Martes, 12 Enero, 2021 - 21:21

Impulsan una ley para que Nación pague los gastos que generan las protestas en la Ciudad de Buenos Aires

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Marchas, protestas, festejos, velorios multitudinarios. En su rol de Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires es el escenario de todo tipo de manifestaciones y eventos nacionales. Una buena parte están relacionadas con políticas del Gobierno de la Nación o son organizadas por este o tienen que ver con los proyectos que se discuten en el Congreso. Ejemplos de esto fueron las concentraciones a favor y en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la despedida de Diego Maradona. Pero es la Ciudad la que paga la seguridad, la limpieza, la reparación de los destrozos o la reposición del césped, entre otros gastos que generan las concentraciones de gente. ¿Es justo que sea así?
 
Para el diputado porteño Sergio Abrevaya (GEN), no es justo. "Una concentración le cuesta a la Ciudad un promedio de 3,5 millones de pesos", explica. Por eso el legislador presentó un proyecto para que el Gobierno nacional se haga cargo de esos gastos, en el contexto de la quita de coparticipación, que impactó fuertemente en las finanzas porteñas.
 
"La Ciudad de Buenos Aires es una provincia, no es más el ente descentralizado de la Nación. En 1987 se aprobó la ley 23.512 de traslado de la Capital a Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre, que nunca se concretó. Y la nueva Constitución Nacional convirtió a la Ciudad en una provincia, que es asiento de las autoridades nacionales mientras lo dispongan y que está obligada a prestarles colaboración. Pero nada dice acerca de quién paga los gastos que producen una fiesta del Bicentenario, las movilizaciones o un velorio multitudinario", argumenta Abrevaya.
 
 
En otras palabras, por ser capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un montón de gastos extra. Y el proyecto de ley de Abrevaya pretende que el Gobierno nacional deba pagar un reembolso por cada movilización o evento nacional. Porque hasta ahora es la Ciudad la que se hacer cargo de los costos de volver a poner en condiciones espacios emblemáticos como la Plaza de la República y el Obelisco, que suele ser blanco de pintadas; la Plaza de Mayo o la plaza Congreso, epicentros de las manifestaciones.
Entre los fundamentos del proyecto se citan números suministrados por el Gobierno de la Ciudad. Los 3,5 millones de pesos promedio que salen del erario porteño para recuperar los espacios públicos después de una protesta se destinan solamente a la limpieza, la reposición de plantas y la limpieza de pluviales adicional. Aparte quedan los gastos de seguridad.
 
Se citan ejemplos concretos. Uno es el velatorio de Maradona, realizado entre el 25 y el 26 de noviembre en la Casa Rosada, que le costó a la Ciudad $ 8.323.000. Casi la mitad de ese monto fue para pagar el operativo de limpieza posterior en la Plaza de Mayo. Pero además hubo que reparar 20 contenedores de residuos y 54 cestos, podar o retirar plantas dañadas, plantar nuevo césped, reponer canteros con herbáceas, y quitar las pintadas del mobiliario urbano, las fuentes y los solados, entre otras tareas.
 
Por otro lado, las concentraciones del 29 y 30 de diciembre a favor y en contra del aborto durante el debate en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo costó $ 8.529.000. Además de las reparaciones y limpieza de la Plaza Congreso, ese monto incluye el alquiler de baños químicos por $ 1.260.000.
 
El proyecto de ley de Abrevaya busca que en casos como estos, en que se trata de actividades públicas organizadas por poderes nacionales o manifestaciones motivadas por el funcionamiento de estos, la Nación pague los gastos mientras la Ciudad de Buenos Aires siga siendo la capital del país.
 
"Por supuesto, esto tiene que ver con quien paga los gastos, no con el ejercicio del derecho. La Ciudad garantiza el pleno derecho a manifestarse", aclara el legislador.
 
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad serían los encargados de calcular los costos. Y el Gobierno nacional tendría que hacerle un pago mensual a la Ciudad, con retroactividad al 1° de enero.
 
 
Se tomarían en cuenta todos los gastos que generen la organización y logística previa; el acondicionamiento inicial del espacio público en caso de manifestaciones o eventos; el control del acceso; la seguridad; los vallados y desvíos en el tránsito; la coordinación y asignación de personal de distintas áreas, por ejemplo de Salud o Seguridad; la provisión y plantación de césped y canteros; el aumento de los costos de mantenimiento y del servicio de barrido y recolección de residuos; la limpieza de pluviales; la reparación de daños a espacios públicos y privados, y la reposición de mobiliario urbano y luminarias vandalizados.
 
"Genera muchos problemas ser capital -argumenta Abrevaya-. Si esto ocurriese en cualquier provincia, lo justo sería que la Nación le pagara también a esa provincia. Si el Gobierno nacional genera problemas, el erario local no tiene por qué hacerse cargo de ese gasto. Y menos cuando en la Ciudad ya no tenemos espalda para hacerlo por la quita de la coparticipación y la agresividad permanente que tienen a la hora de recortar los fondos porteños".
 
 
 
Fuente: 
Clarín