Martes, 10 Septiembre, 2019 - 19:56

Participaron diferentes profesionales
Audiencia en el Senado por el nuevo Código Penal: cuestionaron artículos vinculados con la reincidencia

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El proyecto de Ley que habilita el nuevo Código Penal recibió hoy apoyos y cuestionamientos durante la segunda audiencia con especialistas que se realizó en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores de la Nación.
 
La iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo a principios del año busca unificar el criterio punitivo de la norma que rige desde 1921.
 
La doctora en filosofía Diana Cohen Agrest cuestionó duramente algunos artículos del nuevo Código, puntualmente, los vinculados con la reincidencia y la libertad condicional.
 
“Abandonen lo políticamente correcto. Adopten la ética de la responsabilidad. Es una falsa dicotomía hablar de imputables e inimputables. En el siglo XXI la discusión es entre víctimas y victimarios. Si el Congreso busca la coherencia legislativa con la ya sancionada Ley de Víctimas, con este anteproyecto de Código ¿habrá menos víctimas o más?”, aseveró la invitada.
 
Cohen Agrest les pidió “racionalidad” a los senadores reunidos en el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo y fustigó, entre otros aspectos, que la libertad condicional no se conceda a los reincidentes salvo que hayan cumplido 35 años de condena, por lo que preguntó: “¿Quién está preso 35 años? ¿Es necesario habilitar este beneficio para personas que cometieron delitos aberrantes?”.
 
La filósofa recordó que el asesino de su hijo Ezequiel, muerto en un asalto en 2011, “tenía nueve condenas previas y estaba libre”, y culpó del hecho no al perpetrador sino “a los jueces de Morón que lo dejaron libre”.
 
“Este proyecto establece que quien tenga frondoso prontuario pueda salir en libertad”, afirmó.
 
La confección del Código también fue cuestionada por el abogado Maximiliano Rusconi y por la ex senadora Diana Conti, hoy integrante del Comité de Prevención de la Tortura, aunque sus disidencias se basaron en los aspectos más duros del proyecto.
 
Rusconi comenzó afirmando que “el problema principal de la Argentina no es discutir un nuevo Código”, y que “el derecho penal está en crisis porque perdió total capacidad investigativa”.
 
Además, fustigó el artículo 34 del Código porque suavizaba los castigos a los integrantes de fuerzas de seguridad que se excedan en el cumplimiento de su deber con su arma reglamentaria: “Eso es espantoso”, ponderó.
 
En el mismo sentido se explayó Conti , quien acusó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de haber levantado “la bandera de la vulneración de todas las garantías penales” y reclamó que “el Código Penal atienda a la delincuencia grave, y que aquel delito insignificante ya no esté tipificado”.
 
Además, la ex legisladora kirchnerista añadió que “la prisión preventiva, como pena anticipada, es una prohibición que debe estar vigente de modo permanente en las vidas de nuestro país”.
 
El profesor de la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Austral, Alejandro David, consideró “positivo sacar la pena de reclusión y regular la aplicación de las medidas de seguridad para los inimputables”.
 
Sin embargo, cuestionó un artículo que se aplica en delitos graves y que contiene “el seguimiento socio-judicial que se aplica a los condenados que ya cumplieron su pena” porque es “claramente inconstitucional”.
 
La jueza de Cámara ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, Ana D’Alessio, defendió la decisión de discutir un nuevo Código Penal, aunque pidió diferenciar las condenas en delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes.
 
“Veo que quedan afuera de la libertad condicional. Sin embargo, hay sujetos que se dedican al narcomenudeo y hay otros que trafican, distribuyen, están al frente de una organización y se enriquecen y reciben el mismo tratamiento”, indicó D’Alessio.
 
Finalmente, Carolina Robiglio, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, destacó la “implementación de una norma general para la imputación de personas jurídicas en causas penales”.
 
“Es un sueño que haya llegado el momento de que se debata posibilidad de que se pueda disponer de instrumentos para imputar a personas jurídicas”, resaltó Robiglio.
Fuente: 
Télam