Miércoles, 29 Abril, 2020 - 18:39

Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios aseguran que el tratamiento de excarcelaciones es “inadecuado”

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Este miércoles desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación emitieron un comunicado para determinar postura respecto a las prisiones preventivas otorgadas bajo el argumento de los contagios de coronavirus, dejando en claro su preocupación por el “aprovechamiento desmesurado e inadecuado para el tratamiento de excarcelaciones de personas privadas legítimamente de su libertad”. 
 
El documento, que lleva la firma del presidente Carlos Rivolo, el vicepresidente primero Ricardo Toranzos, la vicepresidenta segunda María Fernanda Poggi, la vicepresidenta por Funcionarios Carina Jaime, y la secretaria Susana Pernas, sostiene que estas decisiones causan “confusión y zozobra en el ya afectado marco social general, y en especial en las víctimas y sus familiares”, y resaltan que previo a la resolución de penas hay un proceso, por lo que “repudian cualquier resolución automática basada en una situación sanitaria hipotética y general”. 
 
“Esta Asociación, en función del debate social surgido, quiere recordar que tanto las prisiones preventivas como las condenas son dispuestas en un marco de excepcionalidad y proporcionalidad, ello implica que previo a su disposición se realizó la valoración de las distintas circunstancias del delito que nos ocupa, donde se analiza su gravedad, la consistencia de la prueba, los riesgos procesales, las condiciones individuales del imputado y el daño causado a la víctima, es por ello que consideramos que cualquier modificación de aquella medida de privación de libertad debe reandar ese mismo camino”, afirmaron. 
 
No obstante, ante la situación inminente, desde la Asociación aseguran que el cuestionamiento debe ser “en el marco legal, siguiendo la vía recursiva correspondiente, en donde se determinará las responsabilidades por cualquier irregularidad”, por lo que convocan a “los magistrados judiciales a ser estrictos en la morigeración de las prisiones domiciliarias, en el control de su cumplimiento y que cuando se superen los riesgos sanitarios se disponga inmediatamente su restablecimiento a las unidades carcelarias de los condenados”. 
 
“La emergencia en que transitamos, requiere reforzar los esfuerzos y profundizar la prudencia en los procederes oficiales y sociales, de modo tal de advertir y atender la mayoría de las situaciones de riesgo que puedan surgir en todos los sectores de nuestra comunidad, sin que ello implique la creación de un estado vulnerable de ningún ciudadano”, finalizaron.