Lunes, 11 Mayo, 2020 - 14:50

El Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia rechaza declaraciones de la diputada Jessica Ayala

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El Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia rechazó que haya "algún vacío legal en la Provincia" y aseguró que la diputada provincial Jessica Ayala "intenta crear un manto de sospecha sin asidero" con sus declaraciones.

La entidad expresó hoy mediante un comunicado que "se encuentra ante la imperiosa necesidad de informar a la opinión pública sobre un tema de vieja data y sobre el cual, nuevamente, se intenta crear un manto de sospecha y polémica pública, sin asideros y en contra de la realidad".
 
"Recientemente, ha tomado estado público una declaración de la Diputada Provincial Jesica Ayala, ex Ministro de Gobierno y representante del Ejecutivo durante la gobernación de Domingo Peppo, bajo el título 'El vacío de la Colegiación Legal de los Abogados del Chaco'".
 
Para el Colegio, "en su publicación, que denota un gran desconocimiento de la situación de la regulación de la profesión de Abogados y Procuradores en la Provincia del Chaco, se omite consignar que Jessica Ayala es asociada al Consejo Profesional de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, quién históricamente ha intentado instaurar la Colegiación Obligatoria para los Abogados y Procuradores de la Provincia".
 
"En este sentido, debemos rechazar que haya algún vacío legal en la Provincia, debiéndose aclarar que el ejercicio de la profesión de abogados siempre estuvo debidamente regulada en la Provincia del Chaco", sostuvieron.
 
Y recordaron: "Desde 1953, mediante la Ley N° 25 se reguló el ejercicio profesional de la abogacía, la que estuvo vigente hasta la sanción de la nueva ley de ejercicio profesional de abogados y procuradores Ley 2275 B – ex  7524 – el 10 de diciembre de 2014".
 
"Esta ley fue aprobada por la Legislatura luego de un trabajo intenso de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados, la que recorrió las seis circunscripciones judiciales, se hicieron audiencias públicas, se escuchó a los profesionales de toda la provincia - no sólo abogados -, siendo la conclusión la sanción de una ley moderna, útil y que respeta cabalmente la Constitución Provincial. Esta Ley fue aprobada con el  voto afirmativo de 30 diputados, sobre 32 y sin tener un solo voto en contra", argumentaron.
 
Por otro lado, agregaron: "Nuestra constitución provincial, en su art. 15 inc. 3º garantiza el ejercicio de la profesión, industria, oficio o empleo libremente elegidos, sin OBLIGACION DE ASOCIARSE COMPULSIVAMENTE a entidad alguna, sin perjuicio que por ley se pueda autorizar a los colegios o consejos al otorgamiento de la matrícula garantizando la GRATUIDAD y la LIBERTAD del ejercicio profesional".
 
"Esto está garantizado mediante la Ley 2275-B, la que asegura a los profesionales, los tribunales y a los justiciables el debido respeto a las normas en el ejercicio profesional. El comportamiento ético y legal de los abogados y procuradores de la Provincia del Chaco se encuentra regulado, siendo que la Ley 2275-B establece las conductas que pueden ser sancionadas, hasta con la exclusión de la matrícula - sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles de la conducta - por lo que la sociedad está protegida ante el posible accionar de abogados inescrupulosos, personas que como la que puede haber en cualquier profesión", sostienen.
 
A su vez, "lo que no se dice, es que la instauración de un colegio público conlleva el establecimiento del cobro compulsivo de una matrícula para poder ejercer la profesión, lo que claramente encarece el ejercicio profesional y el acceso a la justicia, condición ineludible para poder ejercer es dotar a un Colegio Legal de cuantiosos fondos que podrán ser disponibles para los fines que una minoría establezca".
 
"Nuestra sociedad ya no tolera la pretensión de sostener un doble estándar moral, hay que trabajar por el bienestar de la ciudadanía y no por el de un grupo de 'privilegiados dirigentes' que pretenden alzarse con la 'verdad' del ejercicio profesional, poniendo bajo el yugo económico de entidades innecesarias que trabajan en desmedro de sus asociados", señalan.
 
Por último, destacan: "La Ley 2275 B es pionera en derecho de las profesionales abogadas cuando van a dar a luz, otorgando la suspensión de plazos procesales para asegurar los derechos de la madre y el niño; otorga derechos a los profesionales para ser respetados en el ejercicio profesional, que asegura a los justiciables la protección sus derechos, regula el secreto profesional, establece prohibiciones en el ejercicio profesional y obligaciones a ser cumplidas por los profesionales del derecho, se imponen reglas de conducta para los profesionales y las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, se establecen los procedimientos para la sanción de conductas profesionales reñidas con la Ley, y se asegura a los justiciables el respeto irrestricto por parte de los profesionales del derecho al apego a la Ley en su ejercicio".
 
"En conclusión, no existe vacío legal en el ejercicio profesional de abogados y procuradores en el Chaco. Existe una clara intencionalidad de informar erróneamente a la población, en tiempos difíciles, que en vez de aclarar oscurece, en perjuicio de toda la sociedad", advierten.