Martes, 31 Diciembre, 2013 - 08:56

Crisis de las modernas teorías del castigo penal (Parte II)
Por Santiago Piñero (*)

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Posteriormente hicieron su aparición en escena las nuevas concepciones denominadas Relativas. Este grupo de teorías ya no se conformaba con el argumento metafísico de sus antecesoras y postulaban en su reemplazo funciones utilitarias del castigo. La pena, decían, debía tener una finalidad más allá del mero postulado de justicia. Más aún, dicho postulado, aplicado racionalmente, exigía muchas veces prescindir de la pena.

La finalidad principal debía ser la de prevenir futuros delitos. Así por ejemplo, encontramos entre sus seguidores a quienes le asignan al castigo una función preventiva general y quienes le asignan una función especial. En el primer caso la prevención se dirige a la población como una especie de castigo amenazante ejemplificador o bien como afianzamiento del sistema judicial; en el segundo caso la pena pretendería neutralizar o bien corregir al delincuente, resocializarlo; finalmente no faltaron quienes pretendieron hacer un combos entre todas las posiciones y asignarle a la pena funciones variadas.

Como vemos, este tipo de pensamiento explicaba al castigo como “mirando hacia adelante”, considerando su utilidad para el futuro.

Sin embargo, la evolución no se detuvo allí y las teorías relativas sufrieron el embate de algunos saberes científicos extraños al derecho como ser el positivismo científico, la biología y principalmente la criminología de fines del siglo XIX, produciendo trastornos de relevancia. En su aspecto práctico, esta idea de una pena racional y utilitaria, llevada al extremo e influenciada por aquellas ciencias, ha hecho triunfar en el campo teleológico punitivo las ideologías “re” (resocialización, reeducación, reinserción, etc.), dando origen a ciertos institutos jurídicos como la Prescripción, la Condenación Condicional y los regímenes de Salidas Transitorias, entre otros. Dedicarme puntualmente a cada uno de estos institutos demandaría quizá consideraciones que no vienen al caso, no obstante, sí cabe remarcar que todos tienen en común su íntima relación con las posturas racionalistas bajo análisis y, en este sentido, se hallan en clara consonancia con el postulado constitucional de la finalidad resocializadora de la pena. Es precisamente en este punto donde observo el conflicto.

La pena puede, a mi entender, tener diferentes finalidades y ello en gran medida dependerá de la subjetividad que la apodere. Sin embargo, existe una finalidad que ha sido injustamente minimizada e incluso rechazada por los autores del racionalismo, me refiero a aquella que pretende afianzar la justicia. No me parece correcto reducir los postulados de Hegel y Kant a meras concepciones metafísicas y negarles racionalidad.

Tómesela como función retributiva (teorías antiguas) o como función preventiva general (teorías modernas), lo cierto es que el restablecimiento de la justicia resulta de extremada importancia para la convivencia estabilizada de una sociedad, y en lo que al derecho penal refiere, mal que nos pese, dicha justicia sólo se alcanza a través de la pena cierta.

De manera que se debe tener cuidado al extremar posturas filosóficas. Insisto, la concepción de una pena utilitaria que persiga la finalidad de resocialización del condenado, conforme la Constitución Nacional lo demanda, no debe hacernos caer en el error de abolir el castigo.

Quizá sea tiempo de volver a las bases del racionalismo, deshacer o al menos replantear ciertas andanzas criminológicas y retomar las enseñanzas de Cesare Bonesana de Beccaria. Ya hace 250 años afirmaba el marqués que “la certidumbre de un castigo, aunque este sea moderado, siempre causará más impresión que el temor de otro más terrible al que vaya unida la esperanza de la impunidad”.

(*) Abogado