Jueves, 13 Enero, 2011 - 20:37

Desde la Alianza acusan al Gobierno de "malversar fondos" al beneficiar a un supermercado con grandes compras

Los concejales Ebe Arechavala y Carlos Cabrera, y el legislador Livio Gutiérrez, formalizarán éste viernes una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en contra del Gobierno de la Provincia, por entender que se ha violado la Ley de Ética Pública, y por supuesta malversación de fondos públicos “al beneficiar a un supermercado proveedor del Estado con las compras que realiza el Gobierno del Chaco, aporte aunque sea indirectamente a la campaña del Ministro de Economía Eduardo Aguilar, que intenta ser candidato a intendente, colocando su nombre en las bolsas en que entrega la mercadería a sus clientes”.

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042


En su presentación ante la Fiscalía de Investigaciones, los legisladores municipales y provincial denunciarán la violación de la Ley de Ética Pública, ante la circunstancia de que un supermercado proveedor del Estado, que se ha visto mayormente beneficiado con las compras que realiza el Gobierno del Chaco, aporte aunque sea indirectamente a la campaña del Ministro de Economía Eduardo Aguilar, que intenta ser candidato a Intendente, colocando su nombre en las bolsas en que entrega la mercadería a sus clientes.



“Esto atenta contra uno de los principios fundamentales de austeridad republicana que fija la mencionada Ley”, afirman, ya que “un proveedor está apoyando la campaña de quien ocupa la cartera de mayor disponibilidad y discrecionalidad económica de la provincia”.



SUPUESTA MALVERSACIÓN DE FONDOS



En forma simultánea, los legisladores consideran que el Gobierno provincial ha realizado malversación de fondos públicos, ya que a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos “ha continuado realizando compras a la firma Ecónomo, por un monto superior a los 8 millones de pesos y amparado en los Decretos 2276 y 812/10, que declararon la emergencia hídrica el primero y la prorrogó el segundo, a pesar de que los mismos han vencido y perdido vigencia y validez”.



Gutiérrez, Arechavala y Cabrera informaron que el Decreto 2276 estableció un plazo de vigencia de la emergencia de 180 días desde el 29 de abril del 2010, que prorrogaron por el Decreto 812 por 120 días, plazos que vencieron en fecha 28 de agosto de 2010, pero “siguieron comprando a esa firma irregularmente, de acuerdo a documentación que presentaremos en la Fiscalía”.