Domingo, 29 Diciembre, 2019 - 20:14

Coronación de Alberto primero de Argentina
Por Luis Rodríguez (*)

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Si alguien pensó que el gobierno de Mauricio Macri sentaría precedente respecto de la forma y estilo con que se gobierna un país, se equivocó categóricamente. El engendro jurídico sancionado por el gobierno de Alberto Fernández (ley 27.541), denominado solemnemente Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva -comprensivo de nueve rubros o conceptos de la vida económica y social del país que van a ser alcanzados por su articulado- disuade de cualquier esperanza en ese sentido.
 
En efecto, el artículo primero declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando el Congreso de la Nación en el Poder Ejecutivo, in totum, las prerrogativas que le concede el art. 76 de la constitución nacional. Eso sí, como los diputados del partido oficialista son extremadamente celosos en cuanto al respeto de nuestra constitución, establecen una duración de este mamarracho jurídico hasta el 31 de diciembre de dos mil veinte.
 
Recuérdese que la anterior ley de emergencia nacional, Ley 25561, sancionada en la primera semana de la presidencia de Eduardo Duhalde (6 de enero 2002), contempló originariamente una duración de dos años. Sin embargo, a pesar de su excepcionalidad, el justicialismo la mantuvo vigente mediante sucesivas prórrogas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en total catorce años comprendiendo el interregno de Eduardo Duhalde. Justificadamente y suspicacias al margen, debo presumir que en esta oportunidad la criatura va a ser prorrogada invocando circunstancias complejas por las que atraviesa el país, no vaya a ser que deban consensuar alguna norma con la oposición durante el ejercicio del actual mandato.
 
Esta ley es insanablemente nula, como prescribe el art. 29 de la Constitución Nacional, que transcribo para aquéllos que no tengan a mano un ejemplar:  
 
“El Congreso no puede conceder al ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
 
Este texto, introducido por los convencionales constituyentes de 1853, tiene por principal objetivo evitar que se reitere la práctica del “Restaurador de las leyes”, Juan Manuel de Rosas, de hacerse delegar por parte de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires la suma del poder público. Para prevenir desvíos institucionales, como el previsto en la ley 27.541, los redactores de la constitución introdujeron el mentado artículo que, vale subrayar, no existe en el modelo norteamericano. Ésa y no otra es la ratio legis del art. 29 C.N.
 
Este Fujimorazo está siendo aplaudido por la prensa, cómplice de todas las tropelías jurídicas consumadas por el peronismo; se “abre una esperanza” dicen, se trata que los que “más riqueza poseen colaboren con los sectores sociales pauperizados”. A su vez, compran el slogan de la “reactivación productiva”, cuando saben con certeza que se trata de un mega impuestazo del que no se tiene memoria.
 
Tampoco ponderan que, producto de la delegación de poderes en favor de Alberto Primero de Argentina (comienza una dinastía), el Congreso ha sido licenciado hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Existe alguna diferencia con Venezuela, donde Maduro, no obstante perder por amplia mayoría las elecciones legislativas, impidió que el parlamento en su nueva composición comenzara a sesionar recurriendo a la justicia, cooptada por el chavismo?
 
Se me ocurre que el fenómeno argentino es aún más grave, pues en Venezuela el orden imperante se mantiene por la fuerza de los fusiles, por la complicidad de las fuerzas armadas y policiales, mientras que en Argentina son los mismos diputados quienes voluntariamente depositan la suma del poder público en el ejecutivo.  
 
La descomposición jurídica e institucional del país en que nos ha sumido la ley de emergencia, es devastadora. Por ejemplo, sabiamente nuestra constitución expresa que los impuestos deben ser creados por ley, debiendo ser diputados cámara de origen por ser representativa del pueblo de la nación. Doble transgresión constitucional: a) del principio de legalidad del tributo y b) iniciativa del órgano por excelencia de la soberanía popular que es la cámara de diputados.
 
La ley de emergencia contempla un incremento de las alícuotas de las retenciones a la exportación de granos, lo que va en detrimento de los ingresos fiscales de las provincias, habida cuenta que estos tributos no son coparticipables (art. 4 y 71 inc. 5° C.N.).
 
