Viernes, 17 Abril, 2020 - 13:18

Derecho y pandemia
Por Luis Rodríguez Martínez (*)

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Una de las cosas positivas que trajo la pandemia es el considerable tiempo que tenemos para dedicar al ocio, la meditación. El cine a expensas de la televisión, la TV on demand y otros canales de esparcimiento, nos sirven para evadirnos del maremágnum de información que recibimos acerca de la epidemia. Información que, a esta altura, tengo la certeza está orientada a aterrorizarnos, dado su tono apocalíptico, catastrófico.
 
Hasta el WhatsApp de celulares es inundado de vídeos explicativos de las medidas preventivas que debemos adoptar, como los trucos para que el virus asesino no sea asimilado por nuestro organismo.
 
Mientras la vida discurre por la coyuntura descripta, en las altas esferas de poder se va entronizando una praxis, un estilo de hacer política, que responde a la cosmovisión e ideas políticas de quienes detentan el poder: en una situación de crisis o desastre, el presidente de la nación está autorizado para tomar las medidas que su arbitrio indique, sin control del poder legislativo, licenciado merced a la Ley de Emergencia N°27.541, ni del poder judicial, fuera de funcionamiento por el asilamiento preventivo obligatorio.
 
Si para el peronismo versión K el Congreso de la Nación, en situaciones de normalidad, es un estorbo para el ejecutivo, con mayor razón este sesgo autoritario se ve agravado en una situación de crisis en que la sociedad, presa del pánico, le consiente cualquier exabrupto político o jurídico.
 
En nota anterior al Director de Diario Chaco expresé que en la actualidad vivimos en el reino de la ilegalidad, porque la infinidad de decretos emitidos por el presidente, lesivos de garantías constitucionales previstas en el art. 14 de la constitución nacional, no tienen respaldo jurídico.
 
Que la única institución que autoriza al Ejecutivo suspender las garantías constitucionales, con acuerdo del senado, es el estado de sitio contemplado en los artículos 23 y 99 de la CN.
 
No puede refutarse lo anterior alegando que la ley de emergencia le otorga facultades como las puestas en práctica por la presidencia, porque se trata de una delegación de poderes del congreso para dictar normas y tomar medidas ejecutivas sobre nueve materias señaladas taxativamente por la mentada ley.
 
Jamás se puede concebir que una delegación de atribuciones legislativas comprenda la de afectar o suspender derechos constitucionales; por una cuestión de lógica jurídica y sana interpretación, jamás el delegado, mandatario, comisionado (Poder Ejecutivo), puede gozar de prerrogativas jurídicas más extensas que las del delegante, mandante, comitente (Congreso de la Nación).
 
Probablemente, influyó en el ánimo del presidente para no implantar el estado de sitio, el recuerdo de la experiencia de Fernando de la Rúa, quien debió renunciar dentro de las veinticuatro horas de decretarlo. Se me ocurre un error, pues bajo el imperio de esta situación de excepción los decretos hubiesen tenido visos de legalidad.
 
Actualmente, todas las decisiones del ejecutivo se fundan en el principio de autoridad; esta manera de gobernar se hizo extensiva a provincias y municipios, derivando el panorama en una suerte de sálvese quien pueda, eso sí, con el consenso de la población atemorizada por la pandemia.
 
Gobernadores tomando medidas por decreto, ignorando las legislaturas; municipios que, cual sitio militar, cierran los ejidos municipales mediante barricadas; en Tucumán, comunidades originarias que establecen quién puede entrar o salir de Tafí del Valle, EN BUEN ROMANCE, EL REINO DE LA FUERZA SOBRE LA BASE DEL PÁNICO.
 
También asombra la decisión de Alberto Fernández de encargar a los intendentes del conurbano bonaerense la facultad de controlar precios máximos en los comercios, facultándolos a clausurarlos cuando los infrinjan. Solamente el poder judicial puede clausurar negocios comerciales, de ninguna manera el ejecutivo en sus tres niveles puede arrogarse facultades judiciales, pues se violaría el principio de división de poderes: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (art. 99 CN).
 
Paradójica medida, inoportuna, si se repara que cuando el área de desarrollo social del gobierno nacional adquiere productos de primera necesidad para ser distribuidos en los sectores vulnerables, lo hace a precios que superan el doble o triple del valor en góndolas de supermercado.  
 
Esta manía regulatoria llega al extremo de modificar los contratos en curso de ejecución, facultad que, si está vedada al Congreso, a fortiori lo está al ejecutivo. Es lo sucedido respecto de los contratos de locación que, invocando la emergencia, fueron modificados por el ejecutivo nacional, afectando el principio de intangibilidad de los contratos y en franca violación del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
 
Como dice la norma citada, la retroactividad de las leyes, con mayor razón de un decreto, “no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales”.
 
Otra cuestión, que los medios pasan por alto y no fue sometida a debate, es la relativa a las potestades que tiene el ejecutivo nacional para impartir decretos u órdenes vinculadas al combate de la pandemia aplicables en las jurisdicciones provinciales. Legislar sobre este tema de interés público para todo el pueblo de la nación, es una facultad no delegada por las provincias al congreso nacional, mucho menos al ejecutivo, por más pandemia que tengamos al acecho.
 
Dice la ley suprema en su art. 121: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”
 
En EEUU, cuya constitución es la fuente inmediata de la argentina, vemos en estos días que cada estado asume, sin limitaciones por parte del gobierno federal, el combate de la epidemia. Causaron estrépito las discrepancias entre Donal Trump y el gobernador de Nueva York, quien consciente que la nación es auténticamente federal, tomo libre y unilateralmente las medidas para preservar la población de su estado. Es la diferencia entre un país apegado a la legalidad, respetuoso del orden jurídico, y otro que lo viola sistemáticamente, de manera consuetudinaria.
 
Estoy persuadido que lo expresado en estas líneas resultará antipático, poco sensible frente a una tragedia que nos apremia, pero el análisis jurídico no está, o no debiera estar, condicionado por valoraciones extrañas al derecho. Para acopiar información de la pandemia, tenemos que recurrir a médicos, científicos, especialistas, pero en el análisis jurídico el faro es la letra fría de la ley.
 
El intérprete no tiene margen para la creatividad; si desconoce el sentido literal de la ley se transforma en legislador, lo que implica violación de la división de poderes; los jueces no pueden crear derecho por vía de interpretación, sólo le cabe el apego rígido y estricto al ordenamiento jurídico.
 
Sería deseable que el presidente, en esta circunstancia dramática, decline su adicción a legislar sobre todo tipo de materias, como así también, cuando adopta medidas gravosas para el pueblo, dé intervención al congreso de la nación.  
 
No absuelve de responsabilidad al presidente, pero en cierto sentido justifica su proceder, la inexistencia en nuestra constitución de una institución que permita encauzar jurídicamente una catástrofe como una pandemia. No me cabe duda que esta laguna será subsanada en una futura reforma de nuestra carta magna. 

(*) Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña.