Miércoles, 11 Marzo, 2020 - 20:51

Exigir justicia
Sol Piñero (*)

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Existe un supuesto básico que sostiene que los Estados-Nación se constituyen en base a una especie de contrato social, por el medio del cual los ciudadanos le conceden ciertas facultades, pero fundamentalmente su dinero al Estado a cambio de que este último sea el garante de ciertos derechos y beneficios. 
 
En este contrato, como en cualquier otro, existen dos partes cada una con derechos y obligaciones a cumplir. Podríamos decir que mientras que los ciudadanos pagan impuestos y respetan la ley, el Estado es el encargado de garantizar que ciertas necesidades estén cubiertas. ¿Cómo? Pues administrando el dinero que obtienen de los ciudadanos. Porque por supuesto, esto facilitaría que los ciudadanos trabajen, ganen dinero y no nos olvidemos, sigan aportando. 
 
Dentro de este sistema existen algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, el Estado es el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza, es decir que es el único dentro de este contrato que puede utilizar la fuerza de manera legítima con el fin de garantizar seguridad hacia el interior de las fronteras del Estado-Nación. 
 
Hace unos días Marcos Misiaszek fue asesinado por dos ladrones, que para robarle sus pertenencias le pegaron dos tiros. Dos tiros que le perforaron las venas, el estómago, otros órganos y que finalmente lo dejaron sin vida. Los detenidos no solamente tenían causas previas, sino que además eran conocidos en el barrio por andar a los tiros. 
 
A raíz de esto me puse a investigar y descubrí primero y principal, que los últimos datos oficiales actualizados son del 2018 y revelan que en Argentina hubo en ese año: 2.362 víctimas de homicidio, 456 566 víctimas de hechos de robo y 174 633 víctimas de amenaza (sin mencionar otro tipo de violencia, pero por el momento quedémonos con esto). Por cada año, más de 633.561 personas sufren alguno de estos hechos. Esto equivaldría a casi el doble de cantidad de personas que viven en el gran Resistencia. 
 
Argentina se encuentra en una de las regiones más violentas del mundo y esta violencia tiene, al igual que un contrato, 2 caras: Por un lado, los famosos delincuentes, los que ejecutan los delitos y que no respetan la ley, pero por otro el Estado que no es capaz de garantizar la seguridad al interior de las fronteras del país, por más que para hacerlo cobre y aumente los impuestos.
 
Los por ahora acusados del asesinato de Marcos no solamente se encontraban libres debido a la incompetencia del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que además dentro de la misma comisaría donde se encontraban detenidos (sin mencionar que es ilegal tener detenidos en una comisaría) hubieron, en menos de 4 días, 2 incidentes causados dentro de las celdas en la cual se encontraban. Uno de los cuales fue incluso filmado por un teléfono celular dentro de la comisaría (sin mencionar que no está permitido que los detenidos tengan teléfonos).
 
Es así que en la Argentina del año 2020 el ciudadano medio se encuentra doblemente preso: Por parte de un sistema incompetente que no tiene reparos en pedir y aumentar impuestos cuando su incompetencia se lleva puesta la vida de los ciudadanos que clama proteger; Y Por parte de los delincuentes que atentan en contra de las leyes, el orden y la vida de las personas a expensas de un sistema que los deja ser.
 
El caso de Marcos no es el primero, y estoy segura que cualquier persona que hoy me lea conoce a alguien que sufrió algunos de los hechos de violencia que mencioné, si es que no lo vivió por sí mismo(a). Es imprescindible entender que la legitimidad del contrato que tenemos los ciudadanos con el Estado no puede basarse más en promesas oníricas e irrisorias. Los ciudadanos estamos siendo estafados por una serie de autoridades políticas que incumplen constantemente un contrato social por el cual todos pagamos.  
 
(*) Magíster en Estudios Latinoamericanos – Políticas Públicas