Viernes, 25 Septiembre, 2020 - 13:18

Francotiradores públicos o privados
Por Amalia Isabel Rivero (*)

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El 20 de septiembre se cumplieron 36 años de la presentación del informe de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) constituida por destacadas personalidades de nuestra vida nacional, en lo cultural, desde las letras, de las ciencias, dirigentes políticos, miembros de organizaciones de Derechos Humanos; conocidos luego como “NUNCA MAS”, presidida por Don Ernesto Sábato.
 
El 10 de diciembre se cumplirán 37 años de la recuperación de nuestra Democracia, de nuestra República, del estado de derecho, sin embargo, los acontecimientos actuales, Pandemia y CUARENTENA mediante, se asemeja a un estado autoritario, que avasalla las autonomías y los recursos genuinos, llevando el centralismo del gobierno nacional hacia extremos pocas veces vividas. 
 
Se retrocede a épocas medievales, kilómetros de zanjas que dividen ciudades, provincias, barrios enteros.
 
Abusos indiscriminados de sanciones de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del gobierno nacional y provinciales. Un verdadero Estado de Sitio no declarado legalmente, pero que, de facto, funciona casi sin ningún control jurisdiccional.
 
Y en este marco de despropósitos, donde la angustia social e individual, el temor infundido hacia la ciudadanía, adoptan políticas similares previas a la Revolución Francesa. Como olvidar que el Comité de Salud Pública de la Francia de fines del 1700, estaba conformada entre otros por el célebre Robiesperre, que a mansalva utilizó la guillotina para eliminar opositores e indeseables, solo con informes burocráticos. Hoy no hay guillotina de manera física, pero sin dudas, que funciona con las formas moderadas de mortificar al pueblo. Sin poder trabajar, sin poder transitar, sin poder manifestar, sin poder sostener sus empresas, negocios familiares, sin poder sostener con dignidad a sus familias. Sin poder acceder a la salud para sus familiares, sin poder asistir a amigos en su lecho de muerte o despedida. 
 
Las manifestaciones sociales de descontento ante la designación de un funcionario público en el gobierno de la provincia, repudiado por sectores vinculados a organismos no gubernamentales, que denunciaron públicamente la presencia de “francotiradores” apostados en inmediaciones de Casa de Gobierno, nos lleva a preguntarnos legítimamente si el poder ejecutivo está aislado de lo que sucede en la realidad social y cotidiana de los habitantes.
 
Este estado de excepción de hecho, no puede llevarse y atropellarse a nuestras instituciones y representaciones. La prepotencia en la utilización de la fuerza de seguridad, que son de todos los chaqueños, y no de los inquilinos del poder, es una demostración del abuso permanente por parte de las autoridades. La respuesta, en un comunicado insulso, quedó en manos de la jefatura de la policía, el autogobierno. Donde está el Ministerio Gobierno y el Gobernador para debidamente esclarecer semejante denuncia.
 
(*) Abogada.