Jueves, 20 Enero, 2011 - 10:29

Dicen que 5 novillos alcanzan para pagar un año de Impuesto Inmobiliario Rural en un campo de 3.000 hectáreas

Desde el bloque legislativo Frente Grande, los autores de la ley que actualiza los costos de ese gravamen explicaron que el 92,8% de los productores no tuvo aumento alguno y sigue pagando valores del año ´94, mientras que la incidencia del impuesto en el 7,2% restante es ínfima. Afirman que sólo 526 propietarios con más de 2 mil hectáreas sufrieron un ajuste que por lo demás es irrisorio, y que gran parte de la recaudación será redistribuida a los propietarios de menos de 100 hectáreas.

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042
Un campo de 4.707 hectáreas en la zona de Charata cuesta $ 1.593.974,29, sostiene el informe, por lo que el productor tendrá que abonar $ 31.924,94 de impuesto por año; el equivalente, tratándose de una de las zonas más “caras” de la provincia, es de 10 novillos o 13 hectáreas de cultivo (el 0,3% de la superficie de ese campo). “Es notable la desactualización que mantiene el impuesto, aún luego de las actualizaciones aplicadas por la actual gestión gubernamental y por la Ley 6658 recientemente sancionada por la Legislatura”, abundaron.



La desproporción radica en que mientras el valor de mercado de una hectárea en la zona cerealera de Charata supera fácilmente los $ 15.000, el costo de esa misma hectárea según la valuación fiscal actualizada es de tan sólo $ 338,63, y a partir de ese último valor se calcula el impuesto.



CONTRA LA CONCENTRACIÓN, LA REDISTRIBUCIÓN


De 6,8 millones de hectáreas productivas (según datos oficiales) el 25% (1,7 millones) están en manos de 152 empresas que conforman el padrón de propietarios con más de 4 mil hectáreas, para las que corren los ajustes de la recientemente sancionada ley 6658. Por otro lado, 17 mil productores tienen menos de 100 hectáreas cada uno (cubren menos del 10% de las tierras productivas).



Así, el informe pondera la finalidad redistributiva del impuesto, ya que un 70% de la recaudación de ese mayor aporte realizado por grandes propietarios (que, insisten, es poco significativo) “está destinado a financiar el Régimen de Consorcios Productivos de Servicios Rurales, con el fin de contener y generar condiciones de desarrollo sustentable para pequeños productores”.