Domingo, 13 Marzo, 2011 - 10:11

Salarios por inflación

Los directivos de Scania Argentina y los representantes de Smata no apelaron a eufemismos. No se refirieron ni a la inflación del supermercado, ni a la inflación de la góndola, como suele hacer Hugo Moyano. De acuerdo a lo que acordaron por escrito en agosto del año pasado al firmar el convenio colectivo vigente, cuando el mes que viene vuelvan a reunirse para discutir el aumento salarial van a “tener en cuenta entre otras fuentes el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Centro de Investigaciones Buenos Aires City (FCE-UBA) para los meses de enero, febrero y marzo de 2011, el que será considerado para establecer el incremento de los salarios que regirá a partir del 1 de abril de 2011”.

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Es básico y elemental que trabajadores y empresarios tomen como uno de los parámetros para negociar salarios la perspectiva de inflación que surge de los meses inmediatamente previos a la discusión. Y a nadie con dos dedos de sensatez se le puede ocurrir utilizar para esos fines los datos de inflación desinflados que elabora el Indec. No debiera ser noticia que sindicatos y empresas se guíen por lo que mide alguna consultora privada o, como en este caso, el instituto Bs. As. City que funciona en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y que dirige Graciela Bevacqua, la economista que estaba a cargo del Índice de Precios al Consumidor del Indec hasta que fue desplazada en 2007 por la gente del inefable Guillermo Moreno.



El hecho es noticia porque Scania y Smata pusieron en negro sobre blanco la utilización de un índice alternativo al del Indec; y lo mismo hicieron más de una decena de convenios del sector automotriz, entre los que figuran el de las terminales Ford, Mercedes-Benz y Honda, y el de las autopartistas Treves Argentina, Faurecia e Industria Lear. Pero también es noticia porque todos esos convenios fueron homologados por el Ministerio de Trabajo. Esas homologaciones fueron presentados como un reconocimiento oficial de la falta de credibilidad y de la consecuente inutilidad de los números del Indec, aunque en verdad se trató de una torpe distracción por parte de funcionarios de ese ministerio, que no estaban obligados ni a homologar ni a rechazar esos convenios porque se trataban de acuerdos por empresa.



De todas maneras, más allá de lo que se deje por escrito, e independientemente de si un funcionario avala o no con su firma lo acordado en paritarias, todos saben que la inflación real está mucho más cerca del 25,1 por ciento que el mencionado instituto midió en 2010 que del 10,9 por ciento del Indec. Lo sabe la CGT, que a través de Moyano y del taxista Omar Viviani anticiparon que los pedidos salariales superarán el 25 por ciento; lo saben los empresarios, que vienen concediendo incrementos de ese orden; y también lo sabe el Gobierno, que acordó en la paritaria docente un alza del 27,2 por ciento.



Si bien en el Gobierno consideran que los primeros números que planteó la CGT son exagerados, se muestran confiados en que una vez sentados a la mesa habrá prudencia en la cifras, pero reconocen que les preocupa la posibilidad que se baraja para que los acuerdos tengan una vigencia de nada más que seis meses, con el fin de reconsiderar la situación en un horizonte cercano. “No sería una buena señal”, opinó un funcionario con altísima responsabilidad en el tema.



En cuanto a la CGT, la prioridad está compartida entre las paritarias y la presión para que el Gobierno aumente el mínimo a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan impuesto a las Ganancias. Fue esto último el reclamo central que Moyano le hizo a Cristina en un encuentro que tuvo lugar la semana pasada y que no tomó estado público. Esas dos prioridades de la principal central obrera son complementarias, ya que si no se incrementa el mínimo no imponible muchísimos de sus afiliados verán neutralizados los aumentos salariales por una mayor carga impositiva.



Actualmente el umbral a partir del cual se paga Ganancias es de 4.818 pesos para los trabajadores en relación de dependencia solteros y 6.662 pesos para los casados, lo que genera que aproximadamente un millón y medio esté alcanzado por el impuesto. Ese número podría duplicarse si los salarios suben en paritarias en torno al 25 por ciento y el piso para Ganancias no se actualiza.



Este es un tema que importa a los trabajadores bajo convenio mejor remunerados de los sectores que más ganan. Si bien el salario básico promedio de la categoría inferior es de apenas 2.617 pesos, y el de la categoría más representativa (la de mayor número de personas) de 3.213 pesos, en muchos convenios colectivos esos montos suben considerablemente. Por ejemplo:



- El convenio de bancarios establece un salario promedio de 6.140 pesos; de 4.495 pesos para la categoría inferior (que es la más representativa); y de 8.075 para la categoría superior.



- En la industria automotriz el promedio es de 5.864 pesos; la categoría más representativa gana 5.600; y la superior, 7.282.



- Camioneros está en un promedio de 4.532 y un máximo de 6.553.



- En el convenio del sector gasífero el promedio se ubica en 6.376, la categoría más representativa en 5.933; y la superior en 8.805 pesos.



Hay que tener en cuenta, además, que los anteriores son salarios de convenio, que en las empresas líderes de cada sector se ven en muchos casos reforzados por acuerdos complementarios.



Es indiscutiblemente justo que el sindicalismo luche para evitar que sus representados paguen más impuesto por el simple efecto de la inflación. En todo caso, si alguien considera que los asalariados mejor remunerados tendrían que pagar más, debería comprender que esa decisión le corresponde al Congreso, y no puede resultar de la falta de actualización del mínimo no imponible por parte del Poder Ejecutivo.



En cambio sí es cuestionable la actitud de la CTA que encabeza Pablo Micheli, que salió a pedir la eliminación del pago de Ganancias para todos los trabajadores, con el falaz argumento de que el salario no puede ser asimilado a una ganancia. Más allá de la incorrección semántica del sistema actual, no hay duda de que en lo concerniente a los asalariados se trata de un impuesto al ingreso como el que rige en cualquier economía moderna. Y si los asalariados mejor pagos de los sectores más dinámicos dejaran de pagar ese impuesto, la distribución del ingreso se tornaría más regresiva, al revés del sentido que se supone pretende la CTA.



Fuente: VEINTITRES