Lunes, 30 Marzo, 2020 - 20:24

Estado de excepción y coronavirus
Por Luis Rodríguez Martínez (*)

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El gobierno actual inició su mandato con la sanción de una ley de emergencia que otorgó al presidente facultades excepcionales delegadas por el congreso nacional, un alarde de autoritarismo al que nos tienen acostumbrados las sucesivas administraciones justicialistas.
 
Es tal la amplitud de materias sobre las cuales puede decidir por decreto el poder ejecutivo, que importa en la práctica disolver el congreso durante la vigencia de la ley 27.541. Lo que ab initio significó una afrenta al sistema republicano de gobierno, adquirió nuevo impulso con la propagación de la pandemia de coronavirus, pues sin respaldo jurídico se han afectado las más importantes garantías constitucionales, verbigracia, de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de usar y disponer de su propiedad; de enseñar y aprender; todas ellas contempladas en el art. 14 de la constitución nacional. 
 
La aquiescencia de la población tiene su justificación en el pánico colectivo generado por la epidemia, pero aquellos que hemos hecho de la aplicación de la ley nuestra profesión y modus vivendi, no podemos ignorar o desentendernos de analizar objetivamente la legalidad y constitucionalidad de los actos de gobierno.
 
Puestos en esa empresa, la conclusión es que la mayoría de las medidas adoptadas implican transgresión de derechos constitucionales, y no se diga que la gravedad de las circunstancias lo ameritan, porque lo concerniente a la sujeción de los funcionarios políticos al orden jurídico no está supeditado a la medicina, concretamente a la epidemiología, sino a una ponderación exclusivamente jurídica.
 
Sin perjuicio del beneplácito con que fueron recibidas por un pueblo aterrorizado las drásticas medidas adoptadas por Alberto Fernández, todas serán susceptibles de control de razonabilidad por parte del poder judicial.
 
Es apropiada la tenacidad puesta por el presidente para evitar la universalización de la epidemia, que la población valora positivamente, pero sus medidas no llevan la impronta de la legalidad porque nuestra constitución tiene una laguna respecto de la manera de enfrentar crisis como la actual.
 
La única institución que permite suspender las garantías constitucionales es el estado de sitio regulado por el art. 23 de la CN., que faculta al presidente a detener personas y moverlas de un punto a otro del país. Sin embargo, su imposición procede en caso de “conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de la constitución y de las autoridades creadas por ella”.
 
Aun haciendo una interpretación laxa de la expresión “conmoción interior” para entender la emergencia actual comprendida en ese texto, la implantación del estado de sitio sería insuficiente para afrontar la pandemia porque las atribuciones del presidente se circunscriben “respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino” (art. 23 CN).
 
Si bien quedan en suspenso las garantías constitucionales, la norma precitada expresa: “Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas”. ¿Cómo se compadece esta prohibición con las detenciones y penas que se aplican a los infractores del aislamiento obligatorio, con el secuestro de automotores?.
 
Todo lo aquí expresado viene a cuento para demostrar que frente a la situación de extrema gravedad que afrontamos, la constitución no prevé un remedio para encauzar legalmente el estado de excepción.
 
Los romanos, sabios en derecho, cinco siglos antes de Cristo crearon una magistratura que daba una respuesta eficaz a estados excepcionales como los previstos en el estado de sitio: la dictadura, magistratura que, a pesar de la connotación peyorativa que tiene el término actualmente, tenía por finalidad preservar el funcionamiento de la constitución romana, de sus instituciones, y no podía exceder el término de seis meses.
 
El genio jurídico romano, persuadido que una concentración excesiva de poder en el dictador (“magister aequitum”) podía degenerar en una tiranía, lo subordinó a limitaciones muy estrictas.
 
Pese a gozar de tan amplios poderes, dirigidos a salvar a la República de un desastre inminente provocado por una guerra o una sedición, el dictador estaba sujeto a ciertos límites precisos. Además de estar constreñido por la finalidad general de actuar con vistas a la preservación del orden constitucional y por la brevedad de su comisión (máximo de seis meses, como se ha dicho), el dictador estaba impedido de elaborar leyes, tarea reservada siempre, incluso en situaciones de crisis, al Senado.
 
Además, el dictador carecía de potestad para allegar recursos financieros, medida que requería el consentimiento del Senado; estaba desprovisto de jurisdicción civil; y en ningún supuesto podía iniciar una guerra ofensiva, debiendo circunscribir sus tareas a aquellas de naturaleza meramente defensiva y de rechazo de huestes hostiles (estos límites impuestos a la dictadura evidencia el propósito de otorgar a los demás poderes del estado la potestad de controlar y sopesar la autoridad del “magister aequitum”).
 
Han pasado dos mil cuatrocientos años y Argentina sanciona una “ley de emergencia” que atribuye al presidente de la Nación la suma del poder público, sin control de los otros órganos democráticos previstos en la constitución. Si los romanos establecieron que la “dictadura” no podía durar más de seis meses, la ley 27.541 prevé la duración de un año; sin embargo, habida cuenta las experiencias recientes, previsible e inexorablemente será prorrogada su vigencia si el justicialismo obtiene las mayorías necesarias y circunstanciales en el congreso.
 
Regresando al momento que vive actualmente en el país, mi opinión es que estamos inmersos en el reino de la ilegalidad; se han atropellado derechos y garantías constitucionales sin implantar el estado de sitio. Tampoco sería ajustado a derecho que se entienda que la ley de emergencia 27.541 faculta al presidente a restringirlas, pues si no puede hacerlo durante el estado de sitio, que debe ser aprobado por el Senado (art. 99 CN), mucho menos sobre la base de una ley de delegación de poderes del congreso inconstitucional.
 
Que los argentinos nos hayamos acostumbrado a todo tipo de arbitrariedades políticas y jurídicas no nos exime a los abogados de señalarlas inclusive en tiempos de peste como el actual. No me escapa que estos razonamientos serán pasibles de críticas estimándolos irresponsables; ante el miedo, el ser humano justifica cualquier tipo de vejaciones y ultrajes, sobre todo cuando un valor tan preciado como la salud está en juego.
 
El análisis jurídico no puede estar condicionado por la virulencia del coronavirus o su capacidad de contagio, sino por los principios de una sana hermenéutica jurídica. La prepotencia de los hechos, las medidas expeditivas tomadas por AF, serán percibidos por la población como un acierto político, pero los abogados no podemos sustraernos a la obligación de efectuar una valoración jurídica stricto sensu.
 
(*) Abogado