Viernes, 15 Noviembre, 2019 - 19:20

Duro revés para el fiscal Sabadini: Niremperger rechazó el requerimiento contra José Sánchez y Aclysa

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El fiscal federal había acusado al abogado José Sánchez de lavar dinero en una maniobra con la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco, entidad que a su vez habría defraudado al Pami en $250 millones, pero la jueza sólo encontró un relato especulativo y documentación plagada de imprecisiones, al punto que rechazó de plano la acusación contra Sánchez y le dio un golpe letal a la causa contra Aclysa.
 
En una extensa sentencia, la jueza federal Zunilda Niremperger rechazó el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini para comenzar la instrucción de la causa contra el abogado José Sánchez y la red prestacional Aclysa, llegando a calificar las conclusiones del fiscal como sustentadas exclusivamente en “apreciaciones conjeturales y meramente subjetivas, pues no hacen foco analítico en los elementos probatorios”. 
 
Niremperger no encuentra “una valoración circunstanciada que permita deconstruir el razonamiento deductivo” que condujo a Sabadini a afirmar que Sánchez había cometido algún delito. Y es que el fiscal se enfoca en el rol de Sánchez como apoderado de Aclysa, vale decir, en el ejercicio de la abogacía, algo que, advierte la jueza, es completamente legal.  
 
"Las conclusiones alcanzadas exhiben como sustento exclusivo apreciaciones conjeturales y meramente subjetivas, pero no hacen foco en los elementos probatorios”, detalló Niremperger.
 
A HACER LOS DEBERES
 
Respecto a Aclysa, acusada de haber fraguado prestaciones médicas para defraudar al Pami, la documentación obrante es abrumadora: 103 bolsas que contienen facturas e historias clínicas de once meses de internaciones, estudios, análisis y consultas entre agosto de 2017 y junio de 2018, totalizando 305.940 prestaciones.  
 
La magistrada hizo un análisis detallado y encontró numerosas “imprecisiones” en las supuestas “inconsistencias” halladas por los auditores del Pami, por lo que le solicitó al fiscal “que aporte un grado razonable de determinación técnica”. Incluso el fiscal federal a cargo de la UFI PAMI, Javier M. Arzubi Calvo, detectó esas falencias.
 
De hecho, pidió “un examen pericial imparcial, con control de parte, que se expida de forma concreta en relación a cada una de las prestaciones impugnadas por los auditores”. Pero allí no terminan las malas noticias para el fiscal: como Niremperger se ocupó de revisar las irregularidades adjudicadas a las clínicas de toda la provincia, encontró que más de media docena ni siquiera tenían que estar en el pedido de instrucción, porque en el detalle no se mencionaban ningún delito o, peor aún, ni siquiera pertenecen a la red Aclysa.
 
Es “al menos prematuro” sostener la hipótesis de una asociación ilícita integrada por todos los representantes legales de las clínicas y sanatorios de Aclysa, sin antes haber realizado “una descripción acabada de los hechos presuntamente delictivos que a su vez permitan inferir la existencia de un plan premeditado y sistemático al efecto de defraudar al PAMI”, concluyó Niremperger.