Sábado, 7 Noviembre, 2020 - 12:47

Feria judicial: un absurdo insostenible
Por Aldo Daniel Ávila (*)

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Me preguntaron si, a pesar de la cuarentena estricta y el tiempo que estuvieron cerrados los juzgados, y los feriados y las marchas y contramarchas ocurridas cada vez que se registraba un caso de Covid-19, el modo de trabajo, etc., etc., habría feria judicial este fin de año.
 
Sin dudar contesté que así como hubo receso invernal, habrá receso estival.
 
Las ferias judiciales, en realidad, se instauraron hace muchísimos años para que los integrantes del Poder Judicial pudieran poner en orden el trabajo administrativo y, de esa manera, cumplir sus funciones de un modo más ordenado. Pero hoy este sistema es, cada vez más, cuestionado por muchos juristas.
 
Estos recesos judiciales abarcan todo el mes de enero y dos semanas del mes de julio. O sea, que hay un mes y medio en que se paraliza el servicio de justicia.
 
Pero esta descripción es mentirosa.
 
Lo es porque en las costumbres propias de nuestro Superior Tribunal de Justicia, los términos procesales se suspenden los días 14 o 15 de diciembre, inevitablemente. De allí hasta el 24 de diciembre en que comienza formalmente la feria, se da una especie de “estado de feria” en que sólo se trabaja sobre causas urgentes, y todo lo demás se va apilando (y no es una  expresión metafórica), “para después de la feria”.
 
De modo que, son más de treinta los días que se detiene la actividad jurisdiccional. Desde el 24/12 hasta el 31/01 del año siguiente. Serían 39 o 40 días en verano y quince en invierno. En total, se supera, largamente, el mes y medio. Son casi dos meses de inactividad.
 
Seguramente dirán que quedan y van rotando jueces de feria, cosa que es verdad.
 
Pero no es menos verdad que esos jueces se hacen cargo de varios juzgados de distintos fueros y que para que una cuestión merezca ser atendida, deben existir razones más que suficientes que “habiliten la feria judicial”.
Sólo se tratan urgencias. 
Además, el horario de atención es reducido. Normalmente de 8:00 a 12:00.
 
El Poder Judicial pretende hacernos ver, de modo sistémico, lo mucho que trabajan, que su presencia social es permanente y lo mal reconocidos que están. Más aún en materia salarial.
 
Sin embargo, en relación a otros servicios -que no se suspenden- su presencialidad es notablemente inferior.
 
Se trabaja medio día y sólo de lunes a viernes. 
En otros países los tribunales funcionan los días sábados y en jornadas más extendidas.
 
Si a todo este panorama le sumamos los feriados nacionales, provinciales y asuetos departamentales, obtendríamos como resultado que la justicia trabaja menos de 200 días por año (un estudio realizado en la Provincia de Mendoza reveló que sólo alcanzan a 180 días), algo inconcebible pero real.
 
Más, esta situación no se verifica en el resto de la administración pública donde servicios esenciales como la salud y seguridad se organizan de tal manera que no interrumpen su prestación y, no, por ello, se cercenan los derechos de sus integrantes.
 
Hay que explicar que durante la feria judicial no se pueden presentar demandas de ninguna índole (salvo una urgencia que habilite la feria y esté altamente justificada), no se computan los plazos procesales, no se producen pruebas, no hay posibilidades de cobros o pagos judiciales, tampoco se celebran audiencias, en los juicios ya iniciados no se toman decisiones judiciales; un sin fin de limitaciones que es lo mismo que decir (por eso lo digo), que el órgano jurisdiccional se paraliza.
 
No obstante ello, en esos días las demás actividades como las comerciales o financieras no se detienen. La vida misma no se interrumpe y, por ende, no dejan de haber conflictos intrafamilares o muertes o accidentes o incumplimientos contractuales o comisión de delitos, por citar algunos supuestos.
 
La feria es, sin dudas, un gran contratiempo. Un obstáculo.
 
Hay otro dato que no es menos significativo: 
Los estudios jurídicos saben de antemano qué jueces quedarán de feria y, por ende, cual es su “criterio” respecto de determinadas cuestiones.
 
Por eso, no es casual que en feria se concedan ciertas medidas excepcionales que no prosperarían en otro momento, y que dichas medidas (cautelares por ejemplo) sean otorgadas por jueces que no son los titulares del juzgado que les toca gestionar, y, por tanto, se violan los criterios que, de ordinario, se manejaban en dicho tribunal.
 
Estas rarezas, también se dan y son propias de la feria judicial. 
 
Hay miles de razones que me llevan al convencimiento de que el Poder Judicial debe adecuar su organización y los medios disponibles para funcionar el año entero. Provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza han elevado proyectos de Ley para la eliminación de tan arraigado como anacrónico instituto. 
 
Cabe aclarar que nadie se inmiscuye en los tiempos de vacaciones de los funcionarios ni sobre las condiciones laborales de los empleados, sino estrictamente sobre la prestación del servicio de justicia.
 
La Corte Suprema de Justicia incluyó dentro de las garantías del art. 18 de la Constitución Nacional la “tutela judicial efectiva” (como la denominara Bidart Campos) que no es otra cosa que la posibilidad de obtener el acceso a la justicia, y en ese sentido se publicó un trabajo interesante cuya autoría corresponde a la Ministra Iride María Grillo (EL derecho a la tutela judicial efectiva –SAIJ/2004).
 
Ahora bien, para que exista tutela judicial efectiva es imprescindible que la justicia funcione de manera continua e irrestricta. Y las ferias judiciales no son otra cosa que una restricción a dicho acceso.
 
O sea, mirándolo desde este punto de vista, violarían garantías de rango constitucional. Pues el servicio de justicia debe ser permanente  y absoluto hacia la comunidad.
 
Es evidente que la feria judicial es un absurdo insostenible.
 
(*) Abogado