Martes, 10 Mayo, 2011 - 19:14

La función pública no los habilita a disponer de los bienes públicos

Últimamente ha tomado cuerpo el proyecto oficial de crear a la vera de la Ruta Nacional Nº 11, en inmediaciones del Autódromo, la denominada Ciudad Administrativa, donde funcionaría la totalidad de las oficinas públicas provinciales, con la consecuente concentración en el lugar de actividades relacionadas a la gestión pública, esto es, trabajadores estatales y simples ciudadanos que cada día deben recurrir a realizar trámites rutinarios y de carácter urgente que pudieran relacionarse.

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Como medida adicional, se anuncia la modificación del horario de prestación de servicios y atención al público, referenciando la misma modalidad que en la Capital Federal, esto es de 9 a 17 horas.



Resulta sumamente curiosa la frondosa imaginación de los autores de semejante idea, a los innumerables inconvenientes prácticos que la hipotética implementación de este engendro genera, como ser, costos económicos y de tiempo adicionales de traslado, tanto de trabajadores como de usuarios a un lugar ubicado a más de 10 kilómetros del centro de la ciudad, o los enormes costos financieros que implicarían la construcción de toda la infraestructura, que bien podrían destinarse a cubrir tantas necesidades prioritarias de una provincia líder en indicadores sociales negativos, a no ser, como de costumbre, que primen nuevamente los intereses de los felices adjudicatarios de la obra, cuyos suculentos dividendos hoy estarán proyectando e imaginando con lujuriosa felicidad.



Párrafo aparte merece la medida adicional de reformar con el horario de servicio público y de prestación laboral ¿Cómo hacen los innumerables compañeros obligados a realizar otras tareas particulares en horario vespertino como forma subsistencia? ¿Y aquellos que en un admirable afán de superación pretenden continuar con estudios en distintos niveles según las circunstancias? ¿Habrán pensado los voraces autores de esta idea en como se hace para acompañar, por ejemplo a los hijos pequeños y el resto de la familia a quienes pretender quitar hasta el derecho de compartir un almuerzo, un rato de esparcimiento o las actividades escolares más elementales?



Los gobernantes deben entender que la función pública no los habilita a disponer de los bienes públicos y de las actividades relacionadas como si fueran dueños absolutos de ellos, y que habiendo innumerables problemas por atender, se debe poner todo el empeño en resolverlos y no crear constantemente nuevos focos de tensión que no aportan nada y por el contrario generan nuevos y graves problemas. También es bueno que sepan que si se habla de consensuar este tipo de medidas, no serán referentes los supuestos representantes gremiales, cuya obsecuencia ciega con el poder los lleva a aprobar y apoyar cualquier cosa sin consultar a nadie, tal vez motivados por ejemplos cercanos de dirigentes gremiales premiados con cargos públicos como premio a la obediencia y intereses inconfesables.



(*) ex secretario general de UPCP