Miércoles, 7 Noviembre, 2018 - 19:25

Desafuero del intendente Nievas: una comedia de mal gusto
Por Elina Nicoloff (*)

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042
El intendente será elegido por el pueblo y a simple pluralidad de sufragios. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto.
 
Ni la Constitución ni la Ley Orgánica de municipios le pone tope a la reelección del jefe comunal y determinan que deberá reunir los mismos requisitos que para ser concejal, no tienen fueros y gozan de las mismas inmunidades y la Constitución Provincial especifica que los intendentes y concejales municipales no podrán ser detenidos, molestados ni reconvenidos por autoridad alguna, por motivos provenientes del ejercicio de sus funciones, o en razón de las opiniones que sustenten. 
 
Pero ¿qué son los fueros? 
 
En el derecho moderno le garantiza a un representante popular elegido en una democracia la libertad y autonomía necesarias para el desempeño de su función, protegiendo al funcionario de posibles injerencias de otros poderes, o de terceros interesados en impedir o estorbar el ejercicio de su cargo. El fuero parlamentario nació como forma de protección de los miembros del poder legislativo de denuncias o amenazas, comúnmente del poder ejecutivo, con la finalidad de controlar por medio de la fuerza a un poder que debe ser independiente.
 
Es importante señalar que, en el mundo, existen dos tipos de fueros. El primero es una protección otorgada exclusivamente a los integrantes del Parlamento (el Congreso, la Cámara de Representantes, de Senadores) para que no puedan ser denunciados o demandados por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones. 
 
El segundo tipo de fuero es una inmunidad procesal. Existe un grupo de funcionarios públicos —no sólo legisladores— que no pueden ser procesados penalmente sin que intervenga de alguna manera por el Poder Legislativo (este caso  no está contemplado en el derecho argentino). 
 
Por lo que originalmente el fuero se trata de una protección para quienes actúan en el ámbito legislativo. La idea es mantener la división de poderes, impidiendo que se encarcele a miembros de las otras ramas del Estado por cuestiones políticas. Este derecho está garantizado por la Constitución, que establece que sólo se podrá arrestar a un diputado o senador en caso de ser sorprendido ‘in franganti’ en un delito.
 
En nuestro país, el derecho de los legisladores fue limitado por la Ley de Fueros, aprobada en septiembre de 2000 luego del escándalo por los sobornos que se pagaron por la aprobación de la llamada “ley de reforma laboral”. En ella se establece que un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado, pero sí puede llevarse adelante todo el resto del proceso judicial. Lo que la ley sí prohíbe es que se allanen el domicilio o las oficinas de los legisladores.
 
“El proceso judicial continúa, e incluso puede llegar a una condena penal. Lo que no se puede disponer es una medida privativa de la libertad”, según Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la UBA.
 
Para completarse efectivamente el arresto de la persona, debe llevarse adelante el desafuero, para lo cual es necesario que la Cámara correspondiente apruebe el desafuero con dos tercios de los votos. También debe hacerse si el legislador se niega a presentarse a declarar frente a la justicia. “Los fueros aseguran que los miembros del Congreso (y también el presidente, vicepresidente, ministros y otros) puedan llevar adelante su trabajo sin impedimentos. Sin fueros o inmunidades un presidente podría impulsar que se arreste a legisladores que obstaculicen sus proyectos, o un juez podría mandar a arrestar a un presidente con cuya política no acuerde, lo que implicaría situaciones de golpe de Estado institucional”.
 
El desafuero o juicio de procedencia se impone cuando se presume y fundamenta que el funcionario ha cometido un delito. Con el desafuero se elimina la restricción procesal que impide que sea juzgado, y se le puede por ende juzgar como a cualquier ciudadano.
 
 Pero aquí es donde llama la atención el caso Nievas. No es legislador, ni gobernador, ni siquiera ministro, es un intendente municipal que está acusado de malversar fondos públicos, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y otros delitos. La Justicia Federal, que ordenó su detención, investiga el destino de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales.
 
 La Constitución del Chaco habilita a los Municipios de Primera Categoría a Dictar su propio Estatuto, en el caso de Juan José Castelli no utilizó esa posibilidad y se rige por la Ley Orgánica de Municipios que rige para todos los que no dictaron su propia Carta Orgánica.
 
 Y ahí está la madre del borrego: la Ley Orgánica de Municipios – Ley 4233- en el artículo 67 específicamente establece que los Intendentes no tienen fueros, pero gozan de las mismas inmunidades que para ser concejal.
 
 Por ende, lo ocurrido en el Concejo Municipal de la Localidad del norte chaqueño, es parte de una comedia de mal gusto a la que los ciudadanos chaqueños asistimos entre descreídos y azorados.
 
(*) Abogada, expresidente Comité Provincial UCR