Miércoles, 18 Diciembre, 2019 - 13:04

Emergencia y populismo para todos y todas
Por Luis Rodríguez Martínez (*)

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Qué tristeza país, caer nuevamente en manos de una dirigencia política que a poco de adoptar las primeras medidas de gobierno nos está sumiendo en una degradación política e institucional vertiginosa. El pueblo no tiene pretextos, excusas, que justifiquen este tsunami populista que va a barrer con la calidad institucional del Estado argentino.

El veredicto de las urnas fue contundente, se eligió resucitar un régimen autocrático que pervierte cualquier síntoma de madurez política, siempre privilegiando la hipertrofia de poderes del ejecutivo, minimizando la importancia del Congreso de la Nación y ahogando cualquier resolución judicial que controle la legalidad de los actos de gobierno o ponga en peligro la impunidad de la casta política.

Si la independencia del poder judicial es un postulado del régimen republicano de gobierno, los ataques verbales y amenazas de personajes célebres del kirchnerismo hacia los jueces van en el sentido de pulverizar este principio. Ahora la impunidad se viste de “lawfaire”, expresión anglosajona de la cual se apropiaron los líderes populistas de América Latina para evitar ser enjuiciados por latrocinios perpetrados durante sus administraciones.  

El primer acto de gobierno que ejecutaron el presidente y el gobernador de nuestra provincia Jorge Capitanich, fue girar al Congreso y Legislatura sendas leyes de emergencia económica a expensas de las cuales el poder legislativo les delegará facultades trascendentales para gobernar por decreto. Una vez sancionado dicho instrumento legal los mandatarios tendrán prerrogativas exorbitantes para determinar los precios de la economía, productos, servicios (se prevé un acuerdo de precios con los comerciantes), salarios, como así también modificar el presupuesto vigente para efectuar reasignación de partidas, TODO ELLO SIN DISCUSIÓN NI APROBACIÓN PARLAMENTARIA.

El justicialismo es incorregible, no puede gobernar sino con la suma del poder público. No obstante estar a un paso de tener mayoría simple en diputados (en el senado ya la posee), lo que permitiría sancionar cualquier ley que fuere de su agrado o conveniencia, necesitan degradar la función del poder legislativo mediante una delegación de atribuciones de dudosa constitucionalidad.

La última ley de emergencia económica fue sancionada en la primera semana de la presidencia de Duhalde, ley 25561 del 6 de enero de 2002, normativa en cuya redacción originaria se contempló una vigencia de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2004.

 Sin embargo, esta anomalía institucional, sólo justificada en situaciones de crisis extremas, fue prorrogada a pedido de posteriores gobiernos justicialistas, incluso en 2015 por Cristina Fernández. La prórroga más significativa se decretó mediante ley 26456 que extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009.

Tanto Néstor como Cristina nos vendían la edulcorada fantasía de que estábamos en el mejor de los mundos, pero, paradójicamente, no se privaban de degradar la calidad de las instituciones concentrando poder y ninguneando el Congreso de la Nación.

Fue Mauricio Macri (un Gato maligno, perverso, dañino, según sus detractores) quien restituyó la normalidad institucional renunciando a las prerrogativas excepcionales que le confería, con la sencilla decisión de no extender su vigencia al caducar el seis de enero de 2018.

Como fue Macri, a mi criterio, el gobernante más democrático y respetuoso del orden jurídico desde el advenimiento de la democracia post proceso militar, esa abdicación de atribuciones resultó gravosa, pues tuvo que afrontar la corrida contra el dólar y la devaluación que desembocaron en el pedido de auxilio del FMI sin las referidas facultades extraordinarias.

De allí en más la historia es bien conocida, pérdida de la autonomía para conducir económicamente el país, ajuste tarifario y fracaso en el intento reeleccionista. 

Todavía no se conoce el proyecto de ley de emergencia, pero todo hace suponer que además de económica, será financiera, social, sanitaria, previsional y FUTBOLÍSTICA si es que Messi rehúsa jugar con la selección la próxima copa américa. La providencia divina quiera que Alberto Fernández no se vea limitado en la potestad de disponer de vida y hacienda de los súbditos de este país. Ni Enrique VIII de Inglaterra, ni Felipe II de España, tuvieron las prerrogativas políticas con que va a contar nuestro presidente. TERCER MUNDO A FULL.

Pertenecen al pasado las épocas en que Argentina, dentro del contexto latinoamericano, era un país cuyo ejemplo seguían los demás países de la región; es ahora, por el contrario, una referencia de mala praxis política, de catálogo de decisiones políticas desafortunadas y a contrapelo de la experiencia de países exitosos.

Esta digresión sobre la importancia que tiene para un estado nacional respetar el estado derecho no es una banalidad. Solamente los países que han construido su historia sobre la base del respeto a la ley e instituciones republicanas, con defectos y virtudes, han generado sociedades prósperas y abiertas. La ciencia política se ha encargado de señalar que, de gobiernos despóticos, avasalladores, no puede aflorar una sociedad de bienestar, materialmente floreciente, a su vez, basada en el respeto de los derechos de los ciudadanos.

Si desconocemos que la democracia es una condición del desarrollo económico estamos equivocados. El respeto de los principios de la república, de los derechos individuales, de la libertad, son un paso previo al despegue material de un país.

Inglaterra era un país atrasado dentro de Europa cuando estaba sometida al absolutismo monárquico; se convirtió en una potencia económica cuando mutó en una monarquía parlamentaria, cuando democratizó su sistema político, magistralmente descripto por Montesquieu en “El espíritu de las leyes”. 

Las colonias inglesas asentadas en Norteamérica, que dieron lugar al nacimiento de EEUU, eran a fines del siglo XVIII económicamente subdesarrolladas en comparación con Inglaterra, donde se produjo la revolución industrial. Pero la sanción de una Constitución moderna y liberal que garantizaba la libertad y los derechos individuales hizo que en poco tiempo fuese la primera potencia del planeta.

Fenómeno similar constituyen los países que estaban bajo la cortina de hierro durante la “guerra fría”, rezagados económicamente respecto de sus pares de Europa Occidental, que florecieron materialmente luego del abandono del sistema de partido único implantado por el comunismo y el reconocimiento de los derechos individuales, verbigracia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia, países de la ex Federación Yugoeslava.   

La república es una condición del desarrollo económico, pero no suficiente. No basta ser un gobernante democrático, respetuoso de las instituciones, para garantizar el progreso material. Alfonsín, en el discurso inaugural de su presidencia, luego de reafirmar la vocación democrática de la Unión Cívica Radical, afirmó que “con la democracia se cura, se educa, se come”. Cinco años y medio después adelantó el traspaso del poder a Carlos Menem en medio de hiperinflación y caos social. Evidentemente, la racionalidad de la política económica también es una condición de la prosperidad económica.

Ejemplos de lo expresado anteriormente son Costa Rica y Uruguay, países verdaderamente democráticos que, sin embargo, no han superado el subdesarrollo.

Luego del conocimiento de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno se puede inferir que no existe un plan económico para abordar vertebradamente los problemas que afligen a la sociedad en su conjunto; que las medidas responden a demandas del núcleo duro del kirchnerismo, como el alza de las retenciones a la exportación de granos y el impuesto a las compras con tarjetas en el extranjero; que regresa el dispendio de dinero estatal en favor de las PYMES, a las que se subsidiará con créditos a baja tasa de interés.

Esta medida de apoyo a las pequeñas y medianas empresas es un imperativo de corrección política, pues siempre que se arremete con gravosos impuestos contra grandes empresas los políticos -maestros en lo que a populismo se refiere- no se olvidan de dejarlas a salvo. No interesa que nadie a ciencia cierta sepa cuándo califican de tales, si por el número reducido empleados o por la exigua magnitud del giro comercial; en lo que no hay duda es que el otorgamiento de los créditos por parte del poder político, amparado en las atribuciones extraordinarias previstas en la ley de emergencia económica, abre la puerta a todo tipo de corruptelas. Sinceramente, no entiendo por qué la presión impositiva es loable y bienvenida cuando de grandes empresas se trata, y negativa cuando su magnitud es menor; en ambos casos la incidencia es perjudicial.       

La impresión que subyace en la lectura de las decisiones del nuevo gobierno es que están fundadas, no en la racionalidad, sino en el voluntarismo de quienes las diseñan; faltaría un decreto que dijera que a partir de cierta fecha se termina la pobreza en Argentina y todos los ciudadanos serán felices y prósperos. La realidad siempre pasa factura, porque la economía posee leyes cuyo cumplimiento es tan inexorable como las de la física.

Si sometemos a la sociedad a un impuestazo, esas leyes dicen que la actividad económica entra en el freezer, por más que Alberto Fernández, Guzmán, o quien sea del equipo económico, diga lo contrario. Si asfixiamos al campo con impuestos, los principios de la economía vaticinan una caída de la producción en los años siguientes; del récord de la campaña actual, que sobrepasó los ciento treinta millones de toneladas, en dos años no llegaremos a cien. Si el estado contempla aumentar el gasto, las malditas reglas de la economía dicen que ello se traduce en inflación si no se aumentan correlativamente los ingresos; que aumentar nominalmente los sueldos (en una economía inflacionaria) no mejora la situación de los trabajadores porque nunca los salarios le ganan a la espiral inflacionaria.

Ojalá que me equivoque, pues todos estamos arriba del Titanic, que la embarcación pueda a tiempo evitar la colisión con el iceberg.

(*) Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña.