Sábado, 11 Septiembre, 2021 - 13:06

¿Es el sistema o es la Justicia lo que no avanza?
Por Aldo Daniel Avila (*)

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Después de padecer un muy complicado 2020 para desarrollar las tareas propias de cualquier abogado que es la de litigar. Litigar con juzgados cerrados, con empleados y funcionarios que se resistían a la presencialidad.
 
A recibirnos en nuestro lugar natural de trabajo, invocando la protección de su integridad física como si fueran la garantía insustituible de la preservación de la especie humana, que veían al papel como un elemento agresivo y acechante de contagio, que se tomaron una y mil licencias en disfavor de nuestra profesión; me formulo la siguiente pregunta: ¿Hemos avanzado?
 
La respuesta no es simpática ni, seguramente, del agrado de muchos/as.
 
En varios aspectos sí. Como lo es la renovación tecnológica y aplicación de nuevos métodos que potencialmente agilizan los trámites.
 
Sin embargo, y frente a un sinnúmero de ventajas. El servicio de justicia sigue siendo lento. 
 
Sigue sin dar las respuestas que la inmediatez de cada caso exige.
 
No hay atención pública. No hay participación profesional, salvo turnos previamente tramitados con no menos de 48 horas de antelación. La mayoría –o casi todas- las audiencias preliminares y de trámite se realizan por video llamadas utilizando la plataforma de whatasapp. Los pasillos están vacíos, las mesas de entradas, también. Los expedientes fuera de nuestro alcance.
 
¿Lo descrito incide en la agilización de los trámites? No.
 
Rotundamente, no.
 
Eliminada toda esta burocracia que significaba la presencia cotidiana de abogados/as y secretarias en las instalaciones de tribunales, ¿debió haber contribuido a una labor más expedita? 
 
Rotundamente, sí.
 
¿Influye negativamente en nuestro diario acontecer laboral?
 
Rotundamente, sí.
 
Tenemos escritos que siguen demorando semanas en ser proveídos, pese a que, con la informática de nuestro lado, no hay excusas a la inmediatez de su recepción. 
 
A pesar de que casi toda la población chaqueña cuenta con el esquema completo de vacunas, incluidos abogados y magistrados y empleados. La resistencia a la tarea presencial sigue imponiéndose con singular éxito.
 
Ahora bien. Habría que preguntarse dónde radican los motivos de tan férrea oposición. Sin dejar de destacar que varios  funcionarios/magistrados/empleados, al año 2020, lo vivieron en modo sabático.
 
Las escuelas han retornado a una presencialidad impostergable.
 
El comercio se abrió en su totalidad. La mayoría de las reparticiones públicas trabajan normalmente. 
 
¿Dónde radica el problema del servicio de justicia?
 
¿En quienes disponen la manera en que debe brindarse o en quienes lo ejecutan?
 
Qué tipo de control se ejerce y cuales los estándares, que permiten a la cabeza de esta estructura piramidal, estar satisfechos con la labor jurisdiccional que otorgan.
 
Ya no existe el miedo a lo desconocido como el año anterior. Ya se sabe con certeza que las vacunas son efectivas. O, en su defecto, los procedimientos terapéuticos del caso, han elevado su eficacia de modo exponencial.
 
¿Será que los planes a futuro son una justicia desprovista del trato personal?
 
En primer término, carecemos de los dispositivos y medios que nos permitan, siquiera, suponer una digitilización absoluta de los trámites. O al menos, que funcione en términos aceptables.
 
Y en segundo lugar, la justicia no puede ser concebida bajo esos preceptos o criterios. 
 
Máxime cuando ellos mismos reconocen que los poderes judiciales tienen, en la gente, la confianza muy deteriorada.
 
Si de algo se quejó la sociedad en los últimos tiempos fue del alejamiento de los jueces del mundo real. De la falta de empatía para con la problemática de los justiciables.
 
De la pérdida de sensibilidad.
 
¿La tecnología ayuda a conectarnos mejor con las necesidades y urgencias de la gente?
 
No quiero tener una mirada de utopía retrospectiva.
 
Pero nunca, como hoy. 
 
Todo tiempo pasado fue mejor.
 
(*) Abogado.
Presidencia Roque Sáenz Peña