Jueves, 23 Abril, 2020 - 20:13

Allanaron una de las empresas que vendió alimentos con sobreprecios al Ministerio de Desarrollo Social

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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó allanar la empresa Copacabana, una de las seis firmas que le vendieron alimentos al Ministerio de Desarrollo Social con sobreprecios. Los procedimientos fueron pedidos por el fiscal Guillermo Marijuán luego de que la Policía detectara que se estaba trasladando documentación, adelantaron a Infobae fuentes judiciales. 
 
Los allanamientos se realizan en Berutti al 2300, donde funcionan las oficinas de la empresa Copacabana, y en otros dos domicilios de la provincia de Buenos Aires. 
 
Copacabana iba a cobrar $188 millones por la polémica venta directa de alimentos que finalmente fue suspendida. 
 
Hasta 2016, según los edictos publicados en el Boletín Oficial, la presidía Osvaldo Jorge Assisa, actual secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado. Cuando se fue, dejó a Eduardo Marcelo Assisa como presidente y a Tomás Assisa como director suplente. Otros miembros de la familia. 
 
Marijuán pidió los allanamientos al juez en base a un informe de la Policía, que detectó movimientos sospechosos durante tareas de inteligencia. “Una camioneta se estaba llevando documentación a otros domicilios”, explicaron fuentes de la causa. 
 
La empresa allanada es una de las seis que figuran en la denuncia penal que hizo esta semana el fiscal Sergio Rodríguez, quien concluyó que hubo una competencia ficticia para venderle más caro al Estado. 
 
Copacabana comparte domicilios y directores con la firma Nomerobo SA, otra de las empresas convocadas por el Ministerio que conduce Daniel Arroyo para comprar aceite, fideos semolados, azúcar, lentejas y arroz. 
 
Pese a su nombre sugestivo, Nomerobo SA registra decenas de licitaciones ganadas en los últimos años. Todas con el Ministerio de Desarrollo Social. Y además aparece mencionada en la ampliación de la denuncia que hizo la abogada Martínez porque cotizó el kilo de la azúcar de la marca “Sol Tucumano” a $82,44, muy por encima de los precios máximos. 
 
De las 11 empresas propuestas inicialmente por el área que estaba a cargo de Gonzalo Calvo, uno de los 16 funcionarios echados por el escándalo, se invitó formalmente a participar a 10. Se excluyó a “Los Agro Andino” sin motivos. De las 10 convocadas, solo se presentaron seis, que finalmente fueron adjudicadas. 
 
El fiscal Rodríguez analizó la composición de las diez empresas invitadas y concluyó que aparecen tres grupos empresarios: los dueños de Copacabana, el Grupo L, y la familia Toscano, dueños de otras dos empresas. 
 
Para el fiscal, no hubo competencia entre las firmas y esa situación provocó que el Estado comprara por encima de los precios de referencia de la SIGEN. “Cuando se traspasa el velo de los nombres societarios se advierte que en realidad se estaba invitando a tres o cuatro manos por decirlo de algún modo”, escribió Rodríguez. 
 
 
 
 
Fuente: 
Infobae