Costa Rica sólo requiere la doble instancia para los procesos de naturaleza penal, aunque no así para los restantes, donde su exigencia se circunscribe a la intervención de un tribunal que satisfaga las condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 8”.
 
También expresaron que “analizados los argumentos expuestos, a los fines de determinar si cuenta con fundamentos suficientes para declarar admisible el recurso federal, se advierte que la resolución impugnada no se aparta de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el contrario, la sentencia atacada recoge de manera explícita lo resuelto por el Alto Tribunal en fecha 12/11/19 en cuanto a que la afectación de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones que perciben los actores ha quedado firme y la cuestión a dilucidar se centra únicamente en el mecanismo constitucionalmente diseñado para restablecer su vigencia”.
 
El fallo recurrido se sustenta autónomamente en legislación común nacional cuya inconstitucionalidad no es sostenida en el recurso, evidenciando así en lo que se refiere a dicha cuestión que el recurso carece del requisito de relación directa e inmediata que debe existir entre la cuestión federal propuesta y lo decidido por el pronunciamiento, circunstancia que obsta a su admisibilidad”, argumentaron los magistrados.
 
Respecto al “esfuerzo” realizado por el Poder Ejecutivo, según lo expresado por la Fiscal de Estado, los jueces consideraron que “de la sola lectura de la sentencia atacada se advierte la falta de asidero de dicho reclamo”. “La normativa alegada (Decreto 3033/19) se tiene fundamentalmente en cuenta en tanto es allí de donde se extrae la aceptación por parte de la Provincia de la existencia de una más que considerable brecha entre los salarios percibidos por los jueces locales y la media regional y nacional”, agregaron.
 
Desconocer tales afirmaciones importa una clara contradicción con los propios actos ya que, de la simple lectura de la norma mencionada, surge el reconocimiento del Poder Ejecutivo de la validez de la aspiración a la equiparación con la remuneración media de los poderes judiciales de todas las provincias de la República Argentina”, agregaron de forma contundente.
 
Directamente relacionado con lo vertido en este punto, en cuanto a lo alegado por las recurrentes a la “…inmersión del Poder Judicial sobre los demás poderes del Estado que intenta modificar el espectro de acción que corresponde a éstos, como es decidir sus prioridades, su agenda de gobierno”, debemos destacar que la Sentencia N° 251/14 ya disponía exhortar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo el establecimiento de una escala remunerativa que acompañe el restablecimiento de la intangibilidad violada, la que, reiteramos, ha quedado firme al no haber sido apelada”, añadieron.
 
También se refirieron a que el Ejecutivo entiende que no existe en el caso un supuesto de reducción salarial (intangible) “sino de pérdida de poder adquisitivo del salario, a consecuencias de decisiones que en materia económica las determina Nación y que son soportadas por todo el pueblo argentino sin distinción de ninguna naturaleza”. “Nuevamente, reiteramos al respecto lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la violación de la garantía de la intangibilidad ha sido consentida por los Poderes Legislativo y Ejecutivo Provinciales y como tal ha quedado firme”, expresaron los magistrados.
 
De las consideraciones vertidas se concluye que el remedio impetrado deviene técnicamente insuficiente, dado que las recurrentes no han logrado demostrar a través de una crítica concreta, pormenorizada y frontal las causales que habilitarían la revisión extraordinaria de la resolución dictada por este Tribunal”, cerraron los jueces sus argumentos, antes de rechazar el recurso interpuesto por Andrea Quevedo en representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por el cual buscaba llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
Cabe marcar que según la sentencia, si el Legislativo no cumple con lo fijado en primer término, podrá ser dispuesto por el STJ had hoc.
 

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