Viernes, 20 Septiembre, 2019 - 10:48

Crisis terminal: este lunes se empieza a definir el destino de la salud público-privada en Argentina

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El próximo lunes 23 será un día clave para saber si hay salida para el sistema de salud público-privado del país, o si éste se sumerge aún más en el colapso. A las 14, el secretario de Trabajo de la Nación, Lucas Aparicio, recibirá a las entidades que representan al 95 por ciento de los prestadores en busca de una solución concreta a la crisis.
 
Para entender por qué el sistema de salud está al borde del colapso hay que analizar su estructura operativa y su estructura de costos. Operativamente el sistema tiene tres “partes”: un sector público que presta servicios a un tercio de la población, que son los hospitales; un sistema conjunto de “financiadores”, que son las obras sociales nacionales, provinciales y los institutos como el InSSSeP; el PAMI y las prepagas privadas; y finalmente los prestadores, que son las clínicas y sanatorios, los institutos de diagnóstico y otros.
 
Respecto a la estructura de costos, destaca la denominada “inflación médica”, que son los ajustes de precios del sector, siempre entre un 10 y un 15 por ciento por encima de la inflación del resto de la economía, en parte ocasionada por el ingreso de tecnología más costosa y nuevos tratamientos, precisa Carlos Boyadjian, especialista del diario económico “El Cronista”. Son costos dolarizados que se cubren con ingresos regulados y en pesos.
 
La situación es alarmante. Jorge Cherro, titular de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) advirtió que “muchas entidades están comenzando a armar la documentación para presentar procedimientos preventivos de crisis”. Y es que a la devaluación de 2018, que había dejado groggy al sistema, se le sumó la del 12 de agosto de 2019: un golpe de nockout. 
 
En el caso de las privadas, ya no alcanza con negociar aumentos de cápitas a las obras sociales y prepagas y trasladar los costos a las cuotas que pagan los asociados, porque éstos o cambian a un plan que puedan pagar o dan de baja el servicio. Por eso Jorge Piva, vicepresidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), reconoció que hay “un descalce generalizado entre financiadores y prestadores”, ya que el sistema “venía acumulando atrasos en ingresos que no se reconocían”. 
 
Por eso el 13 de septiembre, siete entidades que nuclean a prestadores (Adecra, CEDIM, CONFECLISA, CEPSAL, CADIME, AAEG y CACEP) hicieron llegar un documento al Ministerio de Producción y Trabajo en el que detallan la gravedad de la crisis, y hablan sin tapujos de presentar masivos procedimientos de crisis, lo que dejaría a decenas de miles de trabajadores especializados en la calle, y a cientos de miles de usuarios del sistema de salud sin atención. 
 
EL CASO CHAQUEÑO
A este escenario, en Chaco debe añadirse que desde el 1 de julio de este año PAMI canceló su convenio con la red de prestadores Aclysa, con lo que entre 50 y 90 mil jubilados nacionales están virtualmente sin cobertura. 
 
El problema es más acuciante en el Interior, donde apenas hay sanatorios de la red alternativa propuesta por la obra social nacional y los hospitales provinciales no dan abasto. Localidades como Villa Ángela, donde las tres clínicas existentes pertenecen a la red Aclysa, ya pidieron la declaración de la emergencia sanitaria dado que los abuelos deben trasladarse no menos de 100 kilómetros para ser atendidos. Al respecto ya hay en carpeta medidas judiciales impulsadas por entidades de jubilados nacionales contra PAMI.