Viernes, 21 Febrero, 2020 - 20:57

Argentina en caída libre
Por Luis Rodríguez MARTÍNEZ (*)

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La vida en Argentina sigue su curso, parsimoniosamente; el pueblo nada demanda de un gobierno que pareciera haber llegado para agredirlo y humillarlo; sin embargo, la vida cotidiana está signada por el hastío, el sopor, la desesperanza, el desencanto. 

Tres meses antes la sociedad estaba movilizada, con no poca violencia e indignación, contra un gobierno “neoliberal” cuyo fin, en el imaginario popular, era favorecer a los sectores concentrados de la economía y generar hambre y miseria para su población.

Se propugnaba un gobierno que tuviere siquiera una partícula de sensibilidad social, que atienda mínimamente las urgencias de los más necesitados. Eso votó la sociedad en las últimas elecciones, de modo que cualquier desengaño no la exime de responsabilidad, sino más bien la convierte en cómplice del actual sistema.

He aquí que la nueva administración, apenas instalada en la casa rosada dicta una ley -no tiene antecedentes por su temeridad- que arrasa con el Congreso de la Nación y el sistema republicano de gobierno. El argumento: la difícil situación económico social heredada del gobierno encabezado por Mauricio Macri, una mentira que a fuerza de repetirse fue aceptada por la sociedad en general. Los Representantes del pueblo de la nación de vacaciones durante un año, término de vigencia de la   ley de emergencia 27.541.

Conociendo el modus operandi del justicialismo, como que todos los días sale el sol, es inexorable la prórroga de su vigencia, de modo que van a gobernar cuatro años en la absoluta ilegalidad, por fuerza de mayorías de coyuntura, con la prepotencia que los caracteriza (basta observar las sesiones para comprobar el desprecio por los demás partidos políticos y factores de poder que resisten sus arremetidas).

Como el pueblo argentino padece síndrome de Estocolmo respecto del peronismo, ahora se terminaron las protestas callejeras, la agitación sindical, la incomodidad de la Iglesia con el poder político de turno, el descontento del colectivo de artistas y personajes de la cultura. Eso sí, sólo mentes afiebradas pueden imaginar alguna mejora o evolución socioeconómica (nadie la reclama, por cierto).

La historia se repite y el justicialismo en ejercicio del poder exhibe las diferencias y contradicciones de un partido que acoge en su seno las más variadas tendencias políticas. Pareciera que AF y CFK se repartieron el poder, pero los enconos, las diferencias ideológicas, los pases de factura, no tardaron en aflorar y mantienen en vilo al país.

Se dice que AF es un dirigente moderado, pero su conducta, definiciones políticas y decisiones no confirman esta presunción. La arbitrariedad, vulgaridad de los dirigentes, su recalcitrante desdén por el orden jurídico, la creencia que los votos le otorgan patente de corso para cometer cualquier tipo de arbitrariedades, se ha enseñoreado del país. Nada ha hecho el presidente (de facto) para conjurar estas anomalías.  

Gobernar sin control y a espaldas del Congreso ha privado a este gobierno legitimidad de ejercicio. Y no se puede tapar el sol con las manos, porque este atropello al estado de derecho en general se traducirá en múltiples juicios que tarde o temprano habrá que afrontar. El tema jubilatorio partirá en punta con los planteos de inconstitucionalidad, el impositivo seguirá el mismo rumbo y así hasta el infinito cuandoquiera que el voluntarismo político choque con la ley suprema.

El kirchnerismo contraataca con la amenaza de reformar el sistema jubilatorio de los magistrados, en tanto el escritor chaqueño Mempo Giardinelli escribe un artículo en “Página 12” pidiendo un nuevo sistema judicial en que los jueces serán electivos a propuesta de los partidos políticos. Si en la actualidad se duda de la imparcialidad de los jueces cuando fallan sobre intereses políticos sensibles, imaginemos lo que acontecerá cuando antes de asumir sus cargos sean confesos militantes de un partido político.

La negociación de la deuda externa es una cuestión cuyo abordaje genera divergencias en el gobierno, entre un AF proclive a una solución amistosa y la vicepresidente que sugiere endurecer la propuesta de pago a los acreedores.

En este contexto, no quiero alentar suspicacias, los medios ventilan el tema de los “niños desnutridos del norte”, en esta oportunidad en Salta, aunque perfectamente pudiera haber sido Santiago del Estero, Chaco, Formosa o Misiones.

Curioso fenómeno, siempre que Argentina, producto de sus errores y desaguisados, se encuentra al borde del default, los medios escritos y audiovisuales comienzan a exhibir crudamente las condiciones de extrema precariedad en que viven las comunidades originarias. No está mal que lo hagan, pero la experiencia indica que una vez encaminada la negociación con el FMI y acreedores particulares, el interés por la suerte de estos argentinos cae en el olvido, hipocresía que demuestra que son utilizados políticamente y que nada interesan a la clase política. El caso Tinell es paradigmático, pues su único objetivo es obtener beneficios políticos (hubiere que pedirle que aclare si el cargo que tiene en la comisión, comité, o como se llame, contra el hambre es ad honorem o rentado).

De más está decir que en el exterior nos tienen calados, esta estratagema no pasa desapercibida para los acreedores y es otro ridículo que hacemos como estado soberano.

El gobierno ha tomado nota que el déficit en la balanza comercial y la consecuente falta de dólares en el erario público se debe al sector automotor, el turismo de argentinos al exterior, el régimen especial que rige para los productos fabricados en Tierra del Fuego.

¿Cuál fue la solución adoptada para combatir el déficit automotor? Restringir la venta de autos en el mercado doméstico mediante un impuestazo que los encarece y torna inaccesibles para los argentinos (obviamente, esto fue posible porque Alberto Primero de Argentina, unilateralmente por decreto, impuso el incremento impositivo en uso de las facultades excepcionales que contempla la ley de emergencia).

Está claro que el déficit se genera porque los autos fabricados en el país tienen el ochenta por ciento de sus componentes importados y lo que se obtiene por su venta no compensa el valor de las importaciones. Tengo entendido que el rojo llega a casi cinco mil millones de dólares anuales.

Es decir, se optó por reducir la producción, que bajó casi un cuarenta por ciento si comparamos enero de 2019 contra el mismo mes de 2020. Es cierto que el desequilibrio va a disminuir, pero a costa de menor venta en el mercado nacional, caída de la actividad industrial, eventuales despidos o suspensión de personal, mayor conflictividad laboral, etc.

El justicialismo no anda con vueltas, dicta normas tributarias por decreto, reduce drásticamente la venta de vehículos e invita a los argentinos a subirse a la bicicleta, ciclomotor, sulqui o carreta.

El criterio fue idéntico respecto del deficitario flujo turístico, se desalienta la emisión de turistas argentinos al exterior vía impuestos (recargo a las compras en el extranjero con tarjetas de crédito y débito); a enamorarse de los atractivos paisajes argentinos porque las excursiones al exterior devinieron excesivamente onerosas.

La prensa (ver lapoliticaonline.com del 20/02/20) informa que la obra pública se encuentra virtualmente paralizada, alegando el gobierno nacional que las autoridades de los ministerios pertinentes todavía no fueron designadas; no existen funcionarios ni estructura para ejecutar el gasto contemplado en el presupuesto sancionado por Juntos por el Cambio en 2019, prorrogado por la actual administración. Absoluta improvisación, no sancionaron el cálculo de gastos y recursos y nula ejecución de obra pública.

Como prueba contundente de que el justicialismo se encuentra peleado irremisiblemente con el derecho y la república, el dirigente Guillermo Snopek pidió la intervención del poder judicial de la provincia de Jujuy con el inocultable objetivo de lograr la liberación de Milagro Salas.

Mientras tanto, un grupo de senadoras, entre las que se encuentra la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, redactó un proyecto de ley para eliminar la prisión preventiva en los casos de corrupción, limitar la actividad de los medios de comunicación y de los colegios profesionales, entre otras instituciones. Se trata de amordazar a la prensa, de disuadirla de informar sobre actos de gobierno sospechados de corrupción. Como es de esperar, un engendro jurídico de tal naturaleza no puede superar ningún test de constitucionalidad y así lo declarará oportunamente el Poder Judicial.

Administración pública paralizada, inexistencia de presupuesto y plan económico, ataque a la prensa, violación de elementales principios de la república, desprecio por el estado de derecho, tentativas de intervención federal, ARGENTINA EN CAÍDA LIBRE.

(*) Abogado
Presidencia Roque Sáenz Peña