Domingo, 19 Marzo, 2017 - 10:36

El ardiente fin del verano
Por Mario Wainfeld

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Paritaria Nacional Docente (PND) fue establecida por ley durante los gobiernos kirchneristas y se reunió año tras año. Las discusiones fueron encrespadas, en algunas ocasiones el Ejecutivo “laudó”, esto es, fijó por decreto el salario inicial. Hubo pulseadas, tratativas más o menos enconadas, paros al comienzo de las clases. Jamás se incumplió la regla legal.

La gestión del presidente Mauricio Macri acató la norma en 2016 y la deja sin efecto de facto (o de prepo) en 2017. La gobernadora María Eugenia Vidal, antaño hada buena, malversa el uso de su varita mágica e inventa un “premio” (plus salarial por un solo mes) para los docentes que no ejercieron su derecho de huelga. El “plus”, bien mirado, es un “menus”, una quita a quienes defienden sus intereses con herramientas lícitas. Una sanción capciosa, que contraviene los tratados suscriptos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de plena vigencia nacional conforme la Constitución de 1994.

Las palabras del oficialismo y sus aliados se bifurcan, contradiciéndose cotidianamente. Por un lado, el empalagoso discurso del consenso y el diálogo, las sonrisas, los mantras laico-budistas como “queremos ayudar”. Por otro, las promesas incumplidas, la distorsión de los hechos, los datos inventados, los improperios y amenazas.

Los acuerdos en el Congreso y en la Legislatura provincial son vetados cuando los parlamentarios (a veces hasta los propios) procuran favorecer a laburantes: la ley anti despidos o las expropiaciones para que empresas recuperadas puedan seguir funcionando. El Bauen es el caso más sonado, para nada el único. “No hay plata” excusan los funcionarios del ala amable del Gabinete.     

Paros y marchas

Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular realizaron cortes en cientos de puntos del país. La reglamentación de la Ley de Emergencia Social demoró tres meses, solo se dictó, por pulsión mediática… al día siguiente de difundirse el clásico informe sobre pobreza del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Representantes de esas organizaciones explican que en 2016 hubo 120.000 asistentes más a merenderos en la provincia de Buenos Aires. Y que en poco más de un bimestre en este año se agregaron otros 20.000.

La huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT) concierne especialmente a los trabajadores formales. Hay lazos entre estos y los informales o los desocupados… también media un plano inclinado entre ellos. Caen muchos, ascienden poquísimos, si los hay.

El diario Clarín titula; “La CGT para el 6 de abril mientras el Indec dice que bajó el desempleo”. Un prodigio de creatividad combinar dos hechos aparentemente contradictorios. Se consigue merced a una falacia, que todos los medios (hasta la nota interior de “Clarín”) explican. El índice de desempleo bajó, con relación al trimestre anterior por una causa desoladora: cientos de miles de argentinos dejan de buscar trabajo porque perciben que su esfuerzo será vano y caro. No están empleados: están en la vía y sin esperanzas.

El incremento de la  pobreza y la desocupación es perceptible a simple vista. Un dirigente social cuenta haber visto en las ollas populares personas que van con un bidón cortado al medio: se llevan comida para la noche. La escena recuerda lo que pasaba en los comedores escolares a principios de siglo: los pibes guardaban parte de su almuerzo para la cena familiar. Se dirá: es una escena micro. Lo grave es que coincide con la macro, con el marco general, con la creciente cantidad de personas que mendigan en grandes o pequeñas ciudades.

Peras y manzanas

Los agricultores del Alto Valle repiten “frutazos” regalando el producto de su trabajo, reducido a precio vil por la política económica que desampara a las economías regionales.

Semanas atrás, los pequeños productores yerbateros de Misiones se hicieron visibles en la Ciudad Autónoma, entregando paquetes gratis a una cantidad llamativa de conciudadanos.

En estos días se movilizaron  los sufridos trabajadores del sector, los tareferos. Tomaron el edificio del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Sus demandas fueron desoídas, les negaron un subsidio ya comprometido. Como diría Javier González Fraga  “se creen con derecho” a que se les pague el precio oficial: 5,10 pesos por kilo de yerba. Un dirigente, Cacho Ozeñuk, le contó al portal “primereando.com.ar” que discutieron con Gerónimo Venegas, secretario General  de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre). El “Momo” Venegas, ciento único sindicalista de ese rango que carnerea el paro de la CGT, los tildó de “carapintadas y desestabilizadores”. Repite sin citarlo la prédica del periodista  Joaquín Morales Solá, extraña referencia para un representante de la clase trabajadora.

La Obra Social de la Uatre había sido intervenida por el gobierno kirchnerista. Su restitución al dirigente amarillo fue uno de los primeros favores de la Corte Suprema al macrismo triunfante en las elecciones.

En esta semana la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la personería de la Asociación Gremial de Trabajadores del  Subte y del Premetro (Agtsyp). Desarticular un gremio de transporte combativo en las inminencias de una huelga general, es funcional al oficialismo. 

Un hilo visible enlaza esta sentencia con la de la Corte mencionada líneas arriba. Ahora ésta deberá resolver el pleito: con solo demorarlo favorecerá los planes del gobierno. Su jurisprudencia laboral y sindical reciente hace temer desenlaces aún peores.

En tándem, la gobernadora Vidal reclama sanciones, hasta la quita de personería a los gremios docentes. Cero asidero jurídico, para variar. En los doce años de kirchnerismo no se decretó la ilegalidad de ningún paro. Y las quitas de personería fueron escasas, se pueden contar con los dedos de una mano. La pinza político-judicial Cambiemos anhela cambiar ese paradigma.  

Una falsedad creíble

El título manipulatorio de Clarín es un pecadillo venial comparado con la operación internacional que desplegó el viernes. El periodista Marcelo Bonelli contó (con pelos, señales y frases encomilladas) que el ex presidente español y actual lobista Felipe González le exigió a Macri que se encarcelara a Cristina Fernández de Kirchner. Sin Cristina presa, habría explicado-presionado, no vendrían inversiones.

González desmintió de plano en reportaje concedido al periodista Gustavo Sylvestre. Enfatizó que jamás dijo eso y que no lo piensa. Que va contra su concepción democrática y que repudia desplazar al adversario político por la vía judicial. 

La versión de González es verosímil y su argumentación impecable.

La intención del editorialista, a menudo vocero de la poderosa Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) es, seguramente, propagar una idea fuerza de las grandes corporaciones autóctonas, en particular del Multimedios. 

El relato es falaz, pero no discordante en el contexto. El reclamo es moneda frecuente en el mundillo empresario y también en un ala del gobierno, que tiene operadores en los Tribunales de Comodoro Py. La diputada Margarita Stolbizer, otrora Vestal de la democracia, también clamó por excluir a Cristina de la competencia electoral. No ganándole: encarcelándola.

La narrativa macrista boga entre polarizar con el kirchnerismo y criminalizarlo. La primera táctica es válida, la segunda un mecanismo de proscripción. La imprecación de Vidal a los docentes para que “confiesen” que son kirchneristas va en el mismo rumbo.

Instalar que las inversiones no llegan porque CFK está libre es, en combo, una coartada y una instigación.

Tal vez no vengan porque la bicicleta financiera es mucho más propicia o porque es peliagudo invertir en un país en recesión, con alta inflación y bajo consumo.

El ala combativa

Las grandes corporaciones empresarias, con Clarín a la cabeza, son el ala combativa de la coalición Cambiemos. Reclaman, de modo cada vez más insistente, prisión para Cristina Fernández de Kirchner y leña para quienes se manifiestan en el espacio público.

Según un informe del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (Cetyd) en base a datos de la AFIP, las grandes firmas habían producido, desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2016, el 75 por ciento de los despidos en actividad privada. No hay disponibles cifras oficiales posteriores pero la seguidilla de cierres y suspensiones a razón de cientos de trabajadores por establecimiento o empresa hacen suponer que la tendencia se mantiene. Tal vez haya dificultades económicas. Pero incide también el afán de domesticar a la clase trabajadora, condimentado con una pizca de revanchismo por los años en que debieron sofrenarse porque había un gobierno pro-operario.

En los discursos y declaraciones de los triunviros cegetistas aparece, con fuerza inusual, la interpelación a las patronales por los despidos. El gobierno es responsable del contexto general y también de haber declarado “zona liberada” al mercado de trabajo cuando dieron la señal con las cesantías en el sector público. Los empresarios, a su vez, abusan de su poder.

Del budismo a Mister Hyde

Empecemos a terminar con otra escena reciente. El titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Jorge Todesca, increpa de mal modo y les grita a trabajadores que están parando. Se ensaña con una mujer: macrismo explícito. Le grita “¡cállese la boca!”, “váyase de aquí”. La mujer con presencia y dignidad no le tolera que grite, no se calla ni se va. Todesca amenaza con sancionarla. Parece un sargento primero y no un funcionario avezado, con formación intelectual. Enrojece, se saca, como Macri en el Congreso cuando le mentaron al gremialista Roberto Baradel. Los nervios traicionan o develan. Los mister Hyde de PRO o del duhaldismo residual dan rienda suelta a su idiosincrasia.

El paro general es un hecho, lo precederán hasta abril decenas de marchas y actos. Multitudes de trabajadores volverán a ocupar el espacio público. Son oposición cabal, creciente, con sobrados motivos para reclamar. El gobierno opta por no escucharlos, “dormirlos”… en alguna de sus cabezas ronda la hipótesis de reprimirlos que le exigen desde los palcos VIP. Saca del archivo el protocolo anti piquetes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tal vez se esté probando los uniformes que, parece, le gusta usar. La gestión democrática no produce los resultados prometidos, late la amenaza de acciones autoritarias.

Fuente: 
Página 12