Lunes, 8 Octubre, 2018 - 14:14

Aída Ayala suma otra imputación, ahora por maniobras dudosas cuando era Secretaria de Asuntos Municipales de Nación

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El fiscal federal Patricio Sabadini imputó a la diputada nacional por Cambiemos por "fraude en prejuicio de la admnistración pública", cuando era Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio de Interior de la Nación.

De acuerdo al documento accedido por Diario Chaco, la justicia federal la acusa de desvíar fondos nacionales provenientes de la Secretaria de Asuntos Municipales, que llegaban a Quitilipi para ser administrados por dos colaboradores de la Fundación CONSTRUIR, con la condición de que el desembolso de dinero se haga a través de dicha institución y en negocios que ellos mismos elegían.

“Espero que le sirva la información, Aída Ayala desde Nación sigue con negociaciones incompatibles y su yerno Matías Balmaceda. Gracias”, expresa la denuncia anónima que llegó en mayo a las manos de Sabadini.

Asimismo, el documento señala que la legisladora nacional junto a dos colaboradores de dicha fundación efectuaban "maniobras destinadas a manipular o direccionar compras y contratos para provecho personal en desmedro de la Administración Pública".

Cabe señalar que este medio había informado meses atrás sobre la declaración del intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni ante la fiscalía federal en donde detalla sobre la acusación que recae sobre la exintendente de Resistencia aportando documentación que confirmaría las irregularidades perpetrada en la gestión de Ayala como funcionaria nacional.

En virtud de una ardua investigación, que desencadenó en distintos allanamientos tanto en el estudio jurídico del ex yerno de Ayala como en la fundación CONSTRUIR,  el fiscal informó este lunes sobre la imputación de Aída Beatriz Máxima Ayala, “en calidad de autora", y de Matías Balmaceda Paiva, Miguel Ángel Vilte y Claudio Alejandro Tolosa, “en calidad de partícipes necesarios”.

Por el delito mencionado anteriormente, la exjefa comunal podría recibir una pena de prisión hasta seis años y la inhabilitación de ocupar cargos públicos de por vida.

 

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