Lunes, 30 Mayo, 2011 - 17:26

Capitanich como autoridad de la AFSCA
La asesoría legal de la Gobernación informó que fueron suspendidas las resoluciones de incompatibilidad

La Asesoría Legal de la Gobernación informó a la Fiscalía de Investigación la decisión tomada por la Justicia sobre la participación del gobernador como autoridad de la AFSCA. Además informó que quedaron suspendidas las resoluciones Nº 1536/11 y 1572/11, que daban cuenta de una supuesta incompatibilidad por el desempeño del gobernador Jorge Capitanich como directo.

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Sergio Martínez, abogado de la Asesoría Legal de la Gobernación, procedió a notificar al Fiscal de Investigaciones Administrativas la Resolución del Juez Civil que hizo lugar a la medida cautelar de no innovar al tener en cuenta que, al plantear la inconstitucionalidad, el fiscal omitió considerar las facultades federales del gobernador plasmadas en la Constitución Provincial.



Además informó que quedaron suspendidas las resoluciones Nº 1536/11 y 1572/11, que daban cuenta de una supuesta incompatibilidad por el desempeño del gobernador Jorge Capitanich como director de ya que la justicia hizo lugar a la medida cautelar de no innovar.



La notificación ordena suspender los efectos que deriven de la aplicación de las resoluciones Nº 1563/11 y 1572/11 emitidas por el Fiscal General de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, mientras se resuelva la acción de amparo interpuesta con la presente.



La resolución fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia de la Vigesimoprimera Nominación de Resistencia al considerar que con las resoluciones “indirectamente se avasalla y subyuga el interés general de una gran parte de la sociedad, desconociendo la voluntad soberana de quienes en libertad y democráticamente eligieron a Capitanich para que de manera democrática también, concluya su mandato en diciembre de este año, y no por las vías de hecho que sugiere el Fiscal cuando lo ‘insta’ a cesar en la supuesta incompatibilidad constitucional”.



Del mismo modo, la decisión judicial remarca que “admitir el ejercicio de las prerrogativas investigativas de un fiscal determinan la medida y alcance de los derechos políticos de las personas (ejercidos en el marco de un estado de derecho y seguridad jurídica), importaría pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como nación y provincia organizada; y como pueblo esperanzado en las instituciones democráticas, en los derechos, libertades y garantías que se adoptó a través de la Constitución Nacional y Provincial”.