Viernes, 25 Septiembre, 2020 - 09:46

Estado Judicial: traslado de Jueces y transformación de Tribunales
Por Antonio Luis Martínez (*)

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que en función de ser cabeza del Poder Judicial de la Nación y así también por el ejercicio de su actos de superintendencia otorga verdaderos Actos de Gobierno, al ser estos necesario para garantizar tanto la investidura de los jueces como la existencia misma de esas investiduras.
 
Por ello señaló que al cumplirse con los procedimientos constitucionales del art 99 inc. 4 de la Constitución Nacional y al finalizarse adecuadamente ellos designándose a los Magistrados se garantizan las siguientes derechos: a) derecho de peticionar a la Jurisdicción por parte de todos los habitantes, b) garantías del principio de Seguridad a las repuestas jurisdiccionales a esos planteos, c) prestaciones otorgadas por jueces independientes e imparciales y d) servicios de justicia fundados en Legitimación Constitucional.
 
Dijo asimismo que existe entre la finalización de los procedimientos, adecuados y constitucionales de nombramientos y el ejercicio independiente de las Magistraturas una “conexión inescindible”. La denominada calidad de Juez solo reconoce un Único Proceso de designación, donde por los sujetos que intervienen resulta ser esto un Acto Complejo cuyo fin es la búsqueda de un equilibrio político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Estos Poderes y la intervención del Consejo de la Magistratura con su competencia, señalan además al Senado de la Nación y su necesario acuerdo como “Un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial”. (Fallos. 330:2361, “Rosca” y 338:1216, “Uriarte”).
 
El Senado “presta” o no su acuerdo en la persona que propone (Fallos 338:284 Con. 15 - y Fallo 330:2361 Cansad.- 11- Doctrina de- Hamilton Alexandre en “El Federalista”). La designación y nombramiento por el proceso único que establece la Constitución, dijo la Corte a los fines de su idoneidad, requiere el acuerdo del Senado para un cargo determinado judicial, con competencia determinada, la misma jerarquía y un fuero material determinado.
 
Así es que jurisprudencia, que el Juez del fuero nacional ordinario de la Capital Federal no es igual al Juez del fuero federal, no se equiparan pues no tienen la misma competencia material (caso “Nisman” - Fallos 339:1342). Si bien es cierto los dos pertenecen al Poder Judicial de la Nación, pero “no corresponde equipararlos porque la competencia tiene distintas materias” (Fallos 338:1517 – voto R.L.Lorenzetti-Maqueda “Corrales”). No se tolera la “otra” competencia radicalmente distinta bajo los conceptos de “traslados” o “transformaciones”.
 
En el expediente número 1220 del año 2018, la CS de Justicia tuvo oportunidad y en fecha 15 de Marzo de ese mismo año, de dictar la Acordada Numero 4- la decisión está en la que interpretó lo relativo a si un juez designado por el Único Proceso exigido constitucionalmente y particularmente su traslado, requerían de otro proceso distinto. Señaló allí “Que respecto de la cuestión de si un traslado de jueces requieren de una nueva designación debe destacarse que la reforma constitucional de 1.994 introdujo un nuevo mecanismo de nombramientos de magistrados inferiores (art 99 inc. 4to y 114 inc. 1 y 2 CN) estableciendo una limitación a la duración de sus mandatos y requiriendo un nuevo nombramiento precedido de acuerdo del Senado, pero solo para mantener en el cargo a los magistrados que hubieren cumplido setenta y cinco (75) años de edad. El texto del art 99 inc. 4 de la CN evidencia que el constituyente tuvo presente con claridad los casos en que un nuevo nombramiento era exigible y que decidió no exigirlo para el traslado de jueces”. (Ver: Considerando - IX.-Acordad-4-/2018).
 
En el considerando señalado (–X-) indicó la Corte “Que a lo anterior cabe agregar que requisito de idoneidad que establece el art 99 inc-4-de la Constitución Nacional debe entenderse como satisfecha en virtud de que los magistrados trasladados fueron designados de conformidad con el procedimiento constitucional vigente a la época de sus respectivos nombramientos. Exigir una nueva designación con intervención del Consejo de la Magistratura Acuerdo del Senado Decreto del Poder Ejecutivo –en virtud de la reforma del art 99 inc. 4 de la Constitución-, para los jueces que se “trasladan”, resultaría a todas luces inaceptables.
 
Si un nuevo acuerdo fuese exigible para el traslado, por razones de consistencia también debería exigirse un nuevo acuerdo para todos los magistrados designados mediante el procedimiento constitucional vigente con anterioridad a la reforma de 1.994 -ya que ellos tampoco han sido designados de acuerdo con el nuevo procedimiento de la Constitución reformada, sobre su alcance la Corte dijo que “El alcance de una designación en un cargo judicial no puede ser entendido en términos que supongan que los magistrados pueden desempeñarse única y exclusivamente en el puesto en que fueron  originariamente designados. Si ello fuera así el Congreso jamás podría alterar la competencia de los Tribunales ampliándola o modificándola, lo que cercenaría una facultad que la Constitución le atribuye de manera exclusiva (Fallos 327:831, entre otros); pues toda ampliación o modificación de la competencia de un tribunal implica la habilitación para que los magistrados entiendan en materias o cuestiones para los que de acuerdo con la tesitura que se rechaza, no habrían sido designados. Más aun, la evidencia que una nueva designación no es necesaria para transferir a un magistrado de la misma jerarquía se patentiza con el hecho de que cada vez que un juez de una Cámara de Apelaciones integra en los términos del art 31 del Dto. 1285/58 otra Cámara distinta a aquella en que ha sido designada no se exige formalidad alguna. Es de destacar que la integración de la Cámara con el Juez de otro Tribunal es definitiva, para cada uno de los justiciables en cuyas causas dicho juez entenderá, por lo que no puede alegarse que la falta de exigencia de un nuevo acuerdo se debe a la transitoriedad de la designación. Tampoco se requiere una nueva designación en el caso de magistrados jubilados quienes conservan el “Estado Judicial” y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia, o vacancia el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio Publico de la Nación, o de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas” (Ley 24.018-art 16 inc. a). “Todos los jueces nombrados por el procedimiento establecido en la Constitución –Nacional, independiente del juzgado para el que han sido designados adquieren “Estado Judicial”, con su primera designación.”
 
“Tampoco puede ponerse en duda –cuando los jueces designados originariamente por la Constitución tienen la misma especialidad jurídica –el derecho penal – la idoneidad de los jueces trasladados”.
 
“Debe enfatizarse que las facultades de transformación y traslados ejercidos por la Ley 27.307 no lesionan en abstracto, ni la garantía del juez natural (Fallos 17:22) ni suponen un atentado contra la inamovilidad de los jueces ni contra su independencia. Se trata en el caso materialmente de un mero traslado dentro de la esfera del Poder Judicial de la Nación del que no surge animo de constreñir a los magistrados ni de colocarlos en funciones radicalmente diversas de aquello para los que oportunamente fueran designados (Fallos 313:330 voto Juez Faya conde. 5to)”.
 
En fecha más reciente, esto es el día 11 de abril de 2018 la Corte Suprema dicto la Acordada numero 7 señalando en ese instrumento lo ya jurisprudenciado en la Acordada núm. 4 y en realidad efectuó un reenvío a la misma (Considerando X) ratificando los términos de su decisión que así tienen plena vigencia.
 
La Acordada núm. 7 en verdad se remitió al caso “Nisman Natalio Alberto” dictado en fecha 20 de Septiembre de 2016 en cuyo considerando ratificó lo decidido en el caso “Corrales” (Fallos 338:1517) señalando que la competencia se dirime desde allí por la materia y  no por la naturaleza del juez y concretamente dijo que “no corresponde aplicar al supuesto de traslado de magistrados federales para desempeñarse en  funciones de la misma  jerarquía dentro de la Jurisdicción federal con igual competencia material mediando consentimiento del magistrado respectivo. No es necesario la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación conforme las exigencias del art 99 inc. 4 de la Constitución Nacional.
 
La Acordada núm. 4/2018 que decidió la cuestión de la validez de los traslados fue interpretada a la luz del texto de la Ley 27.307 cuyo propósito fue evitar que los procesos penales, tuvieran fin en sobreseimientos por el mero transcurso del tiempo sin debate ni sentencia, es decir por las Prescripciones Masivas, fundamentalmente para no permitir la impunidad respecto de violaciones a los derechos humanos, relacionados ellos a los que fueron los actos frecuentes de la dictadura militar, corrupción, narcotráfico, delitos complejos. Asimismo a fin de no afectar la integralidad de los Tratados, ni el principio liminar y operativo “per se”- señaló el Supremo Tribunal- del principio Pre ambular de “Afianzar la Justicia”. (Ver: Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores Sesión del día 10 de Agosto del año 2016, pag. 16 Miembro Informante de la Comisión-Senador Guastavino. Y Sesión Ordinaria del día 28 de Setiembre de 2016 Mensaje núm. 554 de fecha 4 de Abril de 2016-Legislador Mestres).
 
 
(*) Juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del Chaco