Miércoles, 18 Mayo, 2011 - 10:00

Consejo de la Magistratura
Un órgano que continúa funcionando muy mal ...

Repetidamente, hasta el hartazgo, nos pronunciamos sobre el mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura como órgano de selección y de juzgamiento de jueces y de magistrados. Reiteradamente señalamos que se llevaron adelante concursos de antecedentes y de oposición, como también nombramientos y juzgamientos, que fueron absolutamente amañados.

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042


La vetusta y superada ley 188 y el reglamento interno del Consejo sirvieron, como guante a medida, para que se produjeran muchas tropelías, siempre con el pretexto del ejercicio de las discrecionalidades de las que se hicieron los sucesivos consejeros a propósito de los instrumentos legales que estuvieron y que están vigentes, que son sumamente permisivos.



De este modo, el Consejo -presentado como un gran avance innovador de la época en el sistema republicano y democrático constitucional del Chaco- casi siempre actuó y funciona bajo los efectos de las decisiones de los sucesivos partidos políticos, oficialistas y de la oposición, que gobernaron la provincia, con aportes instrumentales del Superior Tribunal de Justicia.



Así, a través de nombramientos y de juzgamientos amañados, el Poder Judicial fue perdiendo independencia, interna y externa, y –por ende- trasparencia, neutralidad y eficiencia, hasta que la crisis que se fue acumulando derivó en una degradación institucional sistémica de la justicia chaqueña, reconocida expresamente por la Asociación de Magistrados del Chaco, documento que reflejaba y que describe apropiadamente el mal funcionamiento de la justicia local, con un punto de inflexión contundente que se ha sintetizado en la mayoría automática que integra el Superior Tribunal de Justicia, instalada durante el régimen rozista.



Los parámetros de designaciones y de juzgamientos no han cambiado después de la alternancia política que se produjo en el año 2007, a pesar de las promesas electorales; por el contrario, las prácticas se repiten, a tal punto que se designaron jueces de poca o dudosa idoneidad y se juzgan a otros por sus sentencias, como es el caso Corchuelo, mientras que otros que merecieran ser enjuiciados viven plácidamente.



Todo esto genera la urgente necesidad de reformar la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que se debe encarar a través de la sanción de una ley moderna, democrática y virtuosa, que impida a futuro las desviaciones de poder que se cometieron sistemáticamente en este organismo.



Se debe derogar, inmediatamente, la vetusta y crónica ley 188 y el reglamento interno del Consejo, que es peor que la referida ley. Ha sido y es alarmante el ejercicio, extraordinario y continuo, que han hecho los consejeros de sus propias discrecionalidades, lo que ha desembocado en la degradación de la justicia, que como fenómeno sistémico continúa y se proyecta como aparentemente inevitable, cuando es imperioso cambiar para mejorar.



LAS INMUNIDADES DE LOS JUECES

El articulo 102 de la Constitución de Chaco, que se aplica por remisión del 154, establece que los jueces gozan de las mismas inmunidades que los legisladores. Esta equiparación está dada en razón de que el constituyente ha querido preservar la independencia funcional absoluta para que el legislador pueda opinar y votar leyes sin presiones de ninguna especie, sin temor a sufrir consecuencia por sus opiniones y votos.



La misma cobertura protege a los jueces cuando dictan sentencias o resoluciones judiciales, de modo que quedan exentos de todo tipo de control, anterior o posterior, a que se pronuncien, salvo los recursos que se encuentran previstos en las leyes procesales. A tal punto esto es así, que el referido artículo 102 establece que ninguna autoridad podrá interrogar, reconvenir, acusar o molestar, por tales causas, a los titulares de las inmunidades.



Por lo tanto, debe entenderse que la Constitución chaqueña expresamente prohíbe a cualquier autoridad, quedando comprendido el Consejo de la Magistratura, para tramitar cualquier acción contra un funcionario judicial en virtud del contenido de sus sentencias, salvo que repetidamente dicten pronunciamientos que evidencien parcialidades o desconocimiento profundo del derecho.



EL CASO CORCHUELO

El diputado justicialista Ricardo Sánchez denunció a la juez Corchuelo. Fundamentó su voluntad de enjuiciamiento en base a la conmoción que le produjo la sentencia cautelar 255/07, posteriormente anulada por el Superior Tribunal de Justicia, en la causa “Zalazar L. O. y otros c/ Provincia del Chaco y otros”, Expte. Nº 1587/07.



El hecho denunciado ante el Consejo de la Magistratura fue un acto típico del desempeño de cualquier juez, consistente en una sentencia cautelar, dictada en el marco del ejercicio de la función jurisdiccional y, por ende, solamente apelable o cuestionable por vía de los recursos que se encuentran expresamente contemplados en el sistema legal.



La actuación de Corchuelo contó con la cobertura de inmunidad contemplada en el artículo 102 de la Constitución del Chaco, de manera que nadie, absolutamente nadie, debió denunciar, interrogar, reconvenir, acusar, ni molestar a la juez.



Por lo tanto, nuevamente actúa mal el Consejo de la Magistratura cuando dio trámite a la denuncia formulada por el diputado Sánchez y se inclinó por la procedencia de la acusación, la suspensión de la juez en sus funciones, el traslado de la acusación y la citación a audiencia para la realización del juicio oral y público, violando –de ese modo- las inmunidades previstas en el artículo 102.



OPORTUNA INTERVENCIÓN DE LA JUEZ LOTERO

Cuando el jurado de enjuiciamiento dio curso a la denuncia formulada por el diputado Sánchez, correctamente la juez Corchuelo planteó su defensa en base a la falta de acción que advertía que estaba ocurriendo porque no debió ser denunciada o porque el enjuiciamiento no fue legalmente iniciado y no debía proseguir.



Ejerció su defensa, en base a las pautas establecidas en el artículo 18 del Código Procesal Penal, porque la vetusta ley 188 establece que en las situaciones no previstas se debe aplicar la referida ley que regula el proceso penal.



Sin embargo, el 9 de mayo, el Consejo de la Magistratura rechazó la defensa de falta de acción que opuso la juez Corchuelo, argumentando que no estaba previsto en la Ley 188 y que la inmunidad debía discutirse en la etapa del juicio oral y público.



Es claro que lo resuelto ponía en evidencia un desconocimiento absoluto de las normas que regulan los procesos de enjuiciamientos de jueces y, de hecho, una interpretación sumamente torcida de la cobertura de inmunidad prevista como un saludable obstáculo constitucional en el artículo 102.



Por lo tanto, ha sido muy positivo que la juez Corchuelo no consintiera este pronunciamiento -sumamente arbitrario- del Consejo de la Magistratura, que ha aplicado un criterio grosero, que justificadamente generó el inicio de la acción de amparo que promoviera la juez cuestionada.



Y ha estado muy bueno que la juez Lotero diera provisoriamente la razón a Corchuelo, haciendo lugar a la medida cautelar de suspensión de su enjuiciamiento, basándose en razones esenciales de naturaleza constitucional, fundamentalmente tras la protección del legítimo derecho de defensa, que es el único instrumento a través del cual se pueden defender los restantes derechos de las personas.



UN FALLO INÉDITO Y ACERTADO

La Presidencia del Consejo de la Magistratura considero “inédita e intempestiva” la sentencia cautelar dictada por la juez Lotero. Sin embargo, a pesar de que no existieron precedentes en el camino positivo iniciado por Lotero, una lectura objetiva y prudente de la sentencia nos inclina por rechazar la descalificación que se intenta contra dicho pronunciamiento, que se muestra como oportuno para el caso Corchuelo y acertado para neutralizar, temporariamente, los tramites arbitrarios que ya ha cometido el jurado de enjuiciamiento antes de pasar a la etapa oral y pública.



Ahora bien, el Consejo agrega otro factor de profunda preocupación institucional. Es que adelantaron que presentarían un amparo contra la sentencia cautelar dictada por la juez Lotero, lo que reeditaría la penosa y gravitante utilización de los contra amparos que se usaron durante el régimen rozista, con lo cual retrocederíamos a una de las etapas más negras de degradación institucional, no solo del Poder Judicial.



Es necesario que los consejeros que integran el jurado de enjuiciamiento comprendan y respeten que es criterio invariable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el amparo ha sido creado como garantía a favor de las personas, para protegerse frente a los atropellos y prepotencias del Estado y de los sectores mas poderosos de cualquier comunidad, para preservar sus derechos humanos, y que no debe ser utilizado por los poderes del Estado, especialmente para sustituir a los jueces naturales. 



(*) Presidente del Centro de Estudios e Investigación Social "Nelson Mandela"