Miércoles, 27 Noviembre, 2019 - 22:04

Diputados aprobaron modificaciones del Código Procesal Penal y de la Ley de Comunidades Indígenas

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Durante la sesión de Diputados e impulsada por el Superior Tribunal de Justicia, se sancionó la Ley 3094-N por la que se modifican varios artículos del Código Procesal Penal con el objeto de implementar el nuevo sistema de gestión de causas penales y la oralización de todas las etapas del proceso penal en las restantes Circunscripciones Judiciales.

Mocionó su tratamiento el diputado Ricardo Sánchez, quien en el Recinto fundamentó “se trata de una modificación de 4 artículos del Código Procesal Penal del Chaco y tiene que ver con darle a las Cámaras de Apelaciones del Crimen, la competencia en las apelaciones que se lleven adelante en los procesos donde intervienen el fiscal de investigaciones, que puede oponerse a lo que plantea, y esa oposición será resuelta por un juez de garantía”.

A su vez explicó que “en la actualidad las apelaciones son resueltas en la Cámara de Apelaciones Correccional y Criminal con sede en la ciudad de Resistencia, lo que significa que las causas del interior generen un engrosamiento de los expedientes que entran, es una Cámara que absorbe todo, y por ende, el retraso en esa resolución y muchas veces, de esa resolución depende la libertad de una persona o pedidos de pruebas urgentes, y termina tardando meses en resolverse”.

“Hoy contamos con Cámaras del crimen del interior, en Castelli, Charata,  Villa Ángela, Sáenz Peña, y con esto le otorgaremos las  competencias en grado de apelación, de aquellas resoluciones de los jueces de garantías, y a partir de allí tenemos la posibilidad que puede actuar como tribunal colegiado o sala unipersonal – se define de acuerdo a si es  consentido del imputado – pero en todos los casos esa cámara del crimen va a intervenir como grado de apelación en lo que hoy es competencia  única de la cámara de apelación criminal” explicó Sánchez.

Con estas modificaciones “va a beneficiar a un proceso penal más rápido, ágil y dinámico” además detalló “es de autoría del STJ y hoy lo hablamos con Valle y Toledo, pero se suma un dictamen del Ministerio de Gobierno quien emitió opinión sobre este proyecto y presta conformada de la asesoría legal de la provincia en cuanto a este proyecto de ley y es una propuesta que no genera gastos” describió el legislador.

Por su parte desde Chaco Somos Todos, el diputado Livio Gutiérrez manifestando la conformidad del bloque consideró “en este sistema de control que se busca, no se vea vulnerada la garantía del doble proceso” y en esta línea fundamentó “la cuestión decidida por el fiscal, va a ser recurrida ante otro juez”. Esto beneficiaria a los abogados del interior y va a mejorar la vida profesional y asegurar el derecho de defensa” indicó.

El presidente del bloque FCMM Hugo Sager adelantando el acompañamiento del bloque manifestó “con estas modificaciones se garantiza una mayor agilidad y atención muy especial a la justicia en el interior provincial” sostuvo el legislador.

MODIFICARON LA LEY DE COMUNIDADES INDÍGENAS 

El parlamento chaqueño sancionó con fuerza de ley Nº 3099-W incorporar varios artículos a la norma vigente Nº 562-W (antes ley 3258), en lo referente al marco regulatorio para elegir a los representantes de los pueblos originarios, con el objetivo de dar mayor legitimidad a los comicios y transparencia al momento de elegir a representantes indígenas públicos que deben conducir el Instituto del Aborigen Chaqueño.

Puntualmente incorporaron el artículo 30 que instituye que el Tribunal Electoral Provincial, dependiente del Superior Tribunal de Justicia, será el organismo competente que intervendrá en el proceso electoral, aplicándose el Código Electoral Provincial y en forma supletoria el Código Electoral Nacional.”

Respecto a los requisitos en el artículo 31deteermina que para ser candidato deberán estar inscripto como elector en el Padrón Electoral Provincial e Indígena. Tener 21 años cumplidos como mínimo. Saber leer y escribir No estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas en el Código   Electoral Provincial.

En tanto en el artículo 32 establece que: “Las listas que se presenten deberán respetar la paridad de género establecida en el artículo 55 de la Ley 834 – Q (antes ley 4169)- Nuevo Régimen Electoral Provincial-, y entre sus candidatos a las vocalías, un mínimo del 30 % deberán ser jóvenes indígenas de ambos sexos.”

Presentadas las listas para su oficialización, la Junta Electoral examinará la mismas y se detecta que algunos de los candidatos no reúne los requisitos exigidos por la Constitución Provincial 1957 - 1994 y por esta ley hará saber a los apoderados de las listas para subsanar la situación, fija el artículo 33.

En el artículo 34 dispone que “Las listas deberán designar ante la Junta Electoral un apoderado con experiencia en comicios  para representarlas en el  acto electoral y fiscales antes  las  mesas receptoras de votos que tendrán la responsabilidad de controlar la marcha del  acto eleccionario. Estos últimos deberán ser indígenas, saber leer, escribir el castellano y el  idioma indígena correspondiente a su etnia y estar munidos por la documentación  que los acredite, con firma del apoderado de la lista”.

Además en el artículo 35 queda establecido que el comicio para la elección de Presidente y Vocales que conformarán el Directorio del Instituto del Aborigen Chaqueño (I.D.A.CH) se realizará el tercer domingo de noviembre del año en que se convoque a elecciones.” Y en el 36 resuelve que: “Los gastos emergentes del proceso electoral establecidos en la presente ley, será previsto en el presupuesto de la Jurisdicción 17  del Tribunal Electoral Provincial.”

El artículo 37 dispone que “El Padrón de Comunidades Indígenas, correspondiente a sus ciudadanos en el que se encontraran inscriptos habilitados para participar en elecciones, estará a cargo y será confeccionado, organizado y actualizado por el Tribunal Electoral Provincial. Las modalidades de actualización comprenderán a la modificación del asiento registral de los electores, por la admisión de reclamos interpuestos o por las constancias obtenidas de tareas de   fiscalización.  El Tribunal Electoral reglamentará las modalidades y los mecanismos adecuados para su actualización y fiscalización permanente.”

La actualización y depuración de los registros serán permanentes y tendrán  por objetos: Depurar los registros ya existentes. Incluir los datos de los nuevos electores inscriptos. Excluir a los electores fallecidos, criollos o no indígenas y los comprendidos en las inhabilidades establecidas en la presente ley, establece el artículo 38.

En el artículo 39 fija que: “Los Padrones Provisorios de electores de todos los circuitos, tienen carácter público, con las previsiones legales de privacidad correspondientes, para ser susceptibles de correcciones por parte de los ciudadanos inscriptos en ellos. Estarán compuestos por los datos de los ciudadanos indígenas habilitados para votar hasta noventa (90) días antes de cada   elección. Y contendrán los siguientes datos: número y clase de documento cívico, apellido y nombre, sexo y domicilio de los inscriptos. Los mismos deberán estar ordenados de acuerdo a las demarcaciones   territoriales.”

“El Tribunal Electoral, dispondrá la publicación de los padrones provisorios por 20 días después de la fecha de cierre del registro para cada elección, para ser susceptible de correcciones por parte de los ciudadanos inscriptos. Se deberá dar a publicidad la forma para realizar eventuales denuncias y reclamos así como también las consultas al único padrón provisional”, establece el artículo 40

En el 41 determina que: “Los electores que por cualquier causa no figurasen en los padrones provisionales, o estuviesen anotados erróneamente, tendrán derecho a reclamar ante el Tribunal Electoral durante un plazo de 30 días corridos a partir de la publicación de aquéllos, a través de cada apoderado de lista o en el mismo acto eleccionario con dos testigos de su comunidad, siempre que se encuentre incluido en el padrón definitivo”.

En tanto en el 42 dispone que: “En el mismo período cualquier elector, lista, agrupación u organización reconocida jurídicamente, tendrá derecho a pedir, al Tribunal Electoral, que se eliminen o tachen del padrón los ciudadanos fallecidos, los inscriptos más  de  una   vez, los  que  no  sean Indígenas y a los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades previstas en esta  ley.”

Finalmente, en el artículo 43 establece que: “Los padrones provisorios depurados constituirán un padrón unificado y definitivo provincial destinado a las elecciones, que tendrá que hallarse impreso 60 días antes de la fecha de cada elección y serán publicados por el sitio web oficial de la Junta Electoral Provincial y por otros medios que se consideren convenientes. El padrón definitivo se ordenará de acuerdo a las demarcaciones territoriales, las mesas electorales correspondientes y por orden alfabético de apellido. Compondrán el padrón general unificado definitivo provincial destinado al acto eleccionario, el número de orden del elector y del documento nacional de identidad a efectos de evitar la duplicación del voto.”

SANCIONARON LEY DE CENSO PROVINCIAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Impulsada por la diputada Andrea Charole, acompañada por su par Gladis Cristaldo, se sancionó la Ley 3100-W que regula la planificación y elaboración de estadísticas oficiales, la organización de los servicios estadísticos y las relaciones en materia estadística referida a los pueblos originarios, así como la realización de los censos que se efectúen en el territorio provincial.

La diputada Charole detalló “Según el Convenio Nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Pueblos Indígenas son: Los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

“Hasta los años ‘80, el discurso público y las políticas de Estado contribuyeron al proceso de “invisibilización” de los pueblos indígenas. No obstante, a partir de la década de los ‘90, los movimientos indígenas comenzaron a constituirse como actores políticos y adquirir no sólo cierta “visibilidad”, sino también el reconocimiento del Estado. Es por ello que la reforma constitucional del año 1994 definió a la Argentina como una nación multiétnica y garantizó a los pueblos indígenas ciertos derechos especiales contenidos en el artículo 75, inciso 17” consideró Charole.

“Como consecuencia de lo mencionado líneas atrás, se incorporó en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 la “temática de auto-identificación de identidad y pertenencia a comunidades aborígenes” (Ley 24.956 de Censo Aborigen). Se incluyó una pregunta específica que combinaba este criterio de auto-identificación con el de origen étnico, a saber: “¿Existe en este hogar alguna persona que se reconozca descendiente o perteneciente a un pueblo indígena?”, recordó la legisladora

Sobre el objetivo de esta ley consideró que fue originado en dos cuestiones “por un lado la gran desactualización de los datos nacionales y a la escasa elaboración de datos provinciales hace imposible cuantificar y caracterizar a la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente de un pueblo indígena, aun cuando no todos los integrantes del hogar se reconozcan y/o desciendan de pueblos indígenas. Aun hoy hay un profundo desconocimiento de las similitudes y diferencias que caracterizan al mundo indígena, ya que no se trata de una sociedad homogénea”

El segundo fundamento reside en la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, iniciando una nueva etapa en la relación de los pueblos indígenas con el resto de la sociedad al reconocerle sus derechos. Puesto que en virtud de esta declaración los niños, niñas, mujeres y adultos indígenas gozan de todos los derechos individuales y colectivos por su pertenencia a un pueblo indígena”.