Martes, 20 Agosto, 2019 - 21:03

Causa Mazzoni y Casco: el juicio pasó a cuarto intermedio hasta el 17 de septiembre

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Las querellas requirieron 18 años de prisión para el ex funcionario judicial Roberto Mazzoni y 20 para el ex penitenciario Pablo Casco a raíz de la supuesta participación de ambos en el terrorismo de Estado ejercido por la última dictadura. 
 
Por su parte desde la Fiscalía se alegó por 16 años de prisión para el primero y 19 años para el segundo. La causa pasó a cuarto intermedio hasta el 17 de septiembre, oportunidad en a que las defensas presentaran sus alegatos, luego de lo cual el Tribunal estará habilitado para dictar sentencia.  
 
Durante la mañana y parte de la tarde de este martes tuvo lugar la quinta jornada del juicio oral a civiles implicados en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura con la presentación de las respectivas acusaciones por parte de las querellas y la Fiscalía y el correspondiente pedido de pena para Roberto Mazzoni, ex funcionario judicial, secretario de juzgado primero y fiscal después y para César Casco,  ex jefe de la guardia del servicio penitenciario federal en la U7.
 
La parte querellante solicitó condenar a  Roberto Domingo Mazzoni a 18 años de prisión por considerarlo “autor penalmente responsable (art. 45° del C.P.), de los elitos de privación Ilegal de la Libertad cometida por funcionario público doblemente agravada por el empleo de violencia y por su duración mayor a un mes en cinco hechos, en concurso real con el delito de tormentos - agravados por ser la víctima perseguido político en dos hechos”. Asimismo, se solicitó la pena de 20 años de prisión para Cesar Pablo Casco, por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de Tormentos Agravados por ser la víctima perseguido político en dos hechos”.
 
La Fiscalía pidió 16 años de prisión para Mazzoni, al que se le imputó el encubrimiento e infracción de denunciar delitos en cinco hechos, la omisión de dar cuenta de una detención ilegal en 4 hechos en concurso real y el  incumplimiento de deberes de funcionario. Asimismo se expuso como agravantes una serie de amenazas denunciadas por dos ex detenidas políticas cuando manifestaron al funcionario los tormentos sufridos en la Brigada. Para Casco se pidió la pena de 19 años de prisión por los delitos de tormentos. En ambos alegatos se remarcó que fueron los hechos juzgados deben ser señalados como crímenes de lesa humanidad.
 
Si bien estaba estipulado continuar con la audiencia el miércoles 21, por razones de fuerza mayor la causa pasó a cuarto intermedio hasta el 17 de septiembre, cuando tendrá lugar el alegato defensor. Luego de lo cual ya sólo restará las réplicas y entonces el tribunal que integran el juez Juan Manuel Iglesias (presidente), la jueza Selva Angélica Spessot (de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes) y el juez Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa dictará la sentencia.
 
ALEGATOS
 
Fue una extensa jornada que comenzó pasadas las 9 y terminó cerca de las 16. El primer alegato presentado fue el de las querellas que representan a la Secretaría de DDHH de la provincia ejercida por Paulo Pereyra y Duílio Ramírez y  por Manuel Brest (representa a la Secretaría de DDHH de la Nación). Los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay hicieron lo propio en representación del Ministerio Público.
 
Fiscales y querellantes presentaron un cuadro general de contexto histórico, luego de lo cual detallaron las pruebas documentales y testimoniales según las cuales se describen los hechos que se imputan. Básicamente testimonios de varios ex detenidos y detenidas por razones políticas en los cuales se evidencian pedidos de ayuda a representantes de la Justicia que cayeron en saco roto ante la negativa de investigar las denuncias, en tanto los funcionarios judiciales, con el fallecido ex Juez Córdoba a la cabeza, articular su accionar para brindar una cobertura legal al plan sistemático de represión genocida. Del mismo modo, testimonios de ex detenidos políticos en la U7, bajo un régimen de destrucción física y mental por parte del jefe de la guardia Casco. Por último, se detallaron las respectivas autorías y la calificación legal y se presentó el pedido de pena.
 
Los hechos por los cuales se solicitaron las condenas son los que sufrieron Aníbal Ponti, Mirta Susana Clara, Hugo Ramón Barúa, María Gregoria Pérez y Eugenio Domínguez Silva, respecto de las torturas y el nulo accionar judicial ante las denuncias, y los maltratos sufridos por Hugo Alberto Dedieu y Carlos Raúl Aranda a manos de Cesar Casco durante su cautiverio en la U7.
 
El querellante Duílio Ramírez destacó como novedoso de este sexto juicio oral que sea esta la “primera vez que los imputados no pertenecen a la estructura tradicional de represión, FFAA o de la Policía del Chaco. Los imputados formaron parte de la maquinaria del terrorismo de Estado no de modo accidental, sino de modo activo consciente y entusiasta”.
 
Remarcó que en su función de secretario primero y fiscal luego, habiendo tomado noticia de los hechos (secuestros, torturas, etc. Desapariciones y homicidios) Mazzoni omitía la instrucción de  un proceso; “ni  siquiera tomaba las declaraciones denunciando torturas de  personas con visibles secuelas de las golpizas”.
 
En lo que respecta a Cesar Casco recordó  su participación en la “entrega” de detenidos al Ejército el 12 de diciembre, en el marco de lo que luego sería la Masacre de Margarita Belén y que este “intentó alejarse de las situaciones denunciadas con las funciones establecidas en su legajo, pero acá investigamos la “verdad real”, más allá de las formalidades”.  
 
Manuel Brest Enjuanes se abocó a la documental en la causa,  “La cual afirma la participación de los imputados en los hechos debatidos en este juicio”. Al momento de pedir la cuantía de la pena Pereyra subrayó que ambos imputados “No sólo formaron parte de la maquinaria represiva  sino que decidieron tolerar los hechos con la infracción de los deberes que tenían a su cargo”.
 
En ese sentido, el fiscal Federico Carniel también precisó que el accionar de Mazzoni  (junto con los demás integrantes del Juzgado Federal de entonces, en la actualidad fallecidos) aseguró el “blanqueo judicial” de la clandestinidad y de la tortura. “Ante el clamor de las víctimas en busca de respuesta a los funcionarios judiciales el mecanismo fue no investigar nada, sino seguir adelante con procedimientos ilegales. Esto me permite sostener que los crímenes fueron de lesa humanidad” indicó.
 
A  su turno, el fiscal Diego Vigay analizó los hechos y pruebas, y en ese marco hizo mencionó el “compromiso de los sobrevivientes y la coherencia en cada una de las declaraciones realizadas ante sede judicial a lo largo de los años”.
 
Recordó el descargo por parte del Juzgado Federal ante la recriminación de no haber avanzado en la investigación de una de las denuncias por tormentos: Córdoba, Mazzoni y compañía se excusaron con el pretexto de no contar con recursos para fotocopiar una serie de escritos (cuatro páginas). Enumeró una serie de normativas por las cuales el servicio penitenciario quedó bajo la órbita de las Fuerzas Armadas, en ese marco se inscribe el “accionar cruel de Casco”  al frente la guardia más violenta en la U7. Asimismo subrayó que se encuentra imputado en el caso de un detenido de apellido Sánchez que fuera sacado del penal y de quien no se supo más nada, hasta la entrega de su cadáver tiempo después, a su familia en Posadas.
 
A modo de cierre, Carniel luego de establecer los pedidos de las respectivas penas, enfatizó la importancia de este juicio “que tiene un plus porque la Justicia está juzgando su propio proceder en cuanto al accionar de los operadores judiciales juzgados,  y eso fortalece el proceso de memoria”.