Lunes, 10 Febrero, 2020 - 16:21

Alberto Fernández, presidente de facto
Por Luis Rodríguez (*)

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Durante las vacaciones de verano, que para mí acaban de finalizar, he leído ciertas noticias que ratifican mi convicción de que la gente que nos gobierna nos conduce a una nueva frustración. Lo que ha llamado sobremanera mi atención es que Alberto Fernández (AF), presidente de facto de Argentina, ha solicitado ayuda a organismos internacionales para combatir el hambre en su país.
 
Si los argentinos conservábamos una pizca de orgullo, autoestima, nuestro presidente (de facto) se propuso destruir esos nobles sentimientos, pues siendo Argentina uno de los principales países exportadores de alimentos, mendigar auxilio para mitigar el hambre es una afrenta inaceptable. Además de innecesaria, el propósito es avieso, malintencionado, porque el país tuvo épocas de mayor devastación social, como las hiperinflaciones y la crisis desatada por la caída de De la Rúa a principios de 2002, y jamás se sobreactuó el flagelo del hambre como este gobierno.
 
El mensaje subliminal en toda esta exageración y sobreactuación es imponer a la desprevenida sociedad argentina la idea de que Macri ha sumido al país en una hambruna, fenómeno que sabemos es una patraña. Sin perjuicio de anestesiar, petrificar, al pueblo argentino con esta problemática, el botín era la sanción en tiempo récord de una ley que permita a AF concentrar la suma del poder público.
 
Hay periodistas como Roberto Cachanosky que han señalado que, curiosamente, cuando algún gobierno distinto del justicialismo ejerce el poder, en las postrimerías del mandato, sorpresiva e injustificadamente el tema del hambre pasa a ser preocupación central del periodismo, obviamente, acicateado por el partido del primer trabajador.
 
A los ojos de la comunidad internacional, argentina es un país que ni siquiera puede garantizar alimentación a sus ciudadanos. Seguramente, esto llena de orgullo al Papa Francisco, quien se ha convertido en líder indiscutible del kirchnerismo. Si no somos pobres, declamemos a los cuatro vientos que esa desgracia es una virtud de la cual jactarnos, porque gozar de cierto grado de bienestar está asociado con el “dinero” que según su santidad es el “estiércol” del diablo. 
 
Los peronistas siempre han fracasado gobernando, ni siquiera son eficaces detentando la suma del poder público, como ocurre en la actualidad, en que merced a las mayorías que goza en
ambas cámaras del congreso ha sancionado una ley de delegación de poderes que transformó a AF en un gobernante de facto, cuyas calidades y prerrogativas nada tienen que ver con la magistratura diseñada por el artículo 87 y siguientes de la Constitución Nacional.
 
Sí señor, comprendiendo la ley de emergencia 27.541 (inconstitucional por donde se la mire) nueve rubros, es de toda evidencia que el Congreso no tiene materia alguna sobre la cual legislar, de modo que el actual gobierno ha consumado un verdadero fujimorazo licenciando sine die al parlamento. Por tal motivo, AF no es un presidente constitucional sino de facto.
 
Tal es el atropello al sistema republicano de gobierno, explícitamente adoptado por el artículo primero de la constitución nacional, que el ejecutivo puede disponer, hacer, deshacer, modificar, derogar, ampliar, cualquier norma jurídica atinente a las materias económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
 
Maduro, si vale la comparación con nuestro presidente (de facto), es un mandatario débil, carente de facultades para gobernar, porque su dictadura se funda en artilugios judiciales que
impidieron que el parlamento en su nueva composición pueda funcionar, en tanto que en Argentina es el congreso el que transfirió voluntariamente al ejecutivo sus prerrogativas constitucionales.
 
Si en la comunidad internacional existe consenso sobre el carácter dictatorial del régimen de Venezuela, estimo que la opinión no será diferente respecto del imperante en Argentina en que el poder político es unipersonal.
 
En Chile, país que según el progresismo y estupidez argentinos ha fracasado económicamente, el producto bruto interno (PBI) ha crecido en 2019 según información difundida por periódicos chilenos y argentinos. Sin embargo, los medios de nuestro país envalentonados por los disturbios y protestas callejeras que se produjeron en el país trasandino, señalan la injusticia del régimen económico chileno.
 
Por supuesto, la mentada inequidad de la sociedad chilena se señala en comparación con la Argentina, donde el PBI no crece hace diez años y todos los indicadores de progreso social y bienestar son inferiores a los de Chile.
 
Los delirantes que siguen con la cantinela del “fracaso del modelo”, no se privan de afirmar que la sociedad argentina es más igualitaria y justa, en una palabra, que hay una suerte de supremacía moral de los gobiernos peronistas cuyo norte es la “justicia social”. En realidad, el único síntoma de igualdad social que nos han legado es la universalización de la medianía, la mediocridad, la renuncia a cualquier destino de grandeza como efectivamente merece argentina. Nuestra suprema aspiración es “ser un país normal”, cuando por su extensión, riquezas naturales y recursos humanos no podemos contentarnos con aspiraciones tan mezquinas.
 
Las medidas económicas tomadas por el gobierno de AF desde que asumió el poder implican una especie de venganza respecto de los estratos sociales que no votaron al peronismo en las últimas elecciones, particularmente contra la clase media.
 
Pruebas al canto:  a) Desalentar el turismo internacional grabando con el treinta por ciento las compras con tarjetas en el exterior; b) Reducir cuantiosamente la venta de vehículos en el mercado doméstico merced a un formidable incremento impositivo (en esto creo que el diagnóstico es correcto, pero no el medio empleado); c) Transformar al campo en su conjunto en el sostén tributario de la exangüe economía argentina, pasando a subsidiar al resto de los sectores económicos, todos ineficaces y poco competitivos. 
 
Sin soslayar prejuicios ideológicos del peronismo, la aprensión que la clase política tiene hacia el “campo”, al que concibe como una expresión del capitalismo salvaje por las exageradas ganancias que obtiene, obedece a la sencilla razón que no depende de subsidios, ayudas o prebendas del estado.
 
Por ser acreditadamente competitivos, incluso en el orden internacional, los chacareros y ganaderos no tienen que estar permanentemente mendigando auxilio de los políticos, como casi todos los sectores sociales del país. De allí el desprecio con que tratan a las organizaciones del agro y a todo lo vinculado o asociado a él.
 
Esa autonomía respecto del poder político y su capacidad de lucha y movilización es lo que convierte al “campo” en un objetivo a combatir. El impuestazo del cual han sido objeto lo demuestra. Le van a reconocer para sus exportaciones un dólar de sesenta y tres pesos cuando el paralelo está en ochenta y tres, a lo que hay que adicionar impuestos nacionales, provinciales y municipales.
 
La pregunta del millón es la siguiente: ¿de dónde saldrán los millones de dólares que argentina debe conseguir a expensas de sus exportaciones? De la industria, imposible, porque todo lo que produce para el mercado doméstico es más caro que en el exterior; tampoco del sector servicios, que no tiene el suficiente desarrollo para competir internacionalmente; turismo, está en pañales en nuestro país.
 
Venimos de tener un récord histórico de producción de granos en la campaña 2019/2020 de aproximadamente ciento cincuenta millones de toneladas. Es probable que con las políticas de desaliento implementadas por los genios de la economía de este gobierno pasemos en no más dos años a noventa millones.
 
A nivel provincial, ha regresado Jorge Milton Capitanich con su proverbial hiperactividad e incontinencia verbal. Son tantos los planes que pergeñó en el poco tiempo que lleva su
gobernanza que resulta imposible retenerlos. Sería conveniente que en menos de un año rinda cuentas del avance en la implementación de tan ambiciosos proyectos políticos, porque hasta ahora son sólo expresión de buenas intenciones y fotos con camaradas políticos.
 
(*) Abogado