Curiosamente, los gobernadores justicialistas, que en las postrimerías del gobierno de Mauricio Macri interpusieron demandas de reintegro cuando pretendió reducir el IVA a los alimentos para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos de menos ingresos, ahora guardan silencio de tumba, lo que demuestra que ninguna intención tienen de defender los intereses provinciales sino obedecer servilmente las imposiciones del gobierno nacional. Cinismo, hipocresía y miseria para todos (y todas).    
 
De toda evidencia es que Argentina vive consuetudinariamente en “emergencia”, fatídica palabra que los políticos usan para borrar de un plumazo la constitución. No me cabe duda que en los tiempos que corren no se justifica someter al país a dicho estado, por más que la situación fuere difícil y que se haya puesto en el candelero el problema del hambre. La insistencia del justicialismo en magnificar y sobreactuar este flagelo, fue una estrategia para sensibilizar a los medios de comunicación y la opinión pública. Logrado el objetivo, la sanción de la ley era inexorable y en tiempo récord.
 
Algo impensable en democracias consolidadas puede acontecer en Argentina, verbigracia, la sanción en de un instrumento legal que altera el orden jurídico de un país en dos sesiones del congreso de la nación. Obviamente, en ese suspiro es imposible siquiera estudiar el proyecto de ley.
 
En la provincia de Buenos Aires el gobernador Kicillof envió a la legislatura una ley de emergencia de similar tenor a la nacional con la pretensión de que fuere aprobada en una sesión. Por suerte, la iniciativa fue bloqueada por la bancada de Cambiemos, que alegó imposibilidad de proceder siquiera a su lectura en el exiguo tiempo que el gobernador sugería.  
 
Párrafo aparte merece el documento que a instancias del presidente fue firmado por representantes de los trabajadores, el empresariado y los movimientos sociales, denominado “compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad”.
 
Su contenido trasluce un texto redactado por y a la medida de las necesidades del gobierno de Alberto Fernández; un catálogo de buenas intenciones y corrección política en que se afirma que se “empezará por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos”.
 
Obviamente, salvo que uno sea un malvado, es imposible estar en desacuerdo con esta premisa, pero inmediatamente el documento va directo a la médula del compromiso: “Reconocemos también la prioridad de la resolución sustentable de esa deuda pública. Expresamos nuestra confianza y respaldo a la gestión que ante los acreedores privados y organismos internacionales realizará el nuevo gobierno argentino”.
 
Tanto despotricar contra el gobierno de Macri acusándolo de lacayo de los capitales y usura internacionales, para proponer como objetivo central del mandato pagar o “hacer sustentable” el pago de la deuda externa; tanta prédica izquierdista en el abordaje de esa temática para, ahora en el poder, reconocer que el Estado Nacional no puede desconocerla.
 
Tampoco se priva de embarcar a los firmantes en un acuerdo estratégico de desarrollo humano integral, abstracción que suena lindo, tiene musicalidad, pero vacía de contenido.
 
El cinismo de Fernández y el partido que lo respalda, llega al extremo en el pasaje en que asume “el desafío de edificar consensos de largo plazo, que vayan más allá de un periodo presidencial, y que incluyan metas compartidas y posibles de alcanzar en distintas etapas”. Qué maravilla, antes de las PASO se proponían dinamitar el Gobierno de Mauricio Macri; en la actualidad, proponen un acuerdo nacional sobre la base de su ideario político y en el marco de una ley inconstitucional que le otorga facultades extraordinarias.
 
En síntesis, los primeros pasos dados por la nueva administración nacional son patéticos; han transformado al presidente de la nación en un monarca absoluto, derogando la constitución nacional mediante una ley de delegación de poderes.
 
Aún en la quimérica posibilidad de que este gobierno obtenga los resultados que persigue, el método es inaceptable, no existe país dentro de Latinoamérica, salvo Venezuela, que funciones exclusivamente con el Poder Ejecutivo. El prestigio de Argentina como nación hecho trizas
 
(*) Abogado 
Presidencia Roque Sáenz Peña