Martes, 12 Febrero, 2019 - 18:01

Elevaron a juicio la causa por las muertes en el recital del Indio Solari y desligaron al músico

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Dos productores y uno de los organizadores quedaron acusados de homicidio culposo, un delito menor al que pidió el fiscal. El músico fue desligado de responsabilidad. El juez pidió investigar a funcionarios municipales.
 
La causa judicial que investiga las dos muertes y varias lesiones ocurridas durante el último recital de Indio Solari, en Olavarría, fue elevada a juicio. El artista fue desligado de cualquier responsabilidad judicial.
 
Carlos Villamarín, juez de Garantías de esa localidad bonaerense, descartó el pedido de sobreseimiento que presentaron los productores del show del Indio: Marcos y Matías Peuscovich.
 
También está imputado Gustavo Zurita, otra persona vinculada a la organización del recital en el que murieron Juan Francisco Bulacio y Javier León. A la vez, se ordenó la investigación de la "posible participación de delitos de orden público de funcionarios municipales".
 
Sin embargo, la elevación a juicio es por un delito de menor gravedad que el que había solicitado la fiscalía, a cargo de David Carballo, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales del departamento judicial de Azul, cabecera de Olavarría. Si bien la fiscalía había pedido que fuera por estrago con dolo eventual, el delito imputado es homicidio culposo y lesiones culposas.
 
En su pronunciamiento el juez se refirió a Indio Solari de la siguiente manera: "Nunca se ahondó sobre la injerencia que el mismo tenía o no, en la organización del evento o en algún nivel de decisión sobre su realización. Aquí no existe prueba de ello, que no significa que no se haya podido instruir”.
 
 
La defensa del ex líder de los Redonditos de Ricota presentó como prueba un contrato que decía que que el músico era sólo responsable de la "organización musical" y deslindaba "la responsabilidad de la organización y seguridad en los productores de la empresa En Vivo".
 
El 11 de marzo de 2017, en la que fue la última presentación pública del ex frontman ricotero, Bulacio y León murieron tras asfixiarse. Otras ocho personas padecieron lesiones que fueron denunciadas ante la Justicia. El show fue en el predio La Colmena: se estima que esa noche había allí más de 200 mil personas, aunque la habilitación era para unas 155.000.
 
En su escrito, Villamarín refirió: “De acuerdo a la medida del predio destinado al recital, la capacidad –de conformidad con la ley de seguridad e higiene N° 19.587, del decreto reglamentario 351/79 ítem 3 y 3.1.2– era una capacidad ocupacional de 129.270 personas. – Que el predio fue habilitado para 155.520 personas. Que se vendieron 196.032 entradas excediendo la capacidad máxima requerida. Que ingresaron aproximadamente 243.498 personas, duplicando la capacidad permitida". La justicia llegó a la estimación del total de personas que estuvieron esa noche en el show a través del peritaje de fotos y videos.
 
"Aunque hubiera concurrido esa gente, no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para prever lo que pasó, como avalanchas", dijo Carballo al diario El Eco de Tandil. Y agregó: "No había salidas laterales, ni de emergencia, no había un pasillo central que delimitara el predio para evitar que toda la gente se aglomerara en el centro del recital, lo cual es normal porque la gente tiende a precipitarse hacia el escenario para estar cerca del artista".
 
A partir de esta información, el juez Villamarín solicitó, entre otras cosas, que la fiscalía profundice su investigación sobre si hubo funcionarios municipales dependientes del intendente Ezequiel Galli que permitieron la venta de alcohol dentro y fuera de La Colmena o contribuyeron a que no se respetara las normas respecto del límite de público establecido. Eso podría ampliar la lista de imputados, de la que Solari no ha formado parte en ningún momento desde que se produjeron los incidentes. Galli hasta ahora sólo declaró como testigo.
 
"Quienes hayan tenido responsabilidad en la organización del evento y/o convalidaran la venta de bebidas alcohólicas durante su desarrollo, obraron en atentado a la normativa, sea por promoción de la comercialización de bebidas alcohólicas, o por avalarla u omitir el control que la permitiera.", afirmó el magistrado de Olavarría.
 
“No se advierte la razón por la cual no se investigó a los funcionarios municipales que al menos en dos de las infracciones constatadas, tuvieron directa determinación", sostiene Villamarín en su escrito.
 
A la espera del juicio, los imputados continuarán en libertad. El delito de estrago con dolo eventual, que había solicitado el fiscal como encuadre, tienen una pena mínima de 8 años y de 20 como máximo. En el caso del homicidio culposo, en cambio, prevé una pena de hasta años de prisión y una mínima de un año, lo que transforma el delito en excarcelable.