Viernes, 18 Febrero, 2011 - 13:56

Defensor del Pueblo: Vallejos habla de una "causa dormida" y vinculada con el caso de las Tarjetas Alimentarias

El diputado aliancista Sergio Vallejos trajo a memoria la “poca importancia” que tiene la dilación del tratamiento del Defensor del pueblo en la provincia. “Resulta llamativo que el frente Chaco Merece Más tenga durmiendo esta cuestión tan importante. El propio gobernador había propuesto a Gustavo Corregido, pero parece que tal como sospechábamos, solo pretendían presionar sobre él por la causa de las tarjetas alimentarías, que es el ejemplo de la corrupción enquistada de este gobierno”, enfatizó.

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El legislador no solo está preocupado sino que le llama la atención, como se ha dejado de lado esta cuestión “tan importante para el Chaco”. Al mismo tiempo, lo relaciona con el caso de fraude de “Tarjetas alimentarias”, donde está implicado el intendente de General San Martín, Aldo Leiva.



Vallejos se manifestó preocupado porque se sigue dilatando el tratamiento del “Defensor del pueblo”, y explicó que “no hay excusas para que no se avance en esto. Hoy más que nunca la gente necesita esta ley; yo he presentado un proyecto en ese sentido pero no he logrado que baje al recinto.”



Relacionando la cuestión directamente con el caso de las “Tarjetas alimentarias”, el diputado radical presentó en su oportunidad, un proyecto referido al Defensor de los Usuarios de Salud: “Es más específico que el Defensor del Pueblo, pero yo insisto en que han pretendido manejar este tema relacionándolo con la estafa de las tarjetas alimentarias”.



“Era una forma de presionar pero el cálculo les salió mal. El intendente Aldo Leiva va a ser condenado y quedará demostrado que es la bandera de la corrupción de este Gobierno, que trata de tapar las cosas. Incluso salió a festejar el fallo de primera instancia, parece que se estuviera burlando del sistema judicial”.



El fiscal Gustavo Corregido abrió la investigación sobre el fraude con las Tarjetas Alimentarias en 2009 luego de detectar que 2.787 de esos plásticos fueron utilizados entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 de modo irregular. Según la pesquisa, las tarjetas no llegaron a manos de las personas en situación de pobreza que debían recibirlos, aunque en los distintos registros bancarios se establece que sí se utilizaron para generar pagos desde el Estado hacia distintos comercios por un total de $475.686.



En el primer requerimiento, Corregido responsabilizó a Leiva, a sus colaboradores y a una veintena de empresarios dueños de supermercados por defraudación al Estado.



Tras el sobreseimiento del Juez Federal, Eduardo Valiente, Corregido apeló la decisión y ahora el fiscal Federal subrogante de Cámara de Apelaciones, Germán Wiens Pinto, sostuvo el dictamen de su colega de primera instancia, y consideró procedente la apelación al sobreseimiento dictado por el juez Eduardo Valiente